El valor de un servicio que no se valora

La gestión y el tratamiento de los residuos municipales parece seguir siendo el servicio público cuyo coste real nadie, o casi nadie, quiere poner sobre la mesa, y ello a pesar de tratarse de un servicio básico y esencial para la ciudadanía que, de no prestarse debidamente, generaría un problema sanitario de primera magnitud y comprometería la viabilidad de cualquier otra acción ambiental que quiera llevarse a cabo para combatir el cambio climático.

Siendo conscientes de su alcance y repercusión, lo cierto es que continúa sin ser un servicio debidamente valorado. De hecho, en muchas ocasiones no tiene ni siquiera un reflejo como tal en los presupuestos de las administraciones, camuflándose o complementándose con partidas destinadas a otros menesteres.

Si bien todos coincidimos en su importancia crucial para el bienestar, la salud y la calidad de vida, cuando se trata de traducir la correcta gestión de nuestros desechos en cifras económicas, cualquier precio que se ponga a esta actividad, por modesto que sea, parece desmesurado, representando para los entes locales una quimera que hay que maquillar e incluso ocultar, cuando, en realidad, gestionar residuos de forma sostenible tiene un coste con nombre propio.

La pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo aquéllos que pertenecemos al sector de los residuos es por qué la gestión y el tratamiento de los mismos no tiene entidad propia, por qué las tarifas que pagamos los ciudadanos nos parecen siempre excesivas, aunque resulten claramente insuficientes para cubrir los costes, y por qué a las administraciones que tienen las competencias en materia de residuos les parece desmesurado el canon que abonan a las plantas de tratamiento, cuando éstas operan desde el máximo cumplimiento de la legislación vigente y con alto estándares de eficiencia.

La gestión y el tratamiento de los residuos municipales parece seguir siendo el servicio público cuyo coste real nadie, o casi nadie, quiere poner sobre la mesa, y ello a pesar de tratarse de un servicio básico y esencial para la ciudadanía.

Hemos entrado en una espiral, que no es precisamente la de la economía circular, que nos ha condenado a no valorar la correcta gestión de los residuos porque parece haberse interiorizado la falsa creencia de que desaparecen por arte de magia, cuando la magia está en el esfuerzo y la labor diaria de cientos de empresas de recogida y gestión, y de miles de trabajadores que, en la mayor parte de los casos, operan las 24 horas del día y los 365 días del año para que, jornada tras jornada, los ciudadanos encuentren los contenedores vacíos y listos para acoger nuevos residuos.

Pero, a diferencia de otros servicios como pueden ser la luz, el agua, internet, telefonía, etc, el del tratamiento los residuos no nos hace disfrutar de algo en concreto, sino que retira de nuestra vista y elimina lo que nos incomoda o lo que podría hacernos daño, pero que no percibimos de forma nítida, quedando casi relegado a la inexistencia, salvo en circunstancias puntuales como pueden ser los conflictos y huelgas en el servicio, momento en el que la basura emerge y crece por doquier, inundando calles y establecimientos, y removiendo conciencias que piden a gritos que se restablezca un servicio que hasta ese preciso instante pasaba desapercibido.

Hemos entrado en una espiral, que no es precisamente la de la economía circular, que nos ha condenado a no valorar la correcta gestión de los residuos porque parece haberse interiorizado la falsa creencia de que desaparecen por arte de magia.

La ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular recoge expresamente que, a partir de 2025, los ayuntamientos quedarán obligados a repercutir el coste real del servicio en las tasas ciudadanas. Entretanto, las plantas de tratamiento se han visto obligadas a actualizar el canon que cobran a sus clientes, los ayuntamientos, por la lesión económica que las medidas estatales han ocasionado sobre sus cuentas. Me refiero, en el caso de Sogama, al impuesto a la valorización energética y al vertedero, a la supresión de la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica, comprometida hasta el año 2026, cuando finalizaría su vida útil, a la disminución de la retribución a la explotación de la planta de cogeneración en el segundo semestre de 2023 y a la recuperación del impuesto energético del 7%. Todo ello se ha traducido en un desequilibrio económico para la empresa pública de 21,9 millones de euros en 2023 y unas pérdidas de 18 millones, cuando en los últimos años la compañía había obtenido beneficios con los que pudo realizar inversiones por importe de 100 millones de euros. Entre éstas, cabría destacar la puesta en marcha de un planta para la recuperación de los materiales contenidos en la basura en masa, que opera en línea con la industria 4.0, y que nos ha permitido incrementar la capacidad de tratamiento del Complejo Medioambiental de Cerceda (A Coruña) en un 81%, llegando a 1 millón de toneladas anuales, además de incrementar nuestra aportación al reciclaje, así como construir y poner en marcha una red de infraestructuras para la valorización de la materia orgánica recogida de forma diferenciada a través del contenedor marrón, conformada por 17 instalaciones: 4 plantas de biorresiduos, una por cada provincia gallega, y 13 plantas de transferencia de apoyo a las que se ha dotado con una tolva específica para el trasvase de la fracción orgánica.

La pretensión última de esta infraestructura ha sido precisamente ayudar a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en el ámbito de los residuos, a cumplir la legislación europea, que exigía que, a partir del 31 de diciembre de 2023, los municipios tuviesen implantada la recogida separada de la materia orgánica. Esta red de instalaciones se complementó con un programa específico de compostaje doméstico, liderado por Sogama en Galicia, en el marco del cual esta empresa repartió de forma gratuita, entre ayuntamientos, centros educativos y colectivos sociales, más de 22.000 compostadores, además de impartir la formación y editar material divulgativo de apoyo. La iniciativa, especialmente orientada al rural gallego, con una gran dispersión poblacional, pretendía que el autocompostaje fuese la opción a seguir por las familias para el tratamiento de sus residuos orgánico, evitando de esta forma una contenerización desproporcionada y una recogida con un coste económico exacerbado debido a las grandes distancias a recorrer, más allá del impacto medioambiental originado por las propias emisiones de CO2 a la atmósfera.

Aunque ya han surgido experiencias en el pago por generación, que sería el sistema más justo, lo cierto es que su verdadera implantación requerirá de tiempo e inversiones, además de formación y sensibilización. Lo realmente importante es que los ciudadanos se vean recompensados por su esfuerzo en la reducción de la producción de residuos y en la segregación de los mismos para posibilitar su posterior recuperación y reciclaje, y que también conozcan el trabajo de sus ayuntamientos, así como el de las empresas de recogida y tratamiento por dar la mejor gestión a esos desechos. La transparencia contribuirá a arrojar luz sobre un servicio que adolece muchas veces de oscurantismo y escaso interés, cuando realmente su importancia es vital. Es por ello que urge explicar a la ciudadanía los costes asociados a la gestión de sus residuos y animarla a ser partícipe del sistema para comprender su dimensión. Solo así podrá valorarlo y cuidarlo. La pedagogía es el primer paso a dar.