Galicia presenta su nueva Ley del ciclo integral del agua

La Xunta de Galicia ha presentado en el Parlamento la Ley del ciclo integral del agua, que pone a disposición de los ayuntamientos herramientas para profesionalizar los servicios y un sistema voluntario para garantizar una gestión de calidad.

 La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, detalló en el marco del debate de totalidad en el Pleno del Parlamento el proyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, tras su exposición pública y la aprobación por parte del Consello da Xunta.

Coordinación

Vázquez Mourelle explicó que esta norma busca la coordinación de las administraciones para mejorar la prestación de los servicios del agua y garantizar que todos los municipios ofrezcan tarifas igualitarias con independencia de factores como la dispersión o la orografía.

Indicó que la Ley, que se prevé que entre en vigor en verano, establecerá un marco normativo para blindar la calidad en los servicios, la eficiencia en la explotación de las infraestructuras hidráulicas y la viabilidad económica de los sistemas. Puso en valor la inversión autonómico de más de 1.100 M€ en la ejecución de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, mejorando en más de 10 puntos el volumen de masas de agua en buen estado.

Incidió en que tan importante es contar con estas infraestructuras hidráulicas como gestionarlas bien para que funcionen de forma idónea, objetivo a lo que contribuirá la nueva Ley.

A pesar de que el abastecimiento, el saneamiento y la depuración  son responsabilidades directos de los municipios, la conselleira remarcó que hace falta garantizar el correcto funcionamiento de las depuradoras, pues los datos muestran que la mitad de estas plantas municipales desempeñan sus funciones de modo deficiente. También puso de manifestó otro reto en el actual contexto de cambio climático, que pasa por evitar los consumos irresponsables de agua y las fugas en las redes, que en algunos municipios representan el 40%. 

Subrayó que la Ley viene a dar respuesta a todas estas carencias derivadas de las dificultades técnicas y financieras que tienen los Ayuntamientos en la gestión del agua. Así, señaló que la normativa es una necesidad por responsabilidad ambiental, social y económica.

Líneas de acción

Ethel Vázquez desgranó las líneas de acción que recoge el texto, siendo la primera profesionalizar la gestión del agua en los ayuntamientos. Para esto, Augas de Galicia pondrá a disposición de los municipios directrices para la redacción de planes de control de vertido a las redes de colectores, el saneamiento en pequeños núcleos, la optimización de la gestión de las pluviales y la mejora energética de las instalaciones. Estas directrices servirán de guía a los ayuntamientos para una gestión más eficiente y profesional del agua.

Además la Xunta implantará un programa de formación en la gestión del ciclo del agua para técnicos municipales, con el fin de ayudar a los ayuntamientos a avanzar hacia una gestión profesional del agua.

Por otra parte, el Gobierno gallego proporcionará a los ayuntamientos un modelo de adhesión voluntaria para la gestión de sus servicios de manera profesionalizado y con garantías de calidad, para que los ayuntamientos que así lo deseen soliciten el encargo de estos servicios a la Xunta.

Concretó que la Ley permitirá extender esta colaboración para que además de las 28 depuradoras ya gestionadas por Augas de Galicia, todos los ayuntamientos tengan la posibilidad de encomendarle, de manera voluntaria, los colectores de saneamiento y el abastecimiento en alta.

Como paso previo a asumir ese encargo, la Xunta realizará una auditoría integral y en el caso de evidenciar la necesidad de ejecutar alguna obra, un tercio del coste será asumido por el Ejecutivo autonómico.

La conselleira puntualizó que la propuesta inicial era que el tercio del coste lo asumiera la diputación provincial correspondiente, que tiene el deber legal de apoyar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. No obstante, no existe en el gobierno actual de algunas de estas administraciones la voluntad de colaborar en este ámbito.

Reiteró que la adhesión a esta iniciativa es voluntaria, pero recordó que la gestión de las infraestructuras por parte de la Xunta siempre llevará asociadas garantías de calidad y ahorros de cerca de un 10% en los costes, gracias a la gestión agrupada de los sistemas que permite aplicar economías de escala.

 
Transparencia y diálogo

La responsable de Infraestructuras subrayó el amplio proceso de transparencia, claridad y consultas con el que contó esta iniciativa legal. En este sentido, desde que el anteproyecto de ley inició su andadura a finales de julio, hubo presentaciones, mesas técnicas y debates en diferentes foros en los que estuvieron presentes las administraciones y las empresas explotadoras de los servicios del agua.

 El anteproyecto también estuvo a disposición del público en el Portal de Transparencia de la Xunta y se amplió hasta en dos ocasiones el plazo para la presentación de sugerencias. Tras este procedimiento, fueron incorporadas la cuarta parte de las aportaciones recibidas. Además, en respuesta a la petición de la Fegamp, la Consellería de Infraestructuras procedió a la celebración de un webinario en el que participaron 110 ayuntamientos, entre otros colectivos, que pudieron resolver sus dudas.

Ethel Vázquez recordó que en diciembre la Xunta respondió a los alegatos, incluida a presentada por la Fegamp sobre el impacto de la Ley en el recibo y en la que quedó demostrado el error de cálculo cometido en las simulaciones realizadas.

Hizo hincapié en que solo cuando Augas de Galicia asuma la gestión de un servicio municipal del ciclo del agua, aplicará unas tarifas claras e iguales en todos los ayuntamientos. La Xunta solo cobrará a los ayuntamientos por los servicios que preste, pero serán los municipios los que seguirán emitiendo el recibo y a decidir los conceptos que en él incluyen.