Consejo europeo adopta enmiendas clave sobre la regulación de RAEE para aclarar la responsabilidad del productor

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado hoy modificaciones del acto jurídico de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre los que se encuentran productos como ordenadores, frigoríficos y paneles fotovoltaicos.

Las modificaciones tienen por objeto armonizar la Directiva sobre los RAEE con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la nulidad parcial de la Directiva debido a la aplicación retroactiva injustificada de la responsabilidad ampliada del productor a los residuos procedentes de paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de 2012.

Las modificaciones aclaran que:

• los costes de gestión y eliminación de residuos de paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2012 seguirán correspondiendo al productor del aparato eléctrico o electrónico;
• la responsabilidad ampliada del productor en relación con los aparatos eléctricos y electrónicos que se añadieron al ámbito de aplicación de la Directiva en 2018 debe aplicarse a los aparatos introducidos en el mercado después de esa fecha.

Las modificaciones introducen también una cláusula de revisión en virtud de la cual la Comisión debe evaluar, a más tardar en 2026, la necesidad de revisar la Directiva.

Contexto y siguientes etapas

La Comisión adoptó su propuesta para introducir una modificación específica en la Directiva sobre los RAEE el 7 de febrero de 2023. Tras la adopción de sus posiciones de negociación en junio (Consejo) y octubre (Parlamento Europeo) de 2023, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político provisional en noviembre de 2023. El Parlamento Europeo votó formalmente el acuerdo el 6 de febrero de 2024.

Con la votación de hoy en el Consejo se concluye el procedimiento de adopción. El texto de las modificaciones será firmado ahora por los colegisladores. Seguidamente, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después. Los Estados miembros dispondrán de hasta 18 meses para incorporar las disposiciones de la Directiva modificada a su ordenamiento jurídico interno.