Reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha adjudicado el “Estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar, priorización de actuaciones, redacción de proyectos e inicio de tramitación ambiental”, por un importe de 822.679 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, a la empresa Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).

Las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja, ambas en la provincia de Valencia, son algunas de las zonas que presentan mayor riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Por eso, a raíz de las avenidas de 1982, 1985 y 1987 se han ido desarrollando numerosas actuaciones para disminuir los daños que producen las inundaciones en la zona, en concreto con la construcción de las presas de Tous, Escalona y Bellús. Sin embargo, el riesgo sigue siendo elevado, estando declarada la zona como área de riesgo potencial significativo de inundación según la Directiva de Inundaciones.

Esta actuación de la Ribera del Júcar forma parte del Programa de Medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el ciclo de planificación 2016-2021, aprobado por Real Decreto, como la medida estructural denominada “Plan General de Inundaciones del Júcar” (Código ARPSI: ES080-ARPS-0014).

Para poner en marcha este plan se ha realizado un estudio de coste-beneficio, cuyo informe final muestra la viabilidad económica de las obras estudiadas, si bien, debido a su magnitud, necesitan ser priorizadas y definidas detalladamente para proceder a su ejecución.

El objetivo de este contrato es redactar cinco proyectos básicos que sean viables desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, teniendo en cuenta los trabajos ya ejecutados y con toda la experiencia adquirida en la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de la zona.

Estos proyectos permitirán encontrar soluciones a los problemas de inundación presentes en la llanura de inundación del río Júcar, una situación producida por las aportaciones de los ríos Magro (aguas abajo de la presa de Forata), Sellent y Cáñoles (afluente del río Albaida aguas abajo de la presa de Bellús).

También se redactarán diez estudios piloto para la adaptación al riesgo de inundación de edificaciones o instalaciones vulnerables en esta zona.

Tanto los cinco proyectos básicos como los diez estudios piloto de adaptación al riesgo de inundación deberán plantear soluciones para la protección de la población y los bienes frente al riesgo de inundaciones; la recuperación del espacio fluvial y sus valores naturales, sociales y paisajísticos y la mejora en la gestión de los usos de suelo en la zona indudable y la conectividad ecológica entre los espacios naturales protegidos.

Para poder alcanzar dichos objetivos será necesario establecer contactos frecuentes con las Administraciones locales y los agentes sociales, que permitan diseñar conjuntamente soluciones eficaces en la gestión del riesgo de inundación, pero también sostenibles y compatibles con el territorio.

ACTUACIONES ANTERIORES

En 2006 se iniciaron los diferentes estudios, modelos y análisis que dieron lugar a los anteproyectos de las presas de Sellent, Montesa y Marquesado, y a los dos proyectos constructivos de las actuaciones en la llanura de inundación del río Júcar.

Durante el año 2010 se redactaron los proyectos de “Acondicionamiento del río Júcar entre Carcaixent y la autopista AP-7” y de “Mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar”, iniciándose la tramitación de evaluación de impacto ambiental conjunta de ambos proyectos.

Entre los años 2011 y 2013 se realizó parte del Plan de Participación Pública, con la idea de evaluar los impactos que las obras provocarían sobre el territorio. Durante esta etapa surgieron dudas en cuanto a los importes de las obras y de las expropiaciones, lo que, junto con la situación económica del país en aquellos años, hizo que los proyectos se abandonaran. También el impacto territorial de la actuación y las dudas sobre el uso y posterior mantenimiento de los terrenos expropiados complicaron el inicio de la actuación.

La Directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundación y el Real Decreto que la transpone al ordenamiento jurídico español tienen como objetivo principal reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Dicha Directiva obliga a los estados miembros, entre otras cosas, a la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.