Luces y sombras en la nueva Ley de residuos

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, aprobada en el Congreso de los Diputados, es un paso adelante en la gestión de residuos, si bien tiene carencias decepcionantes.

Adiós al bisfenol A

Un gran adelanto de la Ley de residuos y suelos contaminados es la prohibición del bisfenol A y los ftalatos en envases para usos alimentarios. Era una reivindicación de la comunidad científica y también de las organizaciones ambientales. Rezero lanzó el 2020 la campaña Salud de plástico, en que se analizó la orina de varias personalidades para demostrar que contenían tóxicos asociados a envases alimentarios. Si bien la primera versión de la ley ya contenía la prohibición, a su paso por el Senado, esta medida cayó del redactado original después de que el PSOE apoyara a una enmienda del PP en este sentido. Como respuesta, desde Rezero inician la campaña «Senado de España, aquí tienes mí orina«. Finalmente, en el Congreso ganaron los argumentos científicos y los intereses de la ciudadanía.

Numerosos estudios demuestran que el bisfenol puede migrar del envase al continente y que en el organismo humano actúa como alterador endocrino y puede causar enfermedades diversas. Esta nueva medida es un salto cualitativo en la prevención de residuos aplicando el principio de precaución. Ahora bien, la ley no incorpora la prohibición de otras muchas sustancias tóxicas presentes en los plásticos y más abundantes.

El doctor Nicolás Olea, experto en disruptores endocrinos, valora así la prohibición: «La eliminación del bisfenol A sigue la estela de Europa. El 30 de julio de 2011 la UE prohibió los biberones hechos a partir de esta sustancia y el 1 de enero de 2020 prohibió también los tickets térmicos hechos con bisfenol A.»

Otro componente tóxico contra el que sí que se actuará es el amianto. Se trata de un mineral que se ha utilizado durante muchos años por la construcción y ha causado graves problemas sobre la salud de las personas y delitos medioambientales. La ley prevé su retirada y se prohíbe mezclarlo con otros residuos.

Sistema de depósito, devolución y retorno, a medias

Por fin, el Estado español ha establecido el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) de bebidas como sistema obligatorio para eliminar el abandono de botellas y latas al medio ambiente y aumentar la calidad de los materiales recuperados. Es un modelo largamente reivindicado porque permite conseguir altos índice de reciclaje, como desde Rezero dicen demostrar con el plan piloto desarrollado en Cadaqués. Otra ventaja importante de este modelo es que rompe con la opacidad de datos sobre los índices de recuperación, información hasta ahora monopolizada por Ecoembes, que ofrecía datos poco consistentes. Desgraciadamente, la ley solo recoge aplicar el SDDR a envases de usar y tirar de plástico, hierro y aluminio. Es decir, que se desaprovecha la oportunidad de aplicarlo también al vidrio, que es precisamente el material óptimo para someter un envase a distintos ciclos de limpieza y uso.

Cero ambición en la prevención de productos desechables

En materia de prevención de plásticos desechables, la nueva normativa se limita a hacer la transposición de la Directiva europea. Así pues, recoge la prohibición de productos de plástico desechable como los bastoncillos de oídos, las vajillas, las pajitas, los palos para sujetar globos o los envases de porexpan. En cambio, se descarta limitar decenas y decenas de productos de usar y tirar que salen al mercado, la mayoría hechos de plástico. Son ejemplo los filtros de cigarrillos, los envases de plástico, las compresas, los tampones desechables, las cápsulas de café y un largo etcétera.

Fomento cuestionable de las botellas de plástico reciclado

Una de las medidas de la Ley de residuos y suelos contaminados de estímulo del reciclaje, despierta cierto recelo desde el punto de vista de la prevención de residuos. Se trata del fomento, sin ningún tipo de limitación, de las botellas de plástico hechas con material reciclado. A partir del 2025, como primer paso, solo se podrán comercializar botellas con un mínimo del 25% de plástico reciclado.

Por un lado, preocupa que aumente la complejidad del envase provocando que no se pueda reciclar. Por otro lado, estos envases hechos con material reciclado están exentos de impuestos y, como consecuencia, no se desincentiva el modelo del usar y tirar.

Victòria Ferrer, del Gremio de Recuperación de Cataluña, hace esta valoración: «La incorporación de un mínimo de plástico reciclado es positiva porque permite que haya un mercado asegurado de la materia prima reciclada, pero si esta incorporación tiene que hacer que el envase no se pueda reciclar posteriormente, o si su diseño no responde a una reciclabilidad real, nos estamos haciendo trampas al solitario.»

Tres medidas simbólicas

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados incorpora tres principales medidas obligatorias que se enmarcan en el concepto de reducción efectiva de los residuos. A pesar de que son bastante relevantes, no dejan de ser simbólicas:

• Los supermercados que tengan una superficie de igual o más de 400 m² tienen que tener un mínimo un 20% de su oferta a granel o con envases reutilizables,

• el sector HORECA tiene que servir agua no envasada a sus comensales y

• las dependencias municipales tienen que disponer de agua en fuentes o en envases reutilizables.

Todo el resto de medidas de prevención de residuos se quedan en el plan discursivo, en forma de voluntades, acuerdos y pedagogía. Se deja en manos de las leyes autonómicas la decisión de traducir estas declaraciones de principios en medidas eficientes. En este sentido, Baleares ya ha trazado el camino a seguir. Esperan que Cataluña, que trabaja en la futura ley, no quede atrás.

Toallitas húmedas: los costes para los productores

Con la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, los productores de toallitas tendrán que asumir el coste de gestionar el residuo que representan una vez usadas. Así pues, se aplica el principio de responsabilidad ampliada del productor. Es una buena noticia porque las toallitas húmedas suponen un impacto enorme medioambiental y sobre la economía local. Se ha estimado que el mantenimiento y desatasco de las cañerías, junto con la eliminación de residuos de aguas residuales a las plantas de tratamiento, cuesta en la Unión Europea entre 500 y 1.000 millones de euros anualmente.

Ahora bien, hay decenas de productos a los que habría habido que aplicar el mismo principio de responsabilidad ampliada. Es el caso del textil, los productos sanitarios, los muebles o los productos de higiene. Actualmente, solo tienen la responsabilidad ampliada del productor los envases ligeros, de cartón, de vidrio, de medicamentos, las pilas y acumuladores, los neumáticos fuera de uso, los aceites usados, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y los envases de productos agrarios. La nueva ley habría podido ampliar mucho esta lista.

Poca ambición en prevención

La gran decepción de la Ley de residuos y suelos contaminados es que se ha priorizado el modelo basado en el reciclaje. La reutilización y la reducción efectiva de los residuos quedan en segundo plano. Algunos de los escollos que lo alejan de una apuesta firme para avanzar hacia la sostenibilidad, son:

• No hay medidas concretas para acabar con la obsolescencia planificada de los productos, especialmente de aparatos eléctricos y electrónicos. Continuarán teniendo objetos creados para dejar de funcionar en un tiempo concreto si no se fiscalizan las empresas.

• A pesar de que se ha incorporado la obligatoriedad del uso de la bolsa compostable, se ha establecido un nivel de impropios muy elevado, de un 15-20%. Así no se incentiva una separación selectiva de la fracción orgánica de calidad con niveles bajos de impropios como puede conseguir, por ejemplo, la recogida puerta a puerta.

• El canon sobre el tratamiento finalista puede ser un punto de inflexión para algunas comunidades autónomas que no han tenido a lo largo de los años ninguna voluntad de priorizar la jerarquía de los residuos. Pero, en cambio, para otras comunidades más avanzadas, determinadas medidas se quedan muy cortas y, por lo tanto, se tendrían que respetar y fomentar aquellos territorios que están avanzados, con cesión de las competencias e incentivos.

La valoración que hace de la ley Rosa García, directora de Rezero es la siguiente: «El Estado español siempre ha ido atrasado en materia de residuos. Ahora nos encontramos con una nueva ley de residuos con aspectos positivos, pero desde Rezero la consideramos una ley de mínimos. Falta una apuesta clara por la reutilización. Esperamos que los territorios tengan la capacidad para implantar medidas más ambiciosas para avanzar más rápidamente hacia la reutilización (de botellas, de productos menstruales, de pañales, de envases por la alimentación, de textil, etc.) y la prevención de residuos en términos de ecodiseño, de obsolescencia planificada y reparación.»