Sogama presenta su nuevo Plan Estratégico a 2030 enfocado en digitalización, descarbonización y economía circular

En un encuentro con medios de comunicación en la sede de Sogama en Cerceda (A Coruña), su presidente, Javier Domínguez, explicó las grandes líneas del nuevo Plan Estratégico que la empresa pública está ultimando para el período 2024-2030 y cuyo contenido se dará a conocer en el último trimestre del año en curso.

Entre éstas, destacó la transformación digital para ganar en eficiencia y eficacia, apostando firmemente por la inteligencia artificial y la robotización; la descarbonización de los procesos industriales, sustituyendo el uso de gas natural por un combustible renovable, potenciando al mismo tiempo el uso del ferrocarril para el transporte de residuos; la ampliación de la actividad de la compañía a la recuperación de nuevas fracciones de residuos, como es el caso del textil; y la plena incorporación de la economía circular a su cometido, pretendiendo evolucionar desde una empresa de tratamiento de residuos a una empresa generadora de recursos.

Domínguez expuso que el nuevo plan, que ya se encontraba en la hoja de ruta de la compañía, se agilizó tras las medidas adoptadas por el Estado y que provocaron que, después de varios ejercicios consecutivos de estabilidad financiera, Sogama se encontrase con unas pérdidas económicas de 18 M€ en 2023.

Confía en que el nuevo itinerario a seguir permita hacer más con menos, ganar en autosuficiencia y ahorrar costes, y como ejemplo puso una de las primeras acciones contempladas en el plan, que ha sido la colocación de 3.332 paneles fotovoltaicos en los tejados del almacén de CDR (Combustible Derivados de los Residuos no reciclables), que cubren una superficie de 8.568 m2, y que apoyarán el autoconsumo del Complejo industrial de Cerceda.

Desequilibrio económico de 33 M€

El presidente de Sogama recordó que la aplicación de los impuestos al vertido y a la incineración, contemplados en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (y contra los que la Xunta presentó alegaciones, a las que no se sumaron ni la Fegamp ni la Femp), así como la supresión de la retribución a la inversión y explotación de plantas auxiliares, y la recuperación del impuesto eléctrico del 7%, supusieron para la empresa un incremento de 39 euros en el coste por tonelada de residuos tratada, que asumió en solitario y que, a día de hoy, le ha ocasionado un desequilibrio en sus cuentas de 33 M€.

Si bien los impuestos al vertido y a la incineración emanan de una directiva europea, lo cierto es que la mayor parte de los países del continente no los están aplicando, bien porque consideran que no cumplen sus objetivos, o bien porque han decidido establecer moratorias a los mismos.

A pesar de la actualización del canon de Sogama para 2024 y 2025, continuará siendo el más barato de Galicia y uno de los más baratos de España.

En contra de la penalización del Estado, Domínguez Lino puso de relieve la política del incentivo aplicada por Sogama desde el año 2019 al 2023, a través de la cual se materializaron bonificaciones económicas a aquellos ayuntamientos que acreditaron su contribución al reciclaje, traduciéndose en un ahorro de más de 20 M€ para las arcas locales. Al mismo tiempo, la compañía pudo realizar inversiones por más de 100 M€, entre las que cabría destacar la red de infraestructuras (17 instalaciones) para el compostaje de la materia orgánica (45 M€).

En este sentido, hizo una recomendación a los ayuntamientos, ya que, si reducen la producción de residuos y hacen una correcta recogida selectiva en origen, disminuirán en gran medida el peso de la bolsa negra, a la que solo debe ir la parte no reciclable, pudiendo verse aminorado en cerca de un 50% el importe de la factura a pagar a Sogama.

Modelo avalado por la UE

Javier Domínguez defendió el modelo Sogama, avalado desde sus inicios por la Unión Europea a través de la concesión de 72 M€, y ratificado posteriormente por una auditoría externa e independiente encargada por la CE, en la que se destacó su firme contribución a la protección del medio ambiente y la salud, la generación de riqueza y la creación de empleo, con 1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Igualmente, destacó que el sistema mayoritario en Galicia cumple fielmente con la jerarquía comunitaria al priorizar la aplicación del principio de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje), que complementa con la recuperación energética de la parte no reciclable, relegando el vertido a último lugar por ser la opción más nociva desde todos los puntos de vista. De hecho, indicó que los vertederos registran un 175% más de emisiones de CO2 que las plantas de valorización energética, que son las instalaciones más vigiladas y sobre las que pesa una rigurosa legislación, mucho más exigente que la que rige para otras industrias.

Señaló que en Europa hay más de 500 plantas de valorización energética en funcionamiento, situadas mayoritariamente en las propias ciudades para abastecer de calor y electricidad a las comunidades vecinales, y que precisamente los países que más reciclan, son también los que más valorizan energéticamente y los que menos vierten, con porcentajes inferiores al 4%. En España, por su parte, el vertido supera el 50% de media, encontrándose Galicia entre las comunidades que menos vierten.