Una transición justa hacia una economía verde en las regiones de la UE

Para hacer frente al impacto social, económico y medioambiental de la transición ecológica, la Comisión Europea propuso en enero de 2020 el fondo de transición justa, que es parte del plan de financiación climática del Pacto Verde Europeo de 1 billón de euros.

La UE se comprometió a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y para lograrlo puso en marcha diferentes iniciativas dentro del Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo luchar contra el cambio climáticocambio climático.

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Línea del tiempo sobre las propuestas en negociación

En el pleno del 23 de julio, el Parlamento pidió al Consejo que justificara las grandes reducciones en los presupuestos del fondo de transición justa y de los fondos “InvestEU”. Ambos se enmarcan en el contexto del Pacto Verde Europeo, una prioridad europea a largo plazo que no debería ponerse en riesgo.

¿Quién consigue financiación?

Todos los Estados miembros pueden acceder a la financiación, pero la mayoría de los recursos se destinarán a las regiones que se enfrentan a más dificultades: regiones con gran intensidad de carbono, que dependen fuertemente de los combustibles fósiles (petróleo, lignito, turba, esquisto bituminoso).

Hacia una nueva era verde que no deje a nadie atrás

En una reunión en julio de 2020, la comisión de Desarrollo Regional pidió un presupuesto mayor para el fondo de transición justa y ampliar su alcance.

En concreto, la comisión del Parlamento quiere que el fondo contemple inversiones sostenibles para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para empresas emergentes y para el turismo sostenible.

También se debería invertir en movilidad inteligente y sostenible y en infraestructuras de transporte que respeten el medioambiente, así como en proyectos que luchen contra la pobreza energética, particularmente en viviendas sociales, y promuevan un enfoque climáticamente neutro y calefacción urbana de bajas emisiones.

Los eurodiputados reclamaron financiación sostenible para las infraestructuras verdes, así como para la regeneración y descontaminación de terrenos industriales y proyectos de reutilización, cuando no se puede aplicar el principio de "quien contamina paga”.

Los miembros de la Eurocámara pidieron una excepción para las inversiones relacionadas con el gas natural en regiones que dependen en gran medida de la extracción y combustión de carbón, lignito, esquisto bituminoso o turba. Insistieron en la necesidad de incrementar sustancialmente el presupuesto y en que se cofinancie hasta el 85% de los costes para proyectos elegibles dirigidos a las comunidades más vulnerables de cada región. Un 1% del total debería ser para las islas y otro para las regiones periféricas. Por último, propusieron un mecanismo de recompensa ecológica para los países que reduzcan más rápido sus emisiones de gases de efecto invernadero.