España frente al desafío hídrico: del diagnóstico a la acción

Una buena política del agua debe permitir proteger el medioambiente y contribuir al desarrollo económico y bienestar presentes y futuro. Invertir en garantizar el abastecimiento de agua permite a todos los sectores de la economía planificar su actividad sin que el recurso hídrico sea un factor limitante.

España no afronta un problema del agua, sino muchos y muy variados y de muy diversa índole. Existen desafíos medioambientales, que requieren llevar todas las masas de agua a un buen estado cuantitativo y cualitativo, o la protección de zonas con un especial valor medioambiental, como el Mar Menor, Doñana, el Delta del Ebro, y otras muchas, que requieren de planes integrales de actuación. Además, enfrentamos desafíos en materia de gestión de la oferta, de modo que se satisfagan las necesidades presentes y futuras; así como en la gestión del riesgo de inundaciones, que exige de inversiones y actuaciones específicas. A esto se suman los desafíos de gobernanza, que deben añadir transparencia a la gestión y eficiencia, y promover incentivos para un uso más eficiente y responsable del agua.

El mejor futuro de España depende de lo que hoy invirtamos en agua.

En este contexto, España ha realizado importantes esfuerzos de planificación. El Libro Blanco del Agua fue el punto de partida de los planes hidrológicos de cuenca de 1998, previos incluso a la obligación impuesta por la Directiva Marco del Agua. Estos planes sirvieron de base para la aprobación del Plan Hidrológico Nacional de 2001. Sin embargo, pese a la obligación de la Directiva europea de aprobar nuevos planes en 2009, hubo un parón en la planificación. No fue hasta 2014 cuando se aprobó el primer ciclo de planificación conforme a la normativa europea, seguido del segundo en enero de 2016, y recientemente, los planes de cuenca del tercer ciclo para el periodo 2021-2027.

Estos planes hidrológicos de cuenca identifican miles de actuaciones necesarias para llevar las masas de agua superficiales y subterráneas a un buen estado cuantitativo y cualitativo. Además, disponemos de planes de gestión de sequías y de gestión de riesgo de inundaciones, cuyos primeros documentos se aprobaron en 2016. Por lo tanto, está claramente identificado lo que se debe hacer.

Además, se da la muy favorable circunstancia de que las implicaciones medioambientales y socioeconómicas de estas actuaciones las hacen elegibles para recibir fondos del plan NextGeneration, lo que representa una oportunidad única para su efectiva implementación. Nunca antes España había dispuesto de tantos recursos económicos para abordar las necesidades de inversión en materia hídrica.

No hay excusas. Ni las inundaciones ni las sequías en España son algo nuevo, y sabemos que el cambio climático las va a acentuar. Si no queremos que el agua, un recurso estratégico, valioso e insustituible, se convierta en un factor limitante del bienestar, prosperidad y desarrollo futuro de España, la única respuesta que no cabe es la inacción. El mejor futuro de España depende de lo que hoy invirtamos en agua. 

Y para ello, no caben los prejuicios, cabe la previsión y cabe pensar en las generaciones futuras, a las que ya les estamos dejando un futuro lo suficientemente endeudado como para, además, dejarles sin los medios que asegurarán su prosperidad. No debiera hacer falta un drama tan doloroso como el tristemente acaecido en Valencia ni una nueva sequía para recordarnos que mañana es tarde, que se requiere de una actuación urgente e ininterrumpida.

De hecho, España lleva siglos demostrando una buena gestión hídrica. La primera Confederación Hidrográfica, la del Ebro, que data de 1926, aplicaba ya entonces un enfoque integral a la gestión de los recursos hídricos, organizándolos a nivel de cuenca hidrográfica, tal como exige la normativa europea desde el año 2000, a raíz de la aprobación de la Directiva Marco del Agua.

Nuestro país, al tener los recursos hídricos irregularmente repartidos en el espacio y en el tiempo, ha desarrollado importantes infraestructuras y tecnologías avanzadas, que han permitido el desarrollo social y económico, así como una gobernanza eficaz del agua. Muchas empresas punteras son españolas y nuestro regadío, aun siendo su modernización aún una tarea inconclusa, está entre los más desarrollados a nivel mundial. Somos el país que más agua reutiliza de la Unión Europea, y contamos con importantes desarrollos en materia de desalación y tecnología de riego.

En materia de gobernanza, destaca la gestión del regadío a través de las Comunidades de Regantes, asociaciones de usuarios que, desde hace décadas, operan de acuerdo con las recomendaciones internacionales actuales. La Unión Europea tiene en la Directiva Marco del Agua su principal norma para la protección de los recursos hídricos. Esta se articula a través de la planificación de los planes hidrológicos de cuenca y los programas de medidas destinados a que todas las masas de agua alcancen un buen estado cuantitativo y cualitativo, garantizando agua suficiente para los ecosistemas y las necesidades humanas. Aunque aún queda camino por recorrer para su plena implementación, la Directiva europea es un referente internacional en la gestión del agua.

España cuenta, por tanto, con un sólido sistema de gestión del agua, empresas punteras y una planificación aprobada que detalla las medidas necesarias para hacer frente a los principales retos medioambientales, de satisfacción de la oferta, gestión de sequías, inundaciones y de gobernanza. Se dispone de la planificación hidrológica donde se detallan la mayoría de las inversiones que deben acometerse. Además, a partir de la información que nos dan los planes hidrológicos de cuenca, también de la necesaria para poder actualizar el plan hidrológico nacional, que tiene, entre otros objetivos, completar la eficaz planificación coordinando los diferentes planes hidrológicos de cuenca.

Es inaplazable que las actuaciones necesarias queden priorizadas en los presupuestos y en la agenda política, ahora que tenemos la fortuna de disponer de los fondos NextGeneration y otros fondos estructurales de la UE que facilitan las decenas de miles de millones de euros que se precisan.

La lucha contra el cambio climático no solo requiere medidas de mitigación, sino también de adaptación. Nuevos escenarios exigen nuevas inversiones e infraestructuras. Así, al abordar la política hidráulica, también estamos haciendo política climática. Sin embargo, es mucho lo que hay que hacer. Muchas las brechas que cerrar: desde la gobernanza y los marcos regulatorios hasta la digitalización, las infraestructuras verdes y grises, la conservación y restauración de ecosistemas, la economía circular, la reducción de la contaminación o la mejora del tratamiento y depuración de las aguas. No puede haber desarrollo económico, bienestar social ni preservación del medioambiente sin las infraestructuras adecuadas. Y esto requiere inversión. 

Por ello, es inaplazable que estas actuaciones queden priorizadas en los presupuestos y en la agenda política, ahora que tenemos la fortuna de disponer de los fondos NextGeneration y otros fondos estructurales de la UE que facilitan las decenas de miles de millones de euros que se precisan. Además, es esencial facilitar la participación de las empresas privadas, creando marcos que promuevan la colaboración público-privada, especialmente necesaria en un sector donde la propia Directiva Marco del Agua obliga a la recuperación de costes de los servicios asociados.

Es urgente culminar la modernización del regadío e iniciar una segunda fase. Las administraciones deben invertir en eficiencia y ahorro, mientras que las empresas deben comprometerse a cuantificar y reducir su huella hídrica. Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos otorgar al agua el valor que realmente tiene y actuar en consecuencia, minimizando su consumo.

Sin duda, un nuevo marco de gobernanza es necesario para ayudar a lograr todos estos objetivos, prorizando la transparencia y estableciendo incentivos para mejorar la eficiencia y el ahorro del consumo del agua. Cada administración, dentro de sus competencias, debe revisar la tarificación del agua.

También, la ampliación y revisión del Programa de Recuperación y Resiliencia representa una oportunidad única para cumplir con el mandato de transformación ecológica de la Unión Europea y abordar las cuestiones relativas al agua desde una perspectiva ambiental, social y económica. 

Todos estamos afectados y todos debemos sentirnos interpelados: los Estados, las empresas, los ciudadanos… Sabemos mucho de lo que tenemos que hacer, con o sin sequía. Si no queremos que el agua sea un factor limitante del bienestar, prosperidad y desarrollo futuro de España, no cabe la inacción como respuesta. Menos aun cuando tenemos los recursos financieros necesarios a nuestra disposición.