La espiral normativa autonómica sobre traslado de residuos es insostenible

Uno de los grandes retos que tiene nuestro país es la falta de armonización legislativa y su impacto en la competitividad, la eficiencia y la creación de empleo. La falta de homogeneidad en sectores como el ambiental, obliga a que las empresas tengan que dedicar una cantidad ingente de recursos para cumplir con las legislaciones de cada comunidad autónoma. Y la gestión de los residuos industriales y peligrosos podría ser un ejemplo paradigmático de ello. 

Pese al salto de gigante que se dio con una ley nacional de residuos largamente esperada, en la que por fin se reflejó la necesaria responsabilidad compartida entre productores y gestores, lo cierto es que seguimos padeciendo la falta de unidad de mercado en nuestro país en un momento en el que la propia Unión Europea aspira a esa unidad a nivel continental. Algo que tampoco parece haber solucionado la Ley de garantía de la unidad de mercado, que se lanzó en el año 2013 con el objetivo de paliar estas deficiencias nacionales. 

La fragmentación es de tal dimensión, que nuestra asociación decidió centralizar en su página web el primer punto de información nacional sobre las nuevas obligaciones de los productores de residuos industriales y peligrosos. En él se puede consultar la normativa nacional y autonómica, para que se conozcan las administraciones encargadas de su aplicación y los recursos informativos en la materia. Y hemos comprobado que la mayor necesidad de información proviene de la fragmentación actual en relación con el traslado de residuos. 

La falta de homogeneidad en sectores como el ambiental, obliga a que las empresas tengan que dedicar una cantidad ingente de recursos para cumplir con las legislaciones de cada comunidad autónoma.

Un caso ilustrativo de ello es que, cuando por fin se comienzan a digitalizar procesos en este ámbito, como es el caso de las plataformas telemáticas de tramitación, el sector se ve obligado a utilizar las plataformas propias que crea cada comunidad autónoma pese a que existe una plataforma de carácter nacional. Pasamos, por tanto, de una excesiva burocracia analógica a una excesiva burocracia digital que, además, presenta numerosos problemas técnicos que han puesto en verdaderos apuros al sector.

Pero esto no ha quedado aquí y el traslado de residuos dentro del territorio nacional continúa siendo una carrera de obstáculos, en la que los desarrollos normativos de las legislaciones autonómicas relacionadas con la economía circular no contribuyen a implementar este cambio de paradigma. Un cambio que lleva parejo el objetivo de lograr el plausible “residuo cero” gracias al reciclaje y la reutilización.

Para los gestores, estos principios de la economía circular se aplican desde sus orígenes y contribuyen de manera decisiva a que superemos una economía lineal. Pero, todo ello, desde una perspectiva práctica, propia de quien tiene que llevar a la realidad lo que para muchos es mera “literatura verde” que se añade a los reglamentos autonómicos sin consultar al sector y conocer su problemática diaria. Y este pragmatismo nos permite afirmar que la aspiración hacia el residuo cero es loable y debe plantearse como objetivo a largo plazo, pero hoy no es del todo posible. Entre otras cuestiones, porque existen residuos cuyo único destino es el de la eliminación, basándose siempre en tratamientos de acuerdo con la jerarquía de gestión. Buen ejemplo de ello es el amianto, un residuo peligroso que se tiene que encapsular y confinar en depósitos apropiados y autorizados que eviten la dispersión de las fibras, ya que son muy peligrosas para la salud de las personas.

Seguimos padeciendo la falta de unidad de mercado en nuestro país en un momento en el que la propia Unión Europea aspira a esa unidad a nivel continental.

Tras muchas cartas y reuniones con los responsables de medio ambiente de varias comunidades autónomas y de partidos políticos, el pasado mes de febrero presentamos una reclamación ante la Secretaría para la Unidad de Mercado -SECUM-, dependiente del Ministerio de Economía. Posteriormente, este organismo reclamó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- que analizara los reglamentos aprobados en Andalucía y La Rioja.

Y es que, el Reglamento de residuos de Andalucía prohíbe la entrada de residuos peligrosos procedentes de otros territorios, algo que la CNMC ha calificado en su informe como “no aceptable” desde el punto de vista de la Ley de garantía de la unidad de mercado. Por su parte la SECUM dudaba en su informe de la proporcionalidad de esta restricción en cuanto al principio de proximidad física que marca la ley nacional. De esta forma, un residuo podría llegar a Huelva procedente de Almería, pero no de Badajoz, que se encuentra mucho más cerca. Y, curiosamente, estas limitaciones no se aplican cuando los residuos salen de esta comunidad autónoma. 

En lo que respecta a La Rioja, su plan director de residuos limita su entrada fijando una distancia máxima de 50 kilómetros para la eliminación de residuos. Este criterio se aplica a los residuos generados tanto dentro como fuera de La Rioja, por lo que cumpliría el principio de proximidad. Sin embargo, la CNMC considera necesario que la restricción establezca excepciones por razones justificadas a fin de paliar su carácter absoluto y la SECUM reclama la motivación de la distancia elegida.

Lo cierto es que todas estas limitaciones constituyen una restricción desproporcionada de la libre circulación de mercancías y son contrarias al principio de unidad de mercado porque la legislación nacional de residuos no contempla que las comunidades autónomas puedan establecer medidas de prohibición general o parcial en relación con los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado. Algo que ha dejado claro la Secretaría de Unidad de Mercado, que considera que las normativas aprobadas no superan el principio de proporcionalidad. Estas regiones están obviando que existen medidas menos gravosas que permiten alcanzar el mismo objetivo, como el sistema de oposición “caso por caso” previsto en la normativa estatal. En su informe, la Secretaría también recalca que la limitación puede “acarrear el riesgo de que algunos residuos no se eliminasen en las instalaciones más próximas a su punto de generación”. 

Las comunidades autónomas deben desarrollar sus regulaciones en materia de residuos con una concepción nacional en el desarrollo de la legislación. De lo contrario, se aplica una visión sesgada de la misma.

Todo esto es de sentido común si se tiene en cuenta que los gestores realizan los tratamientos en instalaciones altamente especializadas y se pulverizarían las economías de escala si se tuvieran que construir todas las tipologías de instalación en cada comunidad autónoma.

No se puede olvidar que las comunidades autónomas deben desarrollar sus regulaciones en materia de residuos con una concepción nacional en el desarrollo de la legislación. De lo contrario, se aplica una visión sesgada de la misma, que llevará a tratamientos más costosos y al más que probable colapso de la industria por los años que se tardan en poner en marcha una instalación de esas características que, además, suelen sufrir de contestación política y social, lo que demora siempre más el proceso.

Esperemos que estos informes de los reguladores frenen un posible efecto llamada entre las comunidades autónomas porque la situación sería insostenible para la industria y se fomentaría una escalada de insolidaridad entre territorios que solo puede acabar en litigios, perjudicando a los ciudadanos y al medio ambiente.