Luz verde al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha tomado nota este viernes del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París.

Tras el trámite, el anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación.

Este anteproyecto de ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.

Objetivos para dar certidumbre

El anteproyecto cuenta con dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.

Así, para 2030 la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990; generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década, para situarse en senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida en 2050, es muy importante, ya que en los últimos cuatro años ha sido el país de la UE donde más han aumentado las emisiones. En 2017, por ejemplo, las emisiones fueron un 17,5% superiores a las de 1990. Una reducción del 20% respecto a 1990 en 2030 equivale a eliminar de nuestra cuenta de emisiones una de cada tres toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

Impulso decidido a las energías renovables

El anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Para ello, se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.

Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Los combustibles en la transición

El anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.

En cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil, el anteproyecto establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del estado de la situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.

Asimismo, la propuesta normativa prevé el fomento de combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y, en el caso del transporte aéreo, de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico, que deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea.

A partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Tampoco se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, “fracking”, para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042.

Apuesta por la movilidad sostenible

En España, el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.

Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente, el anteproyecto establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.

En desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre.

A tal efecto y para aprovechar las oportunidades que la nueva movilidad brinda a nuestro sector de la automoción, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados.

Paralelamente, el Gobierno elaborará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a las desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, el anteproyecto insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

Movilización de recursos

Con el fin de incentivar una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático se establece que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025.

Por otro lado, a partir de 2020, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.

Contratación pública

Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal. Además, la redacción de proyectos, contratos o concesiones de obra que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que seguir criterios de consumo de energía casi nulo, o uso de materiales de construcción sostenibles, entre otros. 

La AGE y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación. Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.

Sector financiero

Con el fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española, las entidades cotizadas, de crédito, aseguradoras y reaseguradoras y sociedades de gran tamaño deben elaborar un informe anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre su entidad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad.

Además, se establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, elaboren conjuntamente, cada dos años, un informe de evaluación de riesgos para el sistema financiero español derivados del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Este informe contendrá sugerencias para mitigar el riesgo del sistema financiero y será remitido al Congreso de los Diputados.

Adaptación al cambio climático

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley.Como novedades más relevantes se establecen objetivos para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. Asimismo, se señala que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrollará mediante Programas de Trabajo que se aplicarán en periodos de cinco años y cuyos resultados serán revisados periódicamente. Esas revisiones se tomarán como referencia para preparar las propuestas a incluir en el siguiente Programa. El Plan Nacional de Adaptación también se desarrollará mediante planes sectoriales.

El anteproyecto de Ley da un paso más y recoge, por primera vez, la definición de un sistema de indicadores de impactos del cambio climático en España y medidas de adaptación, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se hacen en esta materia y la necesidad de elaborar informes de riesgos.

Por otro lado, se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica, en la costa, en las infraestructuras del transporte y en la ordenación de los usos del suelo.Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y disposiciones relativas a la política forestal y desarrollo rural.

Educación e innovación

El anteproyecto de Ley pretende promover la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento, la capacitación en los nuevos nichos de trabajo del futuro y la responsabilidad social frente al mismo.

A tal fin el Ministerio de Educación y Formación Profesional revisará los distintos itinerarios formativos y de habilitación profesional. El texto contempla la elaboración de un Plan de Formación para impulsar el empleo en los sectores que serán motores de crecimiento económico en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

La investigación, desarrollo e innovación en materia de lucha contra el cambio climático y transición energética se incluirá entre las prioridades de los sucesivos instrumentos de planificación estatales en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Marco Estratégico

El Marco estratégico de Energía y Clima cuenta con otros dos pilares fundamentales para asegurar una transición ordenada y solidaria, que también ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, se trata del primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030 y de la Estrategia de Transición Justa.

El borrador del primer PNIEC (2021-2030), que ha sido remitido hoy a la Comisión Europea, es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea. También recoge los esfuerzos que tienen que hacer todos los sectores a 2030 (energético, industrial, transporte, agricultura, residencial, residuos, así como las aportaciones de los sumideros naturales).

La Estrategia de Transición Justa optimizará las oportunidades de empleo para que ningún territorio ni trabajador se vea afectado por la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.