La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha fomentará el desarrollo sostenible de la región

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha indicado que la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha “va a suponer un beneficio para todos los sectores de la sociedad, primero porque va a ser una herramienta indispensable para garantizar la protección de nuestro entorno natural y el medioambiente y, en segundo lugar, porque agilizará los trámites de los proyectos contribuyendo a potenciar nuestra economía, la creación de riqueza y empleo”.

Así lo ha manifestado el responsable de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, en su intervención en el Pleno de las Cortes regionales de forma previa a ser aprobada, indicando que esta Ley, al igual que la recientemente aprobada de Economía Circular, va a sentar las bases para el futuro de nuestra región para “asegurar la cohesión social, el progreso y la sostenibilidad, con el mayor consenso posible cumpliendo con uno de los compromisos del presidente García-Page en su apuesta por un desarrollo sostenible para Castilla-La Mancha”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han mantenido un encuentro en las Cortes regionales con los colectivos, entidades y grupos políticos que han participado en su tramitación a lo largo de estos dos años de trabajo, y han puesto de manifiesto su satisfacción ya que esta nueva ley mejora y optimiza la gestión ambiental en beneficio de toda la región.

En su intervención Escudero ha indicado que la norma, que presenta 71 artículos estructurados en tres títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales (además con seis anexos), viene a garantizar una adecuada prevención de las repercusiones ambientales que los proyectos pueden implicar, estableciendo además medidas de evitación, corrección o de compensación, así como los mecanismos para efectuar el seguimiento de su adecuada implantación.

Como ha explicado, esta Ley es la modificación de la ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, adecuándola a la normativa nacional, Ley 21/2013 de 9 de diciembre, así como las directivas comunitarias, con unos objetivos similares pero con el ánimo de lograr dos premisas fundamentales: la simplificación del marco normativo autonómico (tanto para la administración como para el administrado); y la introducción en el procedimiento de mecanismos que pretenden facilitar y agilizar los trámites administrativos.

Además, se extiende la necesidad de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental a más categorías de proyectos que la norma básica estatal, como norma adicional de protección y como forma de desarrollo adecuado a las singularidades de Castilla-La Mancha. Asimismo, se mejora y optimiza la gestión ambiental y administrativa de los proyectos y planes que se presentan para su evaluación con un procedimiento y con una tramitación más ágil y sencilla.

Como novedad, incorpora los procedimientos coordinados de evaluación de impacto ambiental de proyectos, con los derivados de la aplicación de la Ley de Prevención y Control integrados de la Contaminación, inexistente en la normativa estatal. Además, se establece un procedimiento coordinado conjunto consistente en la presentación de una única solicitud.

Ley de gran trascendencia económica para la región

El consejero ha ofrecido datos para entender la gran trascendencia económica y social que esta Ley tiene para la región pues, desde su entrada en vigor en 1999, se han iniciado unos 21.000 procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y más de 2.300 procedimientos de planes o programas. Sólo en 2019 se iniciaron unos 1000 nuevos procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, planes y programas. “Unas cifras que muestran la relación que la actividad económica guarda con las iniciaciones de estos procedimientos y la importancia de la regulación, para facilitar al máximo la agilidad en los mismos”, ha dicho.

El objetivo de este Gobierno, ha apuntado, “es que el proceso de evaluación de impacto ambiental no sea un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de esta región sino una garantía de que los procesos productivos cumplen los criterios ambientales”.

Finalmente, ha destacado que es una nueva ley consensuada “que surge de la experiencia de su aplicación, corrigiendo y adaptando su procedimiento para hacerla más ágil, más transparente y con una mayor participación de la sociedad”. Y ha recordado que se ha contado con la participación y colaboración de todo el tejido social de nuestra región, los grupos ecologistas, federaciones y asociaciones de empresarios y todas las consejerías implicadas, incorporando las sugerencias o aportaciones que le han sido realizadas. Además del respaldo unánime del Consejo Asesor de Medioambiente.

De esta forma, ha concluido agradeciendo a todos desde el Gobierno regional la “empatía e implicación que habéis tenido desde el inicio”, así como el trabajo efectuado por el personal de la Consejería de Agricultura que, en la legislatura anterior, empezó a elaborarla y por supuesto, al equipo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que lo ha continuado con gran éxito”. Pues el objetivo, ha resaltado, “es colocar a Castilla-La Mancha, donde se merece, y que no perdamos ese tren del desarrollo ni ese tren de la sostenibilidad”.