La democracia ante el colapso ecológico

Numerosos estudios señalan de manera consistente que no sólo rebasamos la barrera de los 1,5 °C de calentamiento global, sino que la tendencia es más bien romperla e incluso acercarse peligrosamente hacia los 2 ºC. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) marcan de hecho preocupantes tendencias al alza, como señala el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020 de Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD).

Dada su urgencia, alcanzar objetivos medioambientales relevantes ya no puede conseguirse con medidas graduales. Más allá de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción gradual de las emisiones y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles exigen replantear de manera integral nuestra relación con la energía, la tecnología y el consumo de los recursos naturales.

Los escasos avances en la reducción de los GEI responden de hecho al modelo económico contemporáneo, el cual es justamente central para entender los factores responsables del cambio climático.

En este contexto, a pesar del consenso en la comunidad científica, la creciente concienciación y movilización ciudadana, las acciones de la sociedad civil y de los gobiernos democráticos parecen responder todavía a un paradigma incapaz de abordar los cambios necesarios para combatir el cambio climático.

La compleja relación de la democracia con el medio ambiente y un modelo capitalista basado en el crecimiento económico clásico plantean, pues, una serie de desafíos y obstáculos. Incluso pone en cuestión si las instituciones y regímenes políticos de las democracias contemporáneas son útiles como instrumento eficaz para combatir el cambio climático.

Las limitaciones de la democracia

Ciertamente, las instituciones democráticas tienen que lidiar con una pluralidad de intereses contrapuestos e incluso en abierto conflicto (los derechos humanos, los mercados, las industrias, el uso de los recursos naturales, etc.) con la intención de hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

Además, los mecanismos de deliberación propios de una democracia, garantistas, burocratizados y sometidos a presiones diversas de grupos de poder, medios de comunicación o ciclos electorales, ralentizan la construcción de consensos y la elaboración y ejecución de políticas públicas.

Si bien los procesos deliberativos de las democracias y la participación ciudadana contribuyen a la consideración de múltiples perspectivas, parecen lentos en acometer las reformas necesarias.

Ante estos límites surge la cuestión de si las democracias son el instrumento más adecuado para implementar las necesarias y urgentes políticas medioambientales. De este modo, surge el debate sobre si el autoritarismo medioambiental pudiera ser una solución viable ante el reto, convirtiéndose en una alternativa tan o más viable para combatir el cambio climático.

En un mundo donde de manera creciente vemos aparecer gobiernos de corte autoritario, es algo más que anecdótico el hecho de que las dos últimas conferencias de las Naciones Unidas para el cambio climático se hayan celebrado en regiones con tan poca tradición democrática como los Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán.

El autoritarismo medioambiental en China

En este marco de discusión, algunos estudios plantean formas no participativas ni democráticas como modelo efectivo para combatir el cambio climático. Uno de los máximos exponentes de este autoritarismo medioambiental sería China, el país que más energía de combustibles fósiles consume, duplicando a Estados Unidos.

Así pues, la transformativa idea es que el autoritarismo medioambiental es más efectivo que las democracias tradicionales para imponer las medidas estrictas que se requieren con urgencia.

Se construye así un argumento donde ejecutar las políticas necesarias para combatir el cambio climático puede llegar a justificar la suspensión e incluso la erosión de los fundamentos de las democracias como el Estado de derecho, la justicia social o derechos y libertades básicas.

Este debate se da además en un contexto global donde se están expandiendo gobiernos y regímenes políticos que cuestionan abiertamente los fundamentos democráticos tradicionales. Por tanto, se presenta como razonable explorar cómo en este contexto algunos de ellos desarrollan políticas medioambientales que pueden ser exitosas. Pero este argumento esconde las sombras de los modelos de autoritarismo ambiental, que tienen efectos perversos y que erosionan incluso los derechos humanos más básicos.

Un ejemplo ilustrativo del caso chino fue su campaña nacional para mitigar la contaminación atmosférica, donde algunos gobiernos locales impusieron sanciones para los ciudadanos que incumplieran la normativa. En algunos casos, como el de la prefectura de Linfen, el coste de las alternativas a la quema de carbón excedía el sueldo medio de la población, lo que comportó que muchos hogares no pudieron calentar sus casas durante el invierno ante la amenaza de sanciones.

Este tipo de situaciones pueden darse fácilmente en regímenes donde los derechos y las libertades básicas no tengan protección y se justifiquen en nombre de la urgencia climática, pero legitiman también cualquier política restrictiva e incluso represiva que sería inaceptable en una democracia de calidad.

Ya no es tan sólo pues una cuestión sobre la eficacia de los tecnócratas, sino sobre regímenes que pueden imponer una determinada decisión en cualquier ámbito bajo la amenaza de la coerción.

Si bien es cierto que los mecanismos democráticos son a menudo lentos y sus resultados no son inmediatos, las garantías de debate público y participación son al mismo tiempo las que evitan soluciones autoritarias que pueden parecer necesarias y efectivas a corto plazo pero tienen consecuencias imprevisibles.

Debates frente a la emergencia climática

Así pues, la urgencia climática debe abordarse con criterios democráticos por una cuestión de principio político, pero también para considerar los múltiples conflictos y dilemas éticos que enfrentamos, desde el impacto geográfico desigual a la asunción de diferentes responsabilidades de empresas, estados y ciudadanos, pasando por cuestiones de justicia intergeneracional y muchas otras.

En cualquier caso, el autoritarismo medioambiental, por más que ofrezca aparentemente una mayor eficacia y rapidez, es no sólo una amenaza para los principios democráticos. La erosión de libertades y derechos fundamentales o la ausencia de mecanismos de discusión pública y rendición de cuentas es también importante.

La respuesta a la emergencia del cambio climático no es una cuestión meramente técnica, sino que es un debate en el fondo político con diferentes alternativas, implicaciones políticas y sociales. En definitiva, puede responderse desde posiciones ideológicas diversas que merecen ser debatidas y consideradas por la ciudadanía.

Por si fuera poco, la evidencia empírica señala que con todos sus defectos, limitaciones y variaciones, los regímenes democráticos –aun cuando vayan correlacionados con el nivel de desarrollo económico y tecnológico– se asocian a mejores iniciativas ambientales. Es decir, no existe ningún consenso sobre una supuesta correlación positiva entre políticas más autoritarias y su efectividad contra el cambio climático. De hecho, diversos estudios e indicadores señalan más bien lo contrario: los sistemas políticos democráticos ofrecen más posibilidades para una acción contra el cambio climático.

Aun así, estas consideraciones no alteran el hecho de que los resultados en la lucha del cambio climático son insuficientes, y que además las disrupciones que genera no sólo a nivel ambiental, sino también social y político, están provocando una mutación en las formas de gobernanza.

Las democracias tendrán que hacer frente a numerosas cuestiones para resolver la mayor convulsión de los tres últimos siglos, bajo el prisma de su urgencia pero también a través de mecanismos que permitan converger los valores democráticos y transformar los imperativos económicos y sociales dentro del esquema de los retos para la sostenibilidad del planeta.

Artículo de Zarina Kulaeva, UOC - Universitat Oberta de Catalunya y Ivan Serrano Balaguer, UOC - Universitat Oberta de Catalunya.