EUREAU presenta un documento común para expresar la posición sectorial sobre la iniciativa ciudadana Right2Water

En respuesta a la iniciativa ciudadana europea Right2Water, que entregó el pasado septiembre 1.800.000 firmas, y cuya audiencia en el Parlamento Europeo tendrá lugar el martes 18 de febrero de 2014, se ha conciliado desde EUREAU un documento común para expresar la posición sectorial. AEAS es miembro y trabaja en estrecha colaboración con la EUREAU (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Empresas Suministradoras de Agua y Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales), que representa a operadores que dan servicio a más de 400 millones de personas, y es el portavoz del sector a nivel europeo.

Declaración de la EUREAU sobre el derecho al agua

Iniciativa Ciudadana Europea “El Agua y el Saneamiento son un Derecho Humano”

La Directiva Marco del Agua reconoce que “el agua no es un producto comercial como cualquier otro, sino un legado que debe ser protegido, defendido y tratado como tal”. Este principio ha estado guiando la EUREAU, la voz de los operadores públicos y privados europeos que proporcionan servicios a más de 400 millones de ciudadanos europeos. 

Los miembros de la EUREAU comparten la visión que el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reconocido en el documento Rio+20 “El futuro que queremos”, debería ser parte de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Éstos están comprometidos a hacer de este derecho humano una realidad proporcionando agua de calidad y servicios de saneamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

No obstante, la EUREAU considera que la primera Iniciativa Ciudadana Europea “El agua y saneamiento son un derecho humano”, entregada en diciembre del 2013, no tiene en cuenta algunos elementos importantes que son esenciales para una política europea del agua efectiva, mientras fomenta la confusión entre el agua y los servicios de agua y culpa a la liberalización de una inapropiada subida de las tarifas de agua.

EUREAU invita a los ciudadanos europeos, y en particular a los legisladores europeos, a debatir sobre el derecho al agua en su contexto adecuado y aporta los siguientes comentarios.

EUREAU remarca que prestar los servicios de agua es una actividad cuyo aspecto económico es considerable, esté llevada a cabo por operadores públicos o privados; pero al ser estos servicios de interés general, en régimen de monopolio y esenciales para la salud pública y el bienestar, deben estar sometidos a una estricta regulación.

El sector del agua es un sector intensivo en capital. Los activos deben ser conservados adecuadamente para las siguientes generaciones, y las inversiones a largo plazo deben ser financiadas. Asegurar por tanto una financiación adecuada es un prerrequisito para la sostenibilidad del sector del agua y del medio acuático.

La gobernanza y los mecanismos de responsabilidad son de vital importancia para garantizar una financiación óptima dentro del sector. Con el objetivo de prestar los servicios de agua de manera eficiente, se han establecido diferentes sistemas de gobernanza y gestión del agua en Europa.

De acuerdo al principio de subsidiariedad, es competencia de los Estados Miembros organizar los servicios de agua de acuerdo a las disposiciones pertinentes del TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea): esta organización puede incluir la gestión interna, la externalización, la gestión público privada, además de los sistemas de regulación o benchmarking y/o la regulación económica.

Ninguno de estos sistemas se puede considerar eficiente o poco eficiente “per se”, debido a que el rendimiento de cualquier sistema depende de la forma en la que éste se implemente. Actualmente, la mayor parte de los operadores de agua son públicos en Europa. Un ciudadano de cada tres recibe el servicio de agua de un operador privado.

La iniciativa ciudadana da a entender que la liberalización de los servicios de agua podría poner en peligro el derecho al agua de los ciudadanos europeos, como si ésta implicase automáticamente una subida de las tarifas, y convirtiese el agua en un bien inaccesible para los sectores más desfavorecidos. Esta implicación es imprecisa en dos aspectos.

Primero, no existe una relación de causalidad entre la liberalización, la presencia de operadores privados, y un alto nivel de las tarifas. Segundo, el derecho humano al agua no puede significar que los servicios sean gratuitos.

La Directiva Marco de Agua (art. 9) establece “una contribución adecuada de los diversos usos del agua sobre la recuperación de los costes de los servicios de agua”. El agua es tanto una herencia como un recurso escaso que requiere protección sobre el riesgo de sobreexplotación y contaminación para futuras generaciones. Tanto el principio de quien contamina paga como el de quien usa paga se deberían generalizar en la gestión del agua y en las políticas de tarificación de agua.

EUREAU reconoce las difíciles circunstancias a las que se enfrentan muchos ciudadanos europeos y apoya las diferentes iniciativas para garantizar que el agua es asequible a todos los consumidores.

En resumen, EUREAU hace un llamamiento para alcanzar un nivel de tarifas adecuado, lo que significa que las tarifas no deberían de cubrir únicamente los costes del recurso y de explotación del servicio, sino también permitir a las operadoras de agua la inversión en infraestructuras. Un nivel artificialmente bajo de las tarifas de agua no sólo lleva al agotamiento del recurso, sino que no aseguraría las inversiones necesarias en el mantenimiento de las infraestructuras, con un alto precio para futuras generaciones.