La Generalitat Valenciana adjudica por 179 millones la gestión de los residuos generados por la DANA

El Consejo de la Generalitat Valenciana ha ratificado la contratación, por la vía de emergencia, de un servicio extraordinario para la gestión de residuos generados tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, con un presupuesto total de 178.950.750 euros.

Este contrato tiene como finalidad la retirada de 750.000 toneladas de residuos acumulados en los Puntos de Transferencia y Puntos de Acopio Local, implementados como parte del plan de choque impulsado por la Generalitat para afrontar las consecuencias medioambientales de las lluvias torrenciales.

Un volumen de residuos sin precedentes

Las inundaciones generaron entre 800.000 y 1.500.000 toneladas de residuos, una cifra equivalente a todo un año de residuos generados en la Comunidad Valenciana, o aproximadamente el 11 % del total anual producido en España. Ante esta situación crítica, la Generalitat puso en marcha un operativo intensivo para vaciar los puntos cercanos a zonas urbanas y trasladar los residuos a instalaciones temporales, minimizando así el impacto ambiental y sanitario.

Eliminación progresiva de los puntos de transferencia

La fase final del plan contempla el desmantelamiento progresivo de los principales Puntos de Transferencia situados en Quart de Poblet/Manises, Catarroja y Picassent. Estos puntos han servido como estaciones intermedias donde los residuos fueron clasificados y tratados antes de su traslado definitivo al vertedero.

Contratación dividida en tres lotes

El contrato ratificado por el Consell se ha dividido en tres lotes de igual cuantía (59.650.250 euros cada uno) adjudicados a las empresas Urbaser, PreZero y Paprec, correspondientes a distintas áreas geográficas. Cada lote contempla el tratamiento de 250.000 toneladas de residuos, integrando esfuerzos con otros entes como la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).

• Lote 1: Incluye el Punto de Transferencia (PT) de Pedralba y los municipios de Requena, Ribarroja de Turia, Siete Aguas, Sinarcas, Bajo de Chera, Utiel, Vilamarxant y Yátova.
• Lote 2: Corresponde al PT de Catarroja y los Puntos de Acopio Local (PAL) de Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Sedaví, Torrent, Valencia y Xirivella.
• Lote 3: Comprende el PT de Picassent y los PAL de Albalat de la Ribera, Alberic, Alborache, Alcàsser, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benicull, Carcaixent, Dos Aguas, Favara, Fortaleny, Guadassuar, L’Alcúdia, Llaurí, Llombai, Macastre, Montroi, Montserrat, Picassent, Polinyà de Xúquer, Real, Riola, Silla, Sollana, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Turís.

Clasificación de residuos y tratamiento especializado

Los residuos gestionados en este operativo se clasifican como no peligrosos (RNP). Sin embargo, en caso de encontrarse residuos peligrosos (RP) mezclados en los acopios, estos serán retirados exclusivamente por las empresas adjudicatarias especializadas en residuos peligrosos, bajo los términos del contrato específico correspondiente.

Supervisión medioambiental del proceso

De forma complementaria, el Consell ha autorizado la contratación de emergencia del servicio de vigilancia y control de la contaminación en las zonas de acopio de residuos y lodos, con un importe adicional de 231.312,46 euros.

Este servicio incluye tareas como muestreos, analíticas, catas y sondeos del suelo y aguas subterráneas, con el objetivo de evaluar posibles afecciones derivadas de la acumulación temporal de residuos. Además, se contempla la elaboración de planes de vigilancia y control, así como estudios de contaminación del suelo una vez finalicen las actividades y se proceda al desmantelamiento y limpieza de las instalaciones.

“El objeto del contrato es la realización de una serie de actuaciones como muestreos, analíticas, catas o sondeos del suelo y las aguas subterráneas para el control de las posibles afecciones por los acopios de residuos municipales y lodos derivados de la riada.”

Estas acciones permitirán, en su caso, establecer medidas de descontaminación posteriores, garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública.