Aumentar inversiones en infraestructuras, clave para garantizar el acceso universal al agua
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Expertos en gestión hídrica de ambos lados del Atlántico han apelado al incremento de las inversiones en infraestructuras hídricas para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento en el escenario actual de cambio climático. Para ello, han apelado al consenso, la colaboración público-privada y la participación de los usuarios, así como a la búsqueda de nuevos modelos de financiación que permitan acometer estas inversiones.
Así se ha reflejado en el XVI Foro de la Economía del Agua, que acaba de celebrarse en Santiago de Chile en el transcurso de la III Expo Agua Santiago y donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad hídrica en todo el planeta, tras un verano europeo en que se han batido todos los récords de temperatura y un comienzo de otoño marcado en España por las inundaciones.
Para poder desarrollar inversiones, Asensio Navarro, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, apuntó la necesidad de “una financiación robusta, que precisa de mayores recursos públicos, pero también de la colaboración público-privada y la contribución de los usuarios”. Respecto a este último punto, el profesor recordó la necesidad de actualizar las tarifas del agua y adaptarlas a la situación actual de escasez: “tomarnos el agua en serio también implica acercar el precio a su valor”, añadió.
En su intervención, Navarro reflexionó, además, sobre la paradoja del agua y su regulación, porque alrededor de 1.100 millones de personas no tienen acceso a este derecho humano y, sin embargo, no se prioriza la inversión para su consecución. En el caso de España explicaba que invierte en infraestructura de servicios del agua el 0,11% del PIB, hasta un 56% menos que los países de su entorno y que, como hasta el 40% de las redes de abastecimiento tiene más de 30 años sería necesario invertir un porcentaje en precios corrientes superior al 0,35% del PIB anual español. En cualquier caso, apeló a la concienciación ciudadana, porque “el agua es gratis, pero
su utilización, la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, el saneamiento, depuración, reutilización y devolución al medio, son costosos. Deben ser cubiertos conforme a una estructura tarifaria sostenible que proteja a las generaciones presentes y futuras”, concluyó.
Incrementar la disponibilidad y el ahorro de agua
El XVI Foro de la Economía del Agua, cuyo lema de esta edición ha sido “No hay agua que perder”, abordó también las herramientas de las que disponemos actualmente para incrementar la disponibilidad del recurso y el ahorro de agua. Respecto a la primera cuestión, los ponentes destacaron la importancia de apostar por nuevas fuentes de agua, a través de herramientas como la reutilización y la desalinización, así como la implantación de la inteligencia artificial y la digitalización para fomentar el ahorro de agua y la prevención de pérdidas. En este sentido, una las más importantes conclusiones en materia tecnológica ha sido la “necesidad de acercar la IA a las personas, para darle un uso que valga la pena en relación a la gestión del agua", según manifestó Andrea Ramos, Country Manager de KILIMO; a lo que Diego Rivera, de la Universidad del Desarrollo y Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería añadió: “la crisis hídrica es una oportunidad de diseñar productos muy usables y hacer pedagogía; educar en la transición tecnológica”.
Por otra parte, la apuesta por la eficiencia en sectores intensivos en consumo de agua, como es el caso de la agricultura, fue otro de los pilares para el ahorro de agua que se abordaron en el encuentro.
Llamada al consenso
Como ejemplo de la importancia del consenso y la colaboración para llevar al agua al centro de la agenda política, en el evento se destacó el Proyecto de Acuerdo de Pacto y Estrategia Nacional por el Agua en Chile, aprobado recientemente por unanimidad en el Senado y que propondrá la creación de una comisión técnica para cumplir con este desafío.
Francisco Lombardo destacó la importancia de este proyecto de acuerdo en un país altamente vulnerable al cambio climático y que se encuentra entre las veinte naciones con mayor estrés hídrico del mundo, enfatizando que “Es necesario establecer una hoja de ruta que dé respuesta a los efectos del cambio climático. El Pacto Nacional por el Agua debe contemplar una mirada a largo plazo que sea equilibrada, que apueste por soluciones basadas en la naturaleza, que fije la mirada en la agricultura”.
Isabel Allende, senadora y miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, ha apuntado que “Chile es el primer país de Latinoamérica en el que la demanda supera la disponibilidad del agua y tenemos un problema de gestión del agua por una notable dispersión al tener demasiadas instituciones relacionadas con el agua. Hemos estado trabajando a nivel legislativo en muchos temas, pero hoy hago un llamado a sentarnos todos los actores a generar un gran acuerdo para dar respuesta, por lo menos, al consumo humano; estamos en pleno siglo XXI y no tenemos garantizado el derecho humano al agua”.
Sobre dicho acuerdo, la senadora precisaba que debe ser “un pacto que incluya alianzas público-privadas, que promueva principios de gobernanza y que solucione la gestión territorial con los consejos de cuenca. El Gobierno debe tomar una decisión respecto a la gobernanza del agua”.
Por su parte, Jessica López, ministra de Obras Públicas de Chile destacó que “necesitamos identificar respuestas sólidas pero viables y que representen soluciones sostenibles. Por lo tanto, la actuación conjunta es la única manera de asegurar un crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es una obligación legal para este ministerio, pero también moral, un imperativo ético”.