El Parlamento Europeo aprueba retrasar la aplicación de las nuevas normas de sostenibilidad y diligencia debida
La medida amplía los plazos hasta 2028 para grandes empresas y busca facilitar la adaptación del tejido empresarial a las exigencias ambientales y sociales de la UE
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El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves, con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, posponer la entrada en vigor de las nuevas normas de la Unión Europea sobre diligencia debida corporativa y presentación de informes de sostenibilidad. Esta decisión forma parte del paquete de simplificación “Omnibus I” presentado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es reforzar la competitividad de las empresas europeas sin renunciar a la ambición climática y social del Pacto Verde.
Con este aplazamiento, los Estados miembros dispondrán de un año adicional —hasta el 26 de julio de 2027— para transponer las normas sobre diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente a su legislación nacional. Además, las empresas obligadas por esta normativa también verán ampliados sus plazos de cumplimiento, especialmente en lo relativo a la identificación y mitigación de impactos negativos sobre personas y planeta en sus cadenas de suministro.
Nuevos plazos para la aplicación escalonada
Las empresas de la primera oleada —aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros— y las compañías no europeas que superen ese volumen de negocio en el mercado comunitario, no tendrán que aplicar las nuevas reglas hasta 2028. Este mismo calendario se aplicará a las entidades de la segunda oleada: empresas con más de 3.000 empleados y una facturación superior a 900 millones.
Por su parte, la Directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad (CSRD) también verá retrasada su aplicación para la segunda y tercera oleada de empresas. Así, las grandes empresas de más de 250 empleados comenzarán a informar sobre sus indicadores sociales y ambientales en 2028, con datos del ejercicio anterior. Las pymes cotizadas dispondrán de un año adicional, presentando sus primeros informes en 2029.
Una simplificación temporal para facilitar el cumplimiento
El paquete Omnibus I, presentado por la Comisión el pasado 26 de febrero, responde a la demanda de numerosos sectores económicos que alertaban sobre la complejidad y carga administrativa de la normativa europea en materia de sostenibilidad. Este paquete también incluye una directiva adicional, aún pendiente de tramitación parlamentaria, que modificará el alcance y contenido de los requisitos de sostenibilidad y diligencia debida, cuyo análisis comenzará en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
Aprobación rápida y próximos pasos
El Parlamento ha tramitado la medida por procedimiento de urgencia, y ahora solo queda pendiente de la ratificación formal del Consejo de la UE, que ya había aprobado el mismo texto el pasado 26 de marzo de 2025. La entrada en vigor será inmediata tras su publicación oficial.
Este aplazamiento ofrece a las empresas más tiempo para prepararse ante la complejidad técnica y organizativa de las nuevas obligaciones, pero también plantea interrogantes sobre el ritmo de implementación de los compromisos europeos en materia de sostenibilidad corporativa
