Necesidades de inversión en infraestructuras del ciclo integral del agua

España se está quedando atrás en inversión en infraestructuras hidráulicas pese a ser una prioridad para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos y fomentar la actividad económica, especialmente en los sectores primario y terciario. Ello, sin contar con que, además, nuestro país es uno de los que mayor estrés hídrico sufre de Europa, con alto riesgo de sequías, inundaciones y avenidas; el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización.

Hablando en cifras, en el año 2006, la inversión en obra hidráulica llegó a los 5.910 Millones de Euros (M€). Desde entonces, el nivel de inversión ha caído en picado, alcanzando su nivel más bajo en 2016 con tan solo 887 M€ invertidos (-85%), y repuntando levemente hasta los 2.251 M€ de inversión en 2019 impulsada sobre todo por las CCAA (1.282 M€), lo que sigue siendo, pese a todo, un -62% respecto al máximo anteriormente citado.

Las necesidades de inversión en el campo del agua son enormes. Son obras imprescindibles encaminadas al cumplimiento de varios de los ODS impulsados por Naciones Unidas y plenamente asumidos por nuestro país.

La inversión en infraestructuras hidráulicas ha sido tan escasa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado incluso a sancionar al Reino de España con multas de 32 M€ por el incumplimiento de la obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber adoptado las medidas necesarias en relación con la recogida y/o el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 38 aglomeraciones urbanas, de más de 15.000 habitantes equivalentes, sanción que afecta tanto al Estado (21,1 M€) como a distintas comunidades y entidades públicas1 (Junta de Andalucía 5,5 M€, Comunidad de Canarias 1,6 M€, Xunta de Galicia 4,0 M€ y EPSAR 0,3 M€). Junto a ello, hay otros 4 procedimientos de infracción abiertos contra nuestro país en materia de saneamiento y depuración que afectan a muchas más aglomeraciones. 

Las necesidades de inversión en el campo del agua siguen siendo enormes. Además de ser obras imprescindibles, con altos ratios coste/beneficio que justifican plenamente su realización, son actuaciones encaminadas al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas y plenamente asumidos por nuestro país. 

Por ejemplo, para cumplir con el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, habría que invertir 3.506 millones de Euros (M€) en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios. Además, se necesitan 1.747 M€ en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua. 

De la misma manera, el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” queda lejos si se tiene en cuenta que en el periodo 2008/2018 las pérdidas en distribución de agua han aumentado del 24% al 26% mientras que la inversión en la red se ha reducido un 40% (datos del Instituto Nacional de Estadística). Además, el XV Estudio Nacional de AEAS y AGA sobre suministro de agua potable y saneamiento concluye que el 40% de la red de abastecimiento de agua tiene una antigüedad superior a los 30 años y que el 44% de la red de alcantarillado tiene una antigüedad superior a 40 años, representando hasta el 76% en las áreas metropolitanas. Ello supone la necesidad de invertir 2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua.

En cuanto al ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, el subobjetivo 11.A Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales, buscar apoyar vínculos fortaleciendo la planificación y desarrollo regional. En este ámbito se estiman unas inversiones de 742 M€ en alcantarillado para dar servicio a 339.154 viviendas en municipios de menos de 50.000 habitantes, y 2.220 M€ en depuración para dar servicio a 1.776.363 viviendas en municipios similares.

Finalmente, el ODS 15 reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, las inundaciones son causa de las mayores catástrofes naturales (los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 M€ desde 1981). Además, el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización. Hacer frente a estos retos, requeriría invertir 2.910 M€ en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 M€ en prevención de inundaciones.

El retorno social de estas actuaciones es indiscutible. El informe “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en el ciclo integral del agua en España” de Julio 2018 elaborado por SENER por encargo de SEOPAN cuantifica el impacto socio económico de las 510 actuaciones en infraestructuras hídricas (abastecimientos, saneamientos y depuración, modernización de regadío, regulación, protección frente a avenidas y aprovechamientos hidroeléctricos) identificadas en el mismo por un montante de 12.014 M€. Las inversiones en la mejora de las infraestructuras destinadas a abastecimientos, depuración y saneamiento beneficiarán directamente a más de 3,9 millones de personas y supondrán un beneficio anual directo de 1.700 M€ procedente de las actuaciones mencionadas. La extensión de este beneficio durante la vida útil de las infraestructuras previstas arroja un beneficio total de 52.600 M€, es decir, un retorno de 5,3 euros por cada euro invertido. También se ha estimado que generarán 100.000 empleos directos y 54.000 indirectos y un retorno fiscal durante la fase de construcción de unos 5.900 M€. 

Las inversiones en la mejora de las infraestructuras destinadas a abastecimientos, depuración y saneamiento beneficiarán directamente a más de 3,9 millones de personas y supondrán un beneficio anual directo de 1.700 M€ procedente de las actuaciones mencionadas.

España tiene, además de la mayor variabilidad de tarifas del agua de la Unión Europea, superior al 500%, las tarifas más reducidas. La media de tarifas en Europa se sitúa en 3,2 €/m3, países con más recursos hídricos como Alemania, Francia o Reino Unido tienen unas tarifas medias respectivas de 4,4 €/m3, 3,9 €/m3 y 3,8 €/m3, mientras que en España la media es del 2.2 €/m3. 

Tal situación es, además, inconsistente con el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, que establece que “los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio de que quien contamina paga”. 

Dicho artículo estable además dos obligaciones a los Estados miembros a partir de 2010 que, en el caso de España, siguen sin cumplirse de manera eficiente: i) “que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la presente Directiva” y ii) “una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo al anexo III y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga”.

Cumplir la Directiva es la única manera posible para garantizar el cumplimiento de los ODS en 2030 y resolver el déficit inversor acumulado en las infraestructuras del ciclo integral del agua. 

Artículo publicado en el número 223 Mayo/Junio 2020