Retos y desafíos del sector del agua en España

La vida es un continuo fluir y, en consecuencia, cada año es una prolongación del anterior, bien es verdad que, para la mejor comprensión y, prehensión de lo acaecido en cada uno de ellos, los separamos.

Sin duda 2023 fue el año del PERTE del agua, que viene coleando desde 2022, cuando se inició. Estamos hablando de 3.600 M €, de los cuales 1.940 M € son inversión directa y el resto procederán de la colaboración público-privada.

Podemos decir que 2023 ha sido el año en el que se impulsó la digitalización del sector del ciclo urbano del agua, lo que se traducirá en la mejora de los tratamientos, del consumo y de la gestión. Ahora queda la ejecución de lo ya adjudicado (200 M €) y adjudicar el resto, lo que tendrá lugar en el nuevo año y sucesivos.

Podemos decir que 2023 ha sido el año en el que se impulsó la digitalización del sector del ciclo urbano del agua, lo que se traducirá en la mejora de los tratamientos, del consumo y de la gestión.

En 2023, como es habitual, se modificaron y vieron la luz nuevas normas, de las que, por su deriva financiera, destacamos el Real Decreto que actualiza los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, que es una trasposición de la Directiva de aguas de consumo, que mejorará la calidad del agua y encarecerá los tratamientos. También, por la misma razón, hemos de citar la propuesta de Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En materia presupuestaria, 2024 sufre la carga de lo no ejecutado en 2023, lo que a efectos prácticos significa que, del dinero de sus PGE, una parte habrá de cubrir lo que no se gastó en ese año.

Sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos dedicados al agua en 2023, hemos de esperar al informe de la IGAE, pero podemos decir que, en esta materia, no hay diferencia notoria con lo que viene ocurriendo en los últimos años, en que los que se invierte aproximadamente la mitad de lo necesario. Este es el talón de Aquiles. 

Hay que construir nuevas infraestructuras y actualizar y conservar las que existen y para eso se necesita invertir lo necesario, pero la realidad constata que no se hace así, con lo que cada año se produce un déficit que se suma a los anteriores y que podemos cuantificar en 40.000 M €.

Cada año se produce un déficit de inversión en infraestructuras que se suma a los anteriores y que podemos cuantificar en 40.000 millones de euros.

Nuestro stock de capital público hidráulico necesita esas infraestructuras para que España progrese bien; no podemos sustentar la industria turística, ni la industria en general y otras muchas actividades sin disponer de agua en la cantidad y calidad debidas.

Tampoco se puede estar al albur de los sucesos climáticos. Periódicamente acaecen episodios de inundaciones y sequías y entonces se actúa. Lo razonable es que estuvieran preparadas las infraestructuras proyectadas para mitigar los efectos de tales acontecimientos, pero en su mayoría no lo están y hay que improvisar soluciones. En la actualidad Cataluña y Andalucía sufren una sequía que las pone en grandes dificultades para abastecer a poblaciones y atender a los riegos. En esta situación se piensan soluciones como abastecer con barcos a Barcelona o hacer trasvases entre cuencas internas. Soluciones ad hoc que no resuelven los problemas, solo los aplazan.

La solución en la lucha contra estas situaciones está en la planificación   hidrológica, esto es, en los planes hidrológicos de cuenca, aprobados en 2023, y también en los planes de inundación y de sequía que deberían proponer las actuaciones a realizar para atenuarlas, las que sean en cada caso, incluidas las dedicadas a obtener recursos no convencionales, como la desalación y la regeneración, de ahí la importancia de construir terciarios en las depuradoras que no los tienen. Al frente de todos ellos el Plan Hidrológico Nacional, el largamente esperado, pero que no llega. Planificación que ha de ser proyectada de acuerdo con la ciencia y la técnica y en ausencia de directrices políticas. La tarea no es fácil, nada menos que cuantificar los recursos disponibles y distribuirlos por todo el país según las necesidades de cada región, para lo cual deben contemplar las infraestructuras que sean necesarias, sin despreciar a priori ninguna y luego ejecutarlas, y para ello se necesita dinero público y público-privado, de otra manera de nada sirven las previsiones. La cuestión es que esas inversiones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y en consecuencia pueden quedar pendientes durante mucho tiempo. Una planificación hidrológica en estos términos evitaría las guerras del agua que han surgido a tenor de la aprobación de los planes hidrológicos.

Los recursos públicos para atender estas tareas no suelen ser suficientes, de ahí que se hable de colaboración público-privada como fórmula para allegar fondos para acometerlas, y que en nuestro país no sirve en los términos en los que está planteada a raíz de la promulgación de la Ley de desindexación y de su reglamento, por no retribuir de forma adecuada el dinero privado.

Esperemos que los fondos de recuperación, transformación y resiliencia alcancen sus objetivos y que tengamos más información sobre la distribución de los 37.000 M € recibidos hasta ahora y las actividades a las que están afectados.

En los últimos años se ha hablado mucho del precio del agua y de la necesidad de implantar la figura del regulador único que homogeneice las tarifas, a fin de que sirvan para atender a las necesidades de todos, haciendo realidad el principio de solidaridad. Solo entonces el precio dejara de ser político en los casos en que lo es. 

En 2024 sigue pendiente de solución la cuestión de la revisión de precios, como herramienta útil para la conservación del equilibrio económico del contrato a lo largo de toda su vida, prácticamente desaparecida con la promulgación de la Ley de desindexación y su reglamento.

La pandemia de COVID 19 y la guerra de Ucrania fueron la causa de la extraordinaria subida del precio de los materiales y de la energía que afectó y aún afecta directamente al sector de la construcción. La cuestión fue especialmente grave a partir de 2021 y aún continúa, ya que a esos sucesos se suman la crisis entre Israel y Palestina y la del Mar Rojo. Ante estas situaciones y las presiones del sector para que se implantara la revisión de precios, se estableció de forma excepcional hasta marzo de 2023 para los contratos de obra quedando fuera de ella los contratos de servicios. Revisión que no tiene en cuenta ni la energía, ni la mano de obra y que es urgente volver a instituir incorporando estos términos y extendiéndola a los contratos de servicios.

Es primordial restablecer el equilibrio económico de los contratos y hacerlo, ya que los incrementos de coste de algunos materiales superan el 25%.

Esperemos que los fondos de recuperación, transformación y resiliencia alcancen sus objetivos y que tengamos más información sobre la distribución de los 37.000 M € recibidos hasta ahora y las actividades a las que están afectados.