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17-03-2025
Las sociedades de todo el mundo están tomando mayor conciencia de la necesidad de dejar atrás el modelo dominante de gestión de los dispositivos electrónicos, basado en “fabricar-comprar-usar-descartar”, para transitar hacia una economía circular. Con este nuevo enfoque, el impulso de “descartar” se reemplaza por el imperativo de “reparar o reciclar”, garantizando que los artículos recogidos son procesados de tal manera que puedan extraerse las materias primas críticas que contienen.
En lo que respecta a la aprobación de leyes, construcción de infraestructuras y colaboración con fabricantes y consumidores para enfrentar el complejo desafío de los desechos electrónicos, algunas regiones del mundo están teniendo mejores resultados que otras. Europa es un ejemplo notable de un territorio que va en la dirección correcta, pues incorpora la mayor concentración de países con una política, legislación o reglamentación nacional sobre desechos electrónicos. También tiene la tasa per cápita más alta documentada de desechos electrónicos recolectados y reciclados.
Según el informe Global E-waste Monitor 2024, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), en 2022 se comercializaron en Europa 14.000 millones de kilogramos (kg) de equipos eléctricos y electrónicos. Cada persona generó, de media, más de 17 kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), una cantidad muy significativa de residuos electrónicos si la comparamos con Asia, África y las Américas. Sin embargo, los países europeos recogen más del 42% de sus RAEE, un porcentaje superior al de cualquier otra región.
Entre 2010 y 2022, la cantidad de desechos electrónicos generados en el planeta aumentó de 34 mil millones de kg a 62 mil millones de kg.
El modelo de la UE para la economía circular
La forma en que Europa está trabajando hacia la circularidad de los residuos electrónicos podría servir de guía e inspiración para el resto del mundo, donde alrededor del 40% de los países no cuenta con obligaciones legales relacionadas específicamente con la gestión de RAEE.
A mediados de 2024, el Parlamento Europeo adoptó una directiva sobre el “derecho a reparar”, que obliga a los fabricantes a proporcionar servicios de reparación oportunos y económicos, así como informar a los consumidores sobre sus derechos a reparar los productos. La directiva también exige que los fabricantes reparen los productos electrodomésticos comunes, como lavadoras, aspiradoras y teléfonos inteligentes, incluso tras haber expirado sus garantías legales. Para comodidad de los consumidores, se exige a los fabricantes que ofrezcan un producto similar durante el periodo de reparación y permitan a los consumidores elegir una versión renovada en caso de que su producto no sea reparable.
La directiva sobre el derecho a reparar representa un cambio radical con respecto a la forma en que se ha tratado a los equipos rotos o viejos durante décadas.
La directiva sobre el derecho a reparar representa un cambio radical con respecto a la forma en que se ha tratado a los equipos rotos o antiguos, considerados durante décadas como bienes desechables y fácilmente reemplazables. Tanto a nivel global como individual, el mensaje es claro: no se trata solo de sustituir productos por nuevos, sino de optimizar la reutilización y aprovechar al máximo los recursos contenidos en los productos existentes.
Según los modelos de políticas actuales, los países tienen mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos de recolección al aumentar la eliminación de desechos electrónicos. La Directiva sobre el derecho a reparar prevé un cambio cultural: menos residuos pero más redes de reparación, mejor disponibilidad de piezas de repuesto y más opciones para que los consumidores prolonguen la vida útil de sus aparatos electrónicos.
Cambio de paradigma con la Ley de Materias Primas Críticas
En marzo de 2023, la Comisión Europea publicó otra pieza legislativa estratégica, la Ley de Materias Primas Críticas. Dada la elevada dependencia del continente en el suministro de materias primas críticas provenientes del exterior, esta Ley enfatiza el reciclaje y otras estrategias para mitigar la dependencia del bloque de proveedores externos para estos materiales. El documento tiene en cuenta aspectos clave para los principales sectores de la UE y una amplia variedad de aplicaciones comerciales y gubernamentales, como la tecnología verde, las telecomunicaciones, la exploración espacial, la imagen aérea, la aviación, los dispositivos médicos, la microelectrónica, el transporte, la defensa y otros productos y servicios de alta tecnología.
La legislación, las políticas y los sistemas de la UE en materia de residuos electrónicos datan de 2003 y se basan en dos directivas clave: la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE), que establece objetivos para cuestiones como la recogida y el reciclaje de residuos electrónicos, y la Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas (Directiva RoHS), que restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Para lograr una transición exitosa hacia una economía circular será crucial invertir más en desarrollo de infraestructura y creación de capacidad, además de fomentar de manera más activa la reparación y reutilización de productos.
El desafío mundial de los residuos electrónicos
Hasta ahora, las estrategias globales para gestionar y reducir los desechos electrónicos no han sido suficientes para abordar el creciente volumen de los mismos. De hecho, el aumento de la generación de desechos electrónicos supera en casi cinco veces a nivel mundial el aumento del reciclaje formal. La cantidad de residuos electrónicos generados a nivel global sería suficiente para llenar aproximadamente 1,55 millones de camiones de 40 toneladas, lo que provocaría atascos de tráfico a escala mundial.
A medida que avanzan la tecnología y la conectividad, se prevé un mayor incremento en la generación de residuos electrónicos: más ordenadores portátiles, más teléfonos inteligentes, más auriculares, más paneles solares y módems desechados. Cada vez, los vertederos acumulan más tablets, electrodomésticos, consolas de juegos, cigarrillos electrónicos y patinetes eléctricos, algunos de los cuales expulsan sustancias peligrosas al medio ambiente.
Tan solo entre 2010 y 2022, la cantidad de desechos electrónicos generados en el planeta aumentó de 34 mil millones de kg a 62 mil millones de kg, mientras que la cantidad de RAEE reciclados formalmente se mantuvo relativamente estable, pasando del 8% al 14%. Ente las causas de esta disparidad se encuentran el progreso tecnológico, el auge del consumo, las opciones de reparación limitadas, ciclos de vida más cortos en los productos, una creciente electrización y una infraestructura insuficiente para la gestión de estos residuos.
La UIT proporciona asistencia técnica para ayudar a los gobiernos de todo el mundo a desarrollar una reglamentación de los desechos electrónicos adecuadamente financiada y económicamente viable, trabajando en colaboración con los productores y consumidores de productos electrónicos. El objetivo es asegurar que los países fomenten una economía circular al adoptar nuevas normas sobre productos electrónicos, mientras evalúan los aspectos que han funcionado y los que no en otras regiones.
Los datos son claros: contar con una legislación nacional adecuada genera beneficios significativos para los países en su gestión de los residuos electrónicos. Según el informe Global E-waste Monitor 2024, aquellos países que han desarrollado una legislación sobre residuos electrónicos presentan, de promedio, una tasa de recolección cercana al 25 %. Por el contrario, aquellos países carentes de normativa, las tasas de recolección se acercan a cero.
Lograr una transición exitosa hacia una economía circular requerirá el compromiso de todas las partes interesadas, desde legisladores hasta fabricantes y consumidores. Será crucial invertir más en desarrollo de infraestructura y creación de capacidad, además de fomentar de manera más activa la reparación y reutilización de productos. Asimismo, será esencial implementar medidas eficaces para frenar los envíos ilegales de residuos electrónicos.
Aunque aún existen barreras por superar, los beneficios de la transición hacia una economía circular prometen ser extraordinarios: protección de la salud y el medio ambiente, impulso del crecimiento económico, generación de nuevos empleos y conservación de los valiosos y limitados recursos naturales del planeta son solo algunos de ellos.
