Europa endurece penalmente los delitos medioambientales

El Consejo Europeo ha adoptado formalmente una nueva directiva sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. La ley mejorará la investigación y el enjuiciamiento de los delitos ambientales.

La directiva establece normas mínimas a nivel de la UE sobre la definición de delitos y penas penales. Sustituye a la ley anterior que se remonta a 2008.

La ley solo se aplicará a los delitos cometidos dentro de la UE. Sin embargo, los Estados miembros pueden optar por extender su jurisdicción a los delitos que se han cometido fuera de su territorio.

Lista ampliada de delitos

El número de conductas que constituirán un delito penal aumentará de nueve a 20. Los nuevos delitos incluyen el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de los barcos y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.

La nueva ley también introduce una cláusula de "delito calificado" que se aplica cuando un delito mencionado en la directiva se comete intencionalmente y causa la destrucción o daños irreversibles o duraderos al medio ambiente.

Sanciones

Los delitos intencionales que causen la muerte de una persona serán punibles con una pena máxima de prisión de al menos diez años (los Estados miembros pueden decidir prever penas aún más severas en su legislación nacional). Otros delitos darán lugar a un encarcelamiento de hasta cinco años. La pena máxima de prisión por delitos calificados será de al menos ocho años.

Para las empresas, las multas serán de al menos el 5 % de la facturación mundial total por los delitos más graves o, alternativamente, 40 millones de euros. Para todos los demás delitos, la multa máxima será de al menos el 3 % de la facturación o, alternativamente, de 24 millones de euros.

Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las personas físicas y las empresas puedan ser sancionadas por medidas adicionales, como la obligación del delincuente de restablecer el medio ambiente o compensar el daño, excluyéndolas del acceso a la financiación pública o retirando sus permisos o autorizaciones.