La bonificación del canon de Sogama ahorra a los gallegos más de 9,7 millones de euros

Una gran mayoría de los concellos solicitantes han conseguido acogerse a la misma al dar debido cumplimiento a los dos requisitos exigidos: promover la reducción de la producción de residuos y/o el reciclaje de envases ligeros, y trasladar la rebaja al recibo de los vecinos.

En 2021, fueron 165 los entes locales que pidieron esta bonificación, de los cuales 152 llevaron a la práctica los criterios establecidos. Para 2022, han sido 167, quedando éstos obligados a acreditar, a principios de 2023, y a través de certificado firmado por la autoridad competente, que han materializado ambas exigencias.

La disminución del canon de Sogama será todavía mayor este año ya que, a la bonificación del 10%, que traerá consigo un ahorro estimado de más de 3.431.000 euros, se sumará la aplicación, por parte de la empresa pública, de una rebaja genérica del 5% para los 295 municipios adheridos a su sistema. En este caso, el canon bajará de los 69,48 euros/tonelada de 2021 a los 66,00 euros/tonelada. De acogerse a la bonificación, el importe se situará en 59,40 euros/tonelada, con la particularidad de que, adicionalmente, no se computará el IPC correspondiente (6,5%).

Con todos estos ingredientes, la rebaja podría llegar al 21%, estimando un ahorro superior a los 11 millones de euros para los bolsillos de los gallegos.

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LAS ECONOMÍAS FAMILIARES

Esta reducción del precio se lleva a cabo a pesar de las inversiones realizadas por la compañía en los últimos años, que ascienden a cerca de 90 millones de euros, y que le han permitido introducir importantes mejoras en su operativa, dotando de mayor eficiencia al servicio que presta a más de 2.240.000 habitantes.

Asimismo, la firme apuesta por la industria 4.0, ha incrementado en un 45% la cantidad de materiales destinados a los centros recicladores para ser convertidos en nuevos productos, al tiempo que ha aminorado, respecto al año 2008, en más de un 98%, las toneladas depositadas directamente en el vertedero de Areosa, cuya superficie ya ha sido sellada en un 90%. A día de hoy, opera un único vaso de vertido al que se llevan los rechazos, es decir, aquellas fracciones resultantes del proceso de tratamiento  que, dadas sus características, no pueden ser recicladas ni valorizadas energéticamente.

Con esta rebaja también se pretende aliviar la presión sobre las economías de las familias, fuertemente golpeadas por la crisis del COVID-19 y el implacable incremento del precio de la energía eléctrica, acrecentado por el conflicto de Ucrania.

Igualmente, se concibe como una vía para compensar el negativo impacto que tendrán los impuestos promovidos por el Gobierno central y que gravarán el uso del vertedero y la propia valorización energética, a pesar de estar contemplada esta última en la legislación europea como la mejor opción de tratamiento para aquellos residuos que no se pueden reciclar, con la ventaja de que extrae de los mismos energía limpia, un bien que, dadas las circunstancias actuales, cobra todavía mayor relevancia por la alta dependencia energética del exterior.

En este sentido, cabe recordar que, en España, sigue dominando el vertedero, con un porcentaje medio del 54%, frente al 1 y el 4% de los países europeos más avanzados y comprometidos con el medio ambiente, que son precisamente los que más reciclan y los que cuentan con mayor número de plantas de valorización energética.

RECICLAJE DE LA MATERIA ORGÁNICA, MÁS CERCA

A fin de seguir dando respuesta a las exigencias europeas, la Xunta y Sogama trabajan estrechamente en la construcción y desarrollo de una red deinfraestructuras para la valorización de la materia orgánica mediante su transformación en compost.

Esta red estará conformada por 17 instalaciones: 4 plantas de biorresiduos, una por provincia: Cerceda, (A Coruña -en funcionamiento-, Cervo (Lugo), Vilanova de Arousa (Pontevedra) y Verín (Ourense), y 13 plantas de transferencia que serán adaptadas o transformadas para trasvasar en las mismas los residuos orgánicos recogidos a través del contenedor marrón, que los concellos deberán implantar, siguiendo las directrices europeas, antes del 31 de diciembre de 2023.

A esta red se destinará una inversión de 38,6 millones de euros, de los cuales 30 millones serán aportados por los Fondos FEDER como respuesta de la Unión Europea a la crisis del COVID-19.