Recicladores europeos muestra preocupación ante la posible ampliación de la Revisión de la Directiva Marco de Residuos

Un grupo de asociaciones del sector de la gestión de residuos y el reciclaje (CEWEP, EuRIC, FEAD, MWE) expresan su seria preocupación por una extensión de la revisión de la Directiva Marco de Residuos (DMA) más allá del alcance de revisión específico propuesto por la Comisión Europea.

En julio de 2023, la Comisión Europea propuso una revisión específica centrada en la sostenibilidad medioambiental de los sectores alimentario y textil. Estas representan la primera y la cuarta categorías de mayor presión con respecto al uso total de materias primas primarias en la cadena de suministro para el consumo en la UE  y aún no se han adherido plenamente a la jerarquía de gestión de residuos de la UE. Como se describe en la propuesta de la Comisión, representan sectores intensivos en recursos que causan importantes externalidades ambientales negativas, donde las brechas financieras y tecnológicas han impedido el progreso hacia la transición hacia una economía circular y la descarbonización.

Específicamente en el caso de los residuos textiles, la recogida selectiva obligatoria a partir de 2025 tiene como objetivo reducir la contaminación cruzada por otros flujos de residuos, estimular el reciclaje y ascender su tratamiento en la jerarquía de residuos. Sin embargo, los textiles son un flujo de desechos que requiere un tratamiento especial para su adecuada clasificación y reciclaje, lo que requiere inversiones sustanciales en capacidades de tratamiento. Para crear la escala de procesamiento y reciclaje de residuos textiles que aspira la UE, McKinsey estima que la inversión necesaria será de 6.000 a 7.000 millones de euros de aquí a 2030. 

Es vital un sistema obligatorio de Responsabilidad Ampliada del Productor (REP), como propone la Comisión en el artículo 22a, apartado 1, junto con otras medidas para estimular la demanda de materiales reciclados. Incentivará las inversiones en infraestructura y fomentará un mercado de reciclaje. Completar la revisión de la DMA en el mandato actual es esencial para garantizar la implementación de la EPR en toda la UE a tiempo para cumplir con el plazo de recolección separada y mejorar la clasificación para su reutilización y reciclaje lo antes posible. Por lo tanto, instamos a los colegisladores a que se adhieran al alcance de una revisión específica propuesta por la Comisión. Reconociendo que la DMA en sí misma no es el instrumento más apropiado para regular flujos de residuos individuales, y que se necesita una revisión en profundidad de la Directiva, ampliar ahora las discusiones a la DMA general podría retrasar cualquier acuerdo, estancando potencialmente cualquier progreso hasta después de las elecciones de 2024.

Especialmente problemática es la enmienda 43 al artículo 11 presentada en el Parlamento, que establecería la posibilidad de cambiar "la definición de reciclaje para incluir la producción de productos combustibles a partir de materiales, incluidos los residuos". 

La ambigüedad de tal propuesta amenaza todas las inversiones en curso en capacidades y tecnologías de reciclaje. La jerarquía de residuos descrita en el artículo 4 clasifica claramente las soluciones de conversión de residuos en combustible como recuperación de energía, que se clasifica por debajo de la recuperación de materiales (reciclado) y por encima de la eliminación (vertederos o incineración sin recuperación de energía). Ampliar la definición de reciclaje para incluir los desechos convertidos en combustibles corre el riesgo de diluir la jerarquía de los desechos y podría tener un alto impacto ambiental si ciertos desechos dejan de considerarse desechos y se consideran combustible, un producto. Además de socavar el reciclaje de materiales, esto significaría que estos residuos ya no estarían sujetos a los estrictos requisitos de la legislación de residuos de la UE, incluido el Reglamento sobre traslado de residuos.

La introducción obligatoria de "sistemas de clasificación de residuos mixtos" mediante las enmiendas 291, 292, 465 y 467 presentadas en el Parlamento es otra preocupación, ya que tales medidas deben estar sujetas primero a una evaluación de impacto. Si bien las asociaciones firmantes apoyan firmemente la maximización del reciclaje, se estima que dicha medida correspondería a 60 millones de toneladas de capacidad adicional de infraestructura de clasificación de residuos en toda la UE. Los costos y beneficios de introducir estos sistemas mixtos de clasificación de residuos en toda la UE deben evaluarse para todos los flujos de residuos (no limitados a los textiles), analizando el impacto en toda la cadena de valor y considerando la relevancia de las condiciones locales:

Como se mencionó anteriormente, los desechos textiles tienen requisitos particulares, incluida la necesidad de una recolección separada para evitar la contaminación cruzada de otros flujos de desechos y una gestión adecuada en espacios secos para evitar daños por la humedad. Esto significa que la calidad de los residuos textiles separados de los residuos municipales no puede ser adecuada para su reutilización y/o reciclaje en comparación con los recogidos por separado.

Serán necesarias inversiones sustanciales (se estiman 60 millones de toneladas) que también conducirán a un mayor consumo de energía y recursos. Por lo tanto, un análisis de costo/beneficio y una evaluación de impacto ambiental de esta propuesta deben basarse en cifras reales en lugar de datos y suposiciones teóricas. Este análisis requiere total transparencia en toda la cadena de valor, desde la entrada hasta la planta de clasificación y el producto reciclado final.

La eficiencia de esta medida también dependerá de las condiciones locales (espacio disponible, ubicación más eficiente, objetivos, es decir, flujos de residuos específicos en función del sistema local de gestión de residuos, etc.). Se debe tener en cuenta a las autoridades locales y a las empresas de gestión de residuos para diseñar el sistema que ofrezca el mejor resultado.

Por estos motivos, las asociaciones firmantes creen firmemente que el alcance de esta revisión debe adaptarse al tiempo disponible antes del final del mandato y al alcance del trabajo preparatorio llevado a cabo por la Comisión Europea, incluida la evaluación de impacto y la evaluación pública.