Nueva legislación en materia de agua. ¿Se evalúan adecuadamente sus efectos y dificultades?

Es evidente que la sociedad, en materia de agua, cada vez tiene que moverse hacia exigencias mayores, y que vendrán reflejadas en normativas cada vez más estrictas. Cada vez tenemos mayores conocimientos técnicos y tratamientos, mayores medios para medir cualquier tipo de sustancias en el agua y queremos tener un medio ambiente más limpio o, si usamos esta agua, que se haga con las mayores garantías.

Pero, en mi opinión, muchas veces no se han evaluado adecuadamente las repercusiones o supuestas ventajas que van a tener estas exigencias impuestas por la normativa, y además seguimos teniendo el reto de afrontar las necesarias inversiones que conllevan. Con respecto a la evaluación de repercusiones, muchas veces nos dejamos arrastrar por un mal entendido principio de precaución, por evitar quedar mal con grupos que nos van a criticar si somos “blandos” o por valoraciones hechas por “expertos”, que realmente no conocen las dificultades o el coste real que van a originar, porque no están trabajando en el terreno. Por ello considero que es muy conveniente la creación de equipos de trabajo operativos con entidades como AEAS, colegios profesionales, etc., que pueden aportar otros puntos de vista distintos al puramente científico, que es el único que suele considerarse cuando se desarrollan normas.

Es muy conveniente la creación de equipos de trabajo operativos con entidades como AEAS, colegios profesionales, etc., que pueden aportar otros puntos de vista distintos al puramente científico, que es el único que suele considerarse cuando se desarrollan normas.

También echo de menos que se diseñaran y llevaran a cabo trabajos en campo por parte de la Administración exprofeso, para realmente conocer de primera mano lo que se va a pedir, sus dificultades, sus costes, etc., y permitiría a los técnicos de la Administración tener un conocimiento mucho más profundo y práctico del tema, y no depender únicamente de artículos científicos que quizás se han desarrollado con fines distintos puesto que están mucho más enfocados a la innovación que a las soluciones con que contamos actualmente. En tal sentido, organismos como el CEDEX, el extinto CENTA, CIEMAT, podrían ser el brazo científico-técnico de la Administración para llevar a cabo estas evaluaciones, para lo que se les debería dotar de fondos suficientes. Y, además este tipo de actuaciones son fundamentales para poder defender los intereses nacionales frente a legislaciones europeas, por ejemplo. Una gran experiencia al respecto fue el excelente trabajo que se llevó a cabo por parte del gobierno español en la normativa de reutilización de aguas, donde la región de Murcia colaboró codo con codo con los ministerios implicados, para suministrar toda la información pertinente, dada nuestra gran experiencia en ese tema, como todos los temas de investigación y demostración que se llevaron a cabo. Esto permitió influir de una manera importante en la redacción definitiva de esta normativa.

Otro punto que, en mi opinión tampoco se evalúa adecuadamente, o al menos con la profundidad necesaria, es la repercusión que van a tener las exigencias desde el punto de vista económico y medioambiental. La ya mencionada normativa de reutilización planteaba unos costes de implantación y operación de las instalaciones necesarias, que estaban muy alejadas de la realidad según la opinión de los que trabajamos en el sector. E igual con los plazos que se planteaban. Y así se lo hicimos saber, pero no se tuvo en cuenta. El no llevar a cabo esos cálculos o plazos de una manera correcta puede llevar a una inviabilidad de aquello que pretendíamos impulsar o mejorar, con lo que todo quedará en una extraña situación que obligaría a un número tal de sanciones que no tendría sentido aplicarlas. Y lo mismo sucede con las repercusiones medioambientales. Pongamos otro ejemplo, la conveniencia o no de eliminar contaminantes emergentes del agua. Está claro que, lo ideal, de entrada, sería que no estuvieran y, lo primero que nos sale del cuerpo, es pedir su eliminación. Pero quizás un estudio más racional nos podría hacer dudar. Primero habría que tener argumentos claros y cuantificados de su nocividad para el medio ambiente o cómo de negativo es para posibles usos del agua y los efectos que tendría. Pero, aparte de considerar el coste económico de su eliminación, que no es pequeño, habría que tener en cuenta el coste medioambiental que conllevara esa actuación. Los dos sistemas más experimentados son el ozono y el carbón activo. El primero tiene un alto consumo de energía, con lo que tiene afección colateral debido a los gases de efecto invernadero que provoca, y el segundo también tiene efectos ambientales debido a su proceso de producción y de regeneración, en su caso. No decimos con esto que no se deba eliminar cualquier compuesto que genere verdaderos y significativos problemas, en absoluto, pero sí que entendemos que deberían balancearse por un lado las consecuencias de comer una lechuga con trazas de carbamazepina, con las generadas por su eliminación. Ni que decir tiene que lo ideal sería una política de prevención que eliminara el problema en origen.

Otro punto que, en mi opinión tampoco se evalúa adecuadamente, o al menos con la profundidad necesaria, es la repercusión que van a tener las exigencias desde el punto de vista económico y medioambiental.

Y no podemos olvidarnos tampoco de las dificultades de conseguir la financiación para adaptarnos a las nuevas normativas. Mientras sigamos siendo reacios a llevar a las tarifas los costes reales que implican las nuevas exigencias, e incluso las antiguas, en muchos casos, estaremos engañándonos y se estará engañando a los ciudadanos. Estaremos retrasando un problema que luego será mucho más grave de resolver. Hay que darse cuenta de que subir x céntimos el agua no supone un perjuicio tan importante para las economías domésticas, y no disponer de fondos suficientes hará que nuestros servicios públicos pierdan calidad. El dinero no sale de debajo de las piedras ni de la magnánima Europa, el dinero sale de los ciudadanos, y lo que se debe exigir es que se gestione con rigurosidad y transparencia.

Actualmente está en fase avanzada de desarrollo la revisión de la Directiva 91/271. Algunas de las propuestas aquí mencionadas, se están llevando a cabo, como la creación de grupos de trabajo. Esperemos que salga al final una propuesta equilibrada y que ataque a los problemas que realmente sean necesarios. Un problema añadido de las normativas europeas es que aplican el “café para todos”, con lo que se está suponiendo que los problemas a resolver en los países escandinavos o del norte de Europa son iguales. Y esto no es así, y conlleva a gastar unos recursos en unas actuaciones que no serían necesarios si se hiciera estudios más individualizados con evaluaciones de riesgos. Tendríamos leyes “fit for purpose”, con una base común mínima, pero específicas para las distintas zonas, abordando los problemas reales. No tiene sentido eliminar nutrientes hasta unas concentraciones bajísimas en el Atlántico o en la zona del Mar Cantábrico, porque haya problemas en el Mar Báltico.

"Actualmente está en fase avanzada de desarrollo la revisión de la Directiva 91/271. Algunas de las propuestas aquí mencionadas, como la creación de grupos de trabajo, se están llevando a cabo. Esperemos que salga al final una propuesta equilibrada"

Quisiera terminar únicamente resaltando dos máximas que deberían ser tenidas siempre en cuenta: “Apliquemos el sentido común” y “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”.