El doble filo del activismo ambiental de las empresas: Aldi y los agricultores del Mar Menor

Por Luis Antonio López Santiago, Universidad de Castilla-La Mancha

En los últimos 10 años, los supermercados e hipermercados en España han ido introduciendo progresivamente en sus estanterías productos considerados como sostenibles: con certificado ecológico, sin fertilizantes, veganos, de proximidad o de kilómetro cero, etc. De esa manera, amplían su oferta y son capaces de captar un mayor número de clientes que demandan esos productos. Consumidores que, además, suelen disponer de una mayor renta per cápita que están dispuestos a gastar en una alimentación más sostenible, de más calidad y sabor y quizás más sana.

El hecho de que la cadena de supermercados Aldi haya pedido explicaciones a sus proveedores de frutas y verduras por la contaminación del Mar Menor supone un cambio de tendencia en el sector de distribución de alimentos. De hecho, implica pasar de una estrategia de diferenciación positiva a otra negativa.

La estrategia de diferenciación positiva implica una mayor oferta de productos sostenibles. Requiere, por tanto, la selección de suministradores alineados con los valores de la empresa y sus clientes.

Sin embargo, una estrategia de diferenciación negativa está basada en la ruptura de una relación comercial o en el boicot. Implica la penalización pública de los suministradores que no cumplen con los principios éticos. Sus productos dejan de estar disponibles en las estanterías.

Consecuencias de los cambios en el consumo

La complejidad de las cadenas globales de producción dificulta desentrañar los impactos asociados al consumo de bienes y servicios que realizan las familias.

En el caso del consumo de frutas y verduras, nuestro grupo de investigación GEAR de la UCLM acaba de publicar un artículo en Ecological Economics que da pistas sobre el camino a seguir.

En el trabajo, comprobamos cómo la eliminación de las importaciones de frutas y verduras y su sustitución por otras producidas en España sería beneficioso para el planeta al reducirse la huella de carbono. Sin embargo, generaría una mayor presión en términos de huella de agua escasa. Y, lo que puede ser aún peor, implicaría la destrucción de miles de puestos de trabajo en los países en desarrollo de donde importamos una gran cantidad de tomates, mangos, cebollas, melones, uvas, etc.

En el caso del Mar Menor, la destrucción de los puestos de trabajo se produciría en la Región de Murcia de forma directa si los agricultores no son capaces de vender sus productos a otras empresas donde los impactos ambientales queden enmascarados. Aunque también se extendería a las regiones que indirectamente suministren bienes intermedios a los agricultores murcianos.

La solución pasa por una agricultura más sostenible donde esta sostenibilidad sea visible para los clientes y para los consumidores finales. Por ejemplo, con un ecoetiquetado que no se limite al impacto ambiental, sino que integre las diferentes facetas de la sostenibilidad.

Este sistema puede consistir en el establecimiento de un mecanismo de certificación conjunta, similar al semáforo alimentario, en el que se valoren al mismo tiempo los impactos económicos, sociales y ambientales de los diferentes productos. Esto permitiría que los consumidores pudieran tomar sus decisiones en base a su renta y también a sus principios éticos.

Evitemos el greenwashing

El caso de Aldi no es ni mucho menos el único caso de activismo medioambiental empresarial. Las empresas se están viendo obligadas a actuar ante la creciente presión de la sociedad por una economía más sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

La sostenibilidad se puede considerar como una de las nuevas narrativas económicas que lo impregnan todo y de las que nos habla el premio Nobel Robert Shiller. Los ciudadanos recibimos un mayor número de mensajes relativos a lo sostenibles que son las empresas.

El problema viene cuando dichos mensajes son una táctica de greenwashing que aplican las compañías para adormecer conciencias. Esto incluso podría acabar incentivando la prevalencia de la ecoansiedad, enfermedad reconocida por la Sociedad Americana de Psicología, ya que, al ser insuficientes sus compromisos, los impactos ambientales pueden ser cada vez mayores.

Reducciones de emisiones insuficientes

En términos de cambio climático, este año una sentencia de un tribunal de la Haya (Holanda) ha obligado a la multinacional petrolera Shell a aumentar significativamente sus objetivos de reducción de emisiones hasta el 45 % en 2030. Al alinear sus metas con el Acuerdo de París, la compañía adopta una responsabilidad proporcional a su peso en la economía.

Existe una gran diferencia entre los objetivos de reducción de emisiones que fijan las empresas en sus memorias de sostenibilidad y los compromisos de reducción del 45 % que la ciencia dice que son necesarios, recogidos en el Pacto Climático de Glasgow. Esta discrepancia impide frenar el cambio climático.

Por ejemplo, hemos evaluado en una investigación los compromisos de reducción de emisiones fijados por las empresas multinacionales del sector automovilístico como Volkswagen, Toyota, Nissan o Ford. Hemos comprobado que solo alcanzan entre el 8 % y el 22 % de las reducciones que tendrían que hacer para cumplir con el Acuerdo de París.

En conclusión, bienvenido sea el activismo empresarial, pero sólo si este se alinea con la evidencia científica y es proporcional a las rentas y beneficios generados por las empresas. Las compañías y, sobre todo, las multinacionales tienen la capacidad de influir sobre sus proveedores, solicitando productos que cumplan unos determinados estándares medioambientales.

La capacidad de decisión de los consumidores puede ser limitada por los productos disponibles, pero sus crecientes concienciación y presión pueden provocar el necesario giro hacia la sostenibilidad. Y para ello, los ciudadanos necesitamos una información clara para distinguir qué productos y qué empresas son sostenibles y cuáles no.