La Responsabilidad Ampliada del Productor como eje para mejorar la gestión de los residuos

La pieza principal del paquete normativo de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la economía circular aprobada recientemente, o a menos de la que más se han hecho eco los medios de comunicación, es la creación de dos nuevos impuestos: uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. La ley también incluye el veto a la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso y prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Además, contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis e impulsa la venta a granel en las grandes superficies comerciales. 

Y aunque son medidas todas ellas importantes desde Heura destacamos que la nueva norma adecua el marco regulatorio de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) a las nuevas previsiones de la normativa europea, para garantizar la transparencia en su funcionamiento, la participación de los productores en la toma de decisiones de los sistemas colectivos y su régimen económico-financiero.

En este sentido, destacan importantes medidas de carácter interno, como la creación en el ya existente Registro de Productores de Productos de una sección para cada flujo de residuos sometidos a RAP, las garantías financieras que serán exigibles, la designación de un representante autorizado por los productores establecidos en terceros países y que comercialicen en España productos sometidos a RAP o la consideración como productores de las plataformas de comercio electrónico en determinados supuestos, para asegurar que las ventas online cumplen las obligaciones de RAP.

Además, las medidas de RAP deben ser aplicadas de forma uniforme en todo el Estado, sin perjuicio de las competencias de desarrollo de las Comunidades Autónomas.

La normativa europea limita la RAP a determinados flujos de residuos, que son los que, en España, cuentan en la actualidad con una regulación específica. Así que desde el punto de vista medioambiental es un triunfo que el Estado a través de esta ley abra las puertas a la creación de sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor para aquellos flujos de residuos no regulados. Es decir, todos aquellos productores de productos que se convierten en residuos tras su uso, y que no están obligados a día de hoy a poner en marcha sistemas RAP, pueden hacerlo adelantándose así a las nuevas normativas que casi seguro se irán incorporando.  

Y es que la Responsabilidad Ampliada del Productor supone una oportunidad para la industria para promover la prevención y mejora de la reutilización, el reciclado y la valoración de residuos, y avanzar así hacia una economía circular. Son indudables los efectos positivos para las empresas obligadas a responder de la correcta gestión de los residuos de sus productos y para aquellas que lo hacen de forma voluntaria e, indirectamente, para los consumidores de estos productos. La RAP incentiva a los productores a innovar y mejorar la eficiencia de sus operaciones, incrementando la cantidad de residuos recogidos, tratados y puestos nuevamente en mercado.  

Necesitamos que los recursos contenidos en los residuos que generamos nos sirvan para impulsar una economía circular, y para ello el sector deberá asumir cambios y adaptarse.

Por otra parte, desde Heura también destacamos que la nueva ley acomete nuevas recogidas separadas obligatorias para nuevos sectores como el textil. Y es que, aunque son muchas las empresas del sector comprometidas con el medio ambiente, lo que hace que esta industria sea particularmente problemática es el ritmo frenético de cambio que no solo experimenta, sino que fomenta.

Con esta normativa se invita a los fabricantes de ropa, ropa de cama y calzado, importadores y distribuidores a establecer un sistema individual o colectivo para reciclar y tratar estos residuos. Es decir de nuevo la Responsabilidad Ampliada del Productor como eje para mejorar la recogida y tratamiento de los residuos.

En definitiva la nueva ley impulsa a los productores a adaptar sus procesos para hacerlos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y trata de mejorar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en materia de transición ecológica y economía circular para el conjunto del país

Todo ello está diseñado y preparado para poder reducir de manera considerable el impacto negativo que genera nuestro entorno social sobre el medio ambiente, incentivando el desarrollo de nuevos modelos empresariales que lo garanticen de forma más fehaciente.

Lo que no se mide o no se mide bien, no se puede mejorar. La digitalización de procesos va a ser un protagonista ineludible en la implantación de estos modelos, porque necesitamos que lo que se haga pueda medirse de forma clara y transparente. Así podremos incentivar los desarrollos que reduzcan ese impacto negativo, y sean técnica y económicamente viables.

La nueva norma adecua el marco regulatorio de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) a las nuevas previsiones de la normativa europea, para garantizar la transparencia, la participación de los productores y su régimen económico-financiero.

La aplicación de esta nueva norma, y las que se aprobarán en un futuro cercano, va a impactar fuertemente sobre el sector de la gestión de residuos. Necesitamos que los recursos contenidos en los residuos que generamos nos sirvan para impulsar esa nueva economía circular, y para ello el sector deberá asumir cambios y adaptarse a las necesidades de productores de productos y consumidores.

Por último, debemos tener en cuenta que el éxito de estos cambios estará directamente vinculado al trabajo conjunto de toda la cadena de actores que participan en la economía actual. Debemos renovarnos, mantener y mejorar lo que está funcionando y cambiar lo que no.