La reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental supondrá un ahorro para las PYMES de 1.410 millones de euros

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, ha asegurado que la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, actualmente en tramitación parlamentaria, “refuerza los principios de prevención y de quien contamina, paga”.

Así lo ha manifestado Yanguas en un encuentro con periodistas celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), para explicar el contenido de la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 17 de enero.

El proyecto de ley modifica el régimen de responsabilidad medioambiental, con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar su aplicación. Con esta norma, las garantías financieras se exigirán a aquellas actividades que tienen mayor incidencia ambiental. “No tiene sentido que esta garantía financiera se exija por igual a una PYME o empresa familiar que a una gran instalación industrial”, ha asegurado.

Por esta razón, se mantiene la exigencia de garantías financieras para las actividades de mayor riesgo ambiental al tiempo que se elimina esta carga para aquellas que no suponen una amenaza. “Con esta medida, se reducen cargas administrativas innecesarias, lo que suponen un ahorro de costes de más de 1.410 millones de euros”.

Yanguas ha añadido que esta reforma está en línea con las recomendaciones de la propia Comisión Europea que considera que para facilitar la aplicación del sistema de garantía financiera obligatoria, se debe recurrir a su implantación gradual así como excluir las actividades de bajo riesgo. “Es por eso que el MAGRAMA tiene previsto aprobar en el mes de junio una Orden Ministerial donde se especifique la fecha concreta en la que las primeras garantías deben empezar a constituirse”, ha precisado.

ESPAÑA, PIONERA EN RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

La directora general ha subrayado que España sigue siendo pionera en la normativa de responsabilidad medioambiental por delante de países como Francia, Reino Unido o Alemania, en los que no existe un régimen de garantías financieras obligatorias”.

“Carece de todo rigor que se cuestione sin justificación alguna la aplicación del principio de quien contamina, paga. Con esta reforma y con su efectiva aplicación queda absolutamente garantizado el régimen de responsabilidad medioambiental que se verá, en todo caso, reforzado”, ha concluido.