Sin inversión no cumpliremos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Por Nuria Suárez, RETEMA

El territorio español se caracteriza por reunir una amplia variedad de recursos que son explotados entre los tres sectores productivos; primario, secundario y terciario. Si bien esto ha contribuido al desarrollo económico del país, dotándolo de servicios e infraestructuras de carácter público y privado que velan por el bienestar de los ciudadanos y generan riqueza, el actual modelo de explotación también acarrea consecuencias.

Una problemática ampliamente estudiada ha sido la utilización desmedida de recursos naturales por parte del hombre y las secuelas que ello ha traído hasta el presente. Según datos de Eurostat (EuroStat 2019), en el año 2019 España se posicionaba como el tercer país europeo con mayor índice de estrés por déficit hídrico con un 72% de su superficie en riesgo severo. Esto es, que la demanda de agua superó la posibilidad de ser suministrada, cuestión que se interrelaciona con una amplia variedad de factores que no solo atañen al propio agua y su explotación antropogénica, sino también elementos de tipo natural como la escasez de precipitaciones, una elevada insolación, el aumento de temperaturas o la disminución de humedad.

El XV Estudio Nacional sobre suministro de agua potable y saneamiento estima que el 40% de la red de abastecimiento de agua tiene una antigüedad superior a 30 años.

A raíz de la aprobación por consenso científico de un fenómeno sin precedentes denominado cambio climático, cuya característica es precisamente la alteración brusca de los ciclos en los fenómenos naturales, los factores anteriormente definidos como causantes de déficit hídrico se han ido acentuando de manera exponencial. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en Murcia, Valencia y Canarias el riesgo alto o muy alto de desertización se posiciona próximo al 100%, sin dejar atrás al resto de comunidades autónomas, que también presentan cifras elevadas.

A sabiendas de que el agua está constituida como un factor clave para la economía nacional, llegando a representar el 18% del PIB y siendo infinidad de industrias dependientes de ésta, como la turística, la agraria o la alimentaria, las autoridades han revelado una creciente incertidumbre por el futuro hídrico español. Según cifras de CEDEX, los recursos hídricos se reducirán entre un 28% y un 40% en el 2050 a causa del cambio climático (CEDEX,2018).

A ello se le suma una larga lista de sanciones medioambientales por vulneración de la normativa europea en materia de depuración del agua, que para el estado se traduce en multas millonarias que aumentan exponencialmente mientras no se cumplen las directivas. La cifra asciende ya a 53,4 millones. Estas sanciones responden a la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones españolas de más de 15.000 habitantes, que en el peor de los casos son vertidas al mar sin previo paso por una planta depuradora o con un tratamiento ineficaz, afectando de manera irreversible el ecosistema marino y poniendo en riesgo la salud de los habitantes. Concretamente, un 34% de las aguas residuales no son tratadas acorde con las directrices europeas (EuroStat, 2019c).

Eurostat posiciona a España como el país, de entre las mayores economías europeas, con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019. Con 24€/habitante en 2019 frente al promedio de 40€/habitante.

Asimismo, España se posiciona como el segundo estado miembro de la Unión Europea con más superficie agrícola utilizada, que si bien resulta interesante económicamente, al prestar atención a las exigencias hídricas que esto supone en un contexto de cambio climático y teniendo en cuenta que el país tiene una variabilidad de tarifas del 550% frente al 107% de la media europea, urge una remodelación estructural que atienda a las claves del futuro hídrico: la fluctuación de la disponibilidad del agua y su demanda, la utilización de las TIC en los procesos productivos y la salvaguardia de los recursos naturales.

Una de las grandes debilidades en la gestión de los recursos hídricos españoles es el modelo competencial fragmentado característico de las autonomías, pues entorpece la implantación unificada de redes de saneamiento y depuración, lo que a su vez implica la pérdida de economías de escala. Actualmente y por unanimidad, los expertos coinciden en que una renovación sostenible en el largo plazo debe necesariamente pasar por la inversión en agua. Ya sea en sistemas de depuración, recogida o tratamiento de las aguas, las infraestructuras deben además satisfacer el creciente interés de la población por el acceso a datos fiables y actualizados, tarea que a su vez exige un proceso de digitalización.

Para ello debe implementarse una transformación tecnológica puntera que facilite una gestión eficiente e integral del agua, acorde para satisfacer el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que exige “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

Al ritmo de inversión actual, España cumplirá sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en agua con un retraso de 15 años.

Con la finalidad de consensuar el rumbo del sector hídrico en España, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) organizó el pasado noviembre la Jornada «Realidad y Futuro del sector del Agua en España», que reunió a varios profesionales para debatir la necesidad de promover las inversiones en infraestructuras hidráulicas. Según cifras de Eurostat, el ratio inversor español en protección del medio ambiente es el menor entre las grandes economías europeas. Francia, Alemania e Italia invierten 3.5, 1.6 y 1.2 veces más respectivamente. Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, destacó durante su participación en la jornada que "al actual ritmo inversor, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarán ejecutadas hasta 2045, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030”.

Rosa Arce, directora de TRANSyT-UPM, lanzaba la siguiente interrogación: ¿le importa a alguien el agua limpia? Con ella se dirigía de manera directa a lo que denominó “la actual filosofía social”, es decir, el rechazo de la ciudadanía hacia la construcción de grandes infraestructuras que impactan en el paisaje, como es el caso de las presas y los embalses. Puntualizaba que si el estado en vez de dedicar millones de euros a sufragar multas europeas por incumplimiento de parámetros relativos a la depuración del agua, construyera los sistemas hidráulicos pertinentes sin reticencias ciudadanas y atendiendo a la ordenación del territorio, o lo que es igual, qué usos del suelo y la tierra se están haciendo, cuánta población reside en cada lugar y qué necesidades tiene, podría prevenirse el acuciante problema de la gestión del agua.

"Al actual ritmo inversor, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarán ejecutadas hasta 2045, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030", destaca Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.

Por otro lado, Gonzalo Delacámara, asesor en política de agua y coordinador del departamento de economía del agua en el Instituto IMDEA Agua, ha enfatizado la debilidad estructural existente a la hora de conectar los objetivos sectoriales de la gestión del agua con las metas del modelo de desarrollo económico y social del país. Ante esta problemática, Delacámara juzga la concepción clásica de gobernanza, que persigue optimizar y racionalizar el mapa de competencias y el sistema institucional, y expone su visión particular, concibiendo la gobernanza como la gestión de la complejidad. “Debemos aceptar que la incertidumbre no es algo susceptible de ser mitigado, sino que ha llegado para quedarse, y para ello es necesario modificar los modelos de comportamiento habituales en relación a la gestión del agua”, puntualiza.

En el ciclo intervinieron además otros profesionales del sector cuyo eje común fue la necesidad de inversión en obras hidráulicas y las soluciones que éstas aportan a la mitigación del cambio climático y la escasez del agua. Para finalizar intervino Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, que anunció la puesta en marcha de un Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) en materia de digitalización de la gestión del agua.

Este plan, que contará un presupuesto público de 400 millones para 2022 e inversiones privadas estimadas en 3.000 millones hasta 2026, tiene como objetivo la puesta en marcha de proyectos de transformación y modernización de los sistemas de gestión del agua, tanto en el ciclo urbano y agrario como en el industrial. Está previsto el desarrollo de un plan integral de formación en TIC para gestionar un banco de datos compartido que utilizará técnicas de Big Data, y en lo concerniente a la planificación y toma de decisiones se utilizará la técnica de analítica avanzada.

Si bien queda demostrado que el futuro es incierto, existen determinadas variables susceptibles de ser mitigadas antes de acaecer. Una de ellas es una óptima gestión del agua que mitigue el estrés hídrico y la consecuente sequía derivada de éste. Como se ha adelantado, existe unanimidad ante la necesidad de invertir en obras hidráulicas que favorezcan la economía circular, la ordenación del territorio, la utilización de TIC, la pervivencia de los ecosistemas y, en síntesis, la adaptación humana a un escenario en constante devenir.

Artículo publicado en el número 236 de RETEMA.