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AEAS cifra en 350 millones anuales la inversión necesaria para frenar las pérdidas en las redes de abastecimiento
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El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AEAS-AGA), Jesús Maza, ha participado en la jornada sobre la evaluación de fugas estructurales, celebrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), donde ha ofrecido la visión de los operadores de los servicios de agua urbana.
Durante su intervención, el presidente de AEAS ha recordado que, de acuerdo con los datos del último “Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España (AEAS-AGA)", el volumen de agua no registrada (ANR) en nuestro país es del 23,5%. Este porcentaje incluye las pérdidas aparentes y reales del agua y estas últimas suponen el 14,4%.
Además, ha subrayado que España cuenta actualmente con un total de 248.245 km de redes de abastecimiento de agua y pero que su porcentaje de renovación alcanza tan solo el 0,2%, muy por debajo del 2% ideal para el mantenimiento de las infraestructuras en condiciones de sostenibilidad para la adecuada prestación de los servicios de agua urbana.
En ese sentido, ha destacado que son necesarios alrededor de 350 millones de euros anuales para hacer frente al evidente deterioro de las redes de abastecimiento y reducir el porcentaje de pérdidas reales de agua.
Según Maza es necesario que apostemos por un modelo de cálculo de la tarifa mucho más transparente para el ciudadano y que permita la sostenibilidad del sector, sin tener que depender de subvenciones coyunturales, o medidas fiscales extraordinarias
En definitiva, una estructura de costes y tarifaria más clara, justa y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para actualizar y mejorar las infraestructuras que permitan el óptimo servicio ciudadano, y frenar el deterioro de las ya existentes.
Por último, el presidente de AEAS ha concluido recordando que, desde hace años, el sector reclama el establecimiento de la figura de un organismo regulador, cuyo objetivo debe ser el de armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, aportando seguridad jurídica y trasparencia.