Economía circular, toca pasar a la acción

Por: Anabel Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Economía Circular

En España, desde que se publicó el denominado paquete de economía circular de la Unión Europea, en diciembre de 2015, son cada vez más numerosas las iniciativas lanzadas por las administraciones públicas y el sector privado en este ámbito. 

Centrándonos en el ámbito público, y a nivel estatal, se ha firmado el Pacto por una Economía Circular, inicialmente con 55 entidades adheridas, cifra que a día de hoy ha aumentado a más de 130 entidades. Asimismo, en febrero de 2018, se publicó el borrador de la Estrategia Española para la Economía Circular, “España 2030”, el cual incorporaba el primer plan de acción 2018-2020, y cuya versión definitiva aún no ha sido publicada. Por su parte, las Comunidades Autónomas van preparando y publicando sus propias estrategias en la materia; y a nivel local destaca el compromiso de las ciudades por la economía circular plasmado en la Declaración de Sevilla. Así que podemos decir, que a nivel político y en el ámbito de las administraciones públicas, la economía circular constituye una de las prioridades, lo cual es algo positivo porque no podemos seguir consumiendo recursos al mismo ritmo que se ha venido haciendo hasta ahora, porque estos son finitos, y el planeta no da para tanto.

Aunque desde la Fundación para la Economía Circular acogemos con satisfacción todas estas iniciativas legislativas y estratégicas, hay que decir que el reto para los próximos años es pasar de la teoría a la práctica, lograr que el modelo de economía circular sea, en verdad, una realidad en España, y que el modelo lineal, a todas luces insostenible, de “extraer-fabricar-consumir-desechar” sea un mero recuerdo del pasado. Y para ello, aún queda mucho por hacer.

La economía circular supone un nuevo modo de hacer y de pensar. La economía circular es la conexión de los aspectos económicos y ambientales, entre otros, busca la eficiencia en el uso de los recursos, la generación de empleo local y no deslocalizable. De modo que, para avanzar en la economía circular, detectar las barreras y las posibles soluciones, para detectar los nichos de nuevos empleos y generar crecimiento económico a la par que la mayor protección ambiental, es fundamental que haya una colaboración y participación entre todos los agentes económicos y sociales de las cadenas de valor de los productos. 

La nueva Directiva Marco exige un objetivo del 65% de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales para 2035. Y lo cierto es que, en nuestro país, este porcentaje hoy en día es del 35%; no parece que vayamos a cumplir el objetivo anterior del 50% para 2020. La solución más rápida, que ha comenzado a implantarse, va dirigida a ese 37-40% de biorresiduos del total de residuos urbanos generados. No obstante, no es posible alcanzar el éxito en solo dos años. Para que no pase lo mismo y podamos cumplir el objetivo para 2035, es necesario no solo focalizar en la recogida separada y valorización de los biorresiduos, sino también en otros materiales como el textil y los residuos voluminosos (entre ellos, muebles y enseres). A este respecto, es fundamental optimizar los puntos limpios en España con el objetivo de lograr la mayor recuperación material que ayude a cumplir este objetivo.

Por otro lado, también en España, aproximadamente un 50% de los residuos urbanos generados son depositados en vertederos, sin embargo, la nueva Directiva relativa al  vertido de residuos establece un límite máximo de depósito en vertedero del 10% para 2035. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo si aún hay lugares en nuestro país donde cuesta menos verter que cualquier otra opción, mejor desde un punto de vista ambiental conforme a la jerarquía europea de residuos, de valorizar material o energéticamente los residuos? Es necesario que las administraciones tomen decisiones valientes, e implementen instrumentos económicos (como los impuestos o cánones al vertido) para impedir que se depositen residuos en vertedero que puedan ser objeto de valorización material o energética. 

La experiencia de los países y regiones europeos más avanzados, nos dice que es necesario implementar una batería de instrumentos económicos y fiscales para implementar la economía circular. Además del impuesto o canon de vertido, a nivel local se necesita una tasa transparente y variable tipo PAYT (“paga por lo que tiras”) que ayude a concienciar al ciudadano y logre modificar hábitos de conducta hacia otros más sostenibles. Si bien la implementación de este instrumento es competencia de las administraciones locales, un respaldo por parte de las Comunidades Autónomas y del Estado al desarrollo de este instrumento podría influenciar positivamente y ayudaría al logro de los objetivos 2030 y 2035.

Hay que fomentar, entre los ciudadanos, el consumo responsable, la reparación y la reutilización de los productos, evitar el despilfarro alimentario, colaborar con los programas de recogida separada de residuos, adoptar medidas de ahorro de agua y energía, etc., para lo cual es imprescindible, también, incidir en programas y campañas (constantes en el tiempo) de educación y sensibilización a los ciudadanos. Por ejemplo, el littering marino y terrestre, uno de los grandes problemas a nivel global, no se solucionará solo recogiendo los residuos, sino con un enfoque preventivo: investigando consecuencias y causas y educando a los ciudadanos en la protección del medio ambiente. Es preciso realizar análisis de campo para dimensionar el problema, buscar soluciones concretas a problemas concretos y avanzar hacia fórmulas que eliminen la posibilidad de que la basura llegue de forma accidental a la naturaleza, al tiempo que se desincentiva y se sanciona el abandono de basura de forma intencionada.

Además de estos instrumentos económicos, hay que contemplar otros más novedosos como la reducción del IVA a productos que procedan de la preparación para la reutilización, las ayudas al fomento del ecodiseño y al I+D+i (por ejemplo, dirigidos a nuevos materiales más sostenibles para determinados usos), y desarrollar los esquemas de responsabilidad del productor a determinados productos que hasta ahora no se les ha prestado, en España, mucha atención como son los textiles o los muebles.

Artículo publicado en número 208 Julio/Agosto 2018 de RETEMA