El sector del agua afronta 2023 con incertidumbre

Desde ASAGUA reclamamos la revisión de precios sin limitaciones y la posibilidad de que el órgano de contratación pague directamente el coste de la energía
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11-04-2023
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Para el sector del agua, el año 2022 ha estado marcado por el encarecimiento de los trabajos de construcción y operación. La subida de precios de las materias primas, los altos costes energéticos y los problemas de desabastecimiento y retrasos de suministros han provocado grandes pérdidas a las empresas. Se han suspendido obras y se han quedado desiertas licitaciones, peligrando el cumplimiento de las ya de por sí escasas inversiones en agua y, por tanto, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Gobierno, para solventar esta situación, ha aprobado disposiciones que contemplan medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras pero que, a la vista está, no han dado solución al problema. La pobre revisión de precios que no tiene en cuenta ciertos materiales básicos ni la energía y limita el resultado, ha sido una medida poco eficiente. Y qué decir en cuanto a las labores de explotación de las infraestructuras, sin revisión de precios -son contratos de servicio- ni compensación por la carestía de la energía, que supone el mayor coste de explotación de una EDAR - más del 40%-. Las empresas se han visto obligadas a trabajar con pérdidas.

 

Los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca, los Fondos Next Generation y los Presupuestos Generales del Estado aportarán más de 24.000M€, que es necesario invertir hasta 2026 y hacerlo bien, lo que obliga a la administración a llevar a cabo las reformas estructurales que lo permitan.

 

Ante esta grave situación, desde ASAGUA reclamamos la revisión de precios sin limitaciones y la posibilidad de que el órgano de contratación pague directamente el coste de la energía, en cuyo caso este término estaría bien excluido de las fórmulas de revisión de precios.

A pesar del difícil contexto que atraviesan las empresas del ciclo urbano del agua, siempre han desarrollado sus labores según lo estipulado, ofreciendo un servicio esencial para los ciudadanos.

Los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca, los Fondos Next Generation y los Presupuestos Generales del Estado aportarán más de 24.000M€, que es necesario invertir hasta 2026 y hacerlo bien, lo que obliga a la administración a llevar a cabo las reformas estructurales que lo permitan.

Gracias a las inversiones y ayudas que contempla el PRTR, las empresas podrán reforzar su músculo financiero, siempre y cuando el Gobierno articule una modificación legislativa para el sector servicios, que le permita compensar las enormes pérdidas que está sufriendo debido al incremento de precios, especialmente los energéticos. De lo contrario, el sector se debilitará y quedará sin capacidad para realizar inversiones, dado que el capital disponible se dedicará a pagar las facturas eléctricas y, en consecuencia, se desaprovechará la oportunidad que nos brindan los fondos europeos. Así lo requiere Europa, por eso es tan importante que se cumpla el plan, para que su impacto positivo en la economía se empiece a notar lo antes posible. Además, es vital ejecutar las actuaciones necesarias y llevarlas a cabo en ausencia de intereses partidistas para lograr infraestructuras que respondan a las necesidades sociales y eviten el derroche de años pasados.

 

Gracias a las inversiones y ayudas del PRTR las empresas podrán reforzar su músculo financiero, siempre que se acompañe de una modificación legislativa que compense el incremento de precios.

 

Durante más de una década hemos soportado el descenso de contratación pública, con consecuencias nada buenas para la sociedad y poniendo en riesgo el servicio. Algunas infraestructuras se han deteriorado hasta el punto de no dar las debidas prestaciones; infraestructuras que debieron ser renovadas, no lo fueron por los recortes en las inversiones, que son eso, inversiones, no un gasto. Existen entes locales que no pueden garantizar la conservación de las infraestructuras del agua, con el consecuente impacto negativo en el medio natural. Esto nos lleva a la cuestión de las competencias en materia de agua; en España hay tanta dispersión de competencias como de entes locales, y no debería ser así; por eso seguimos abogando por la creación de un regulador único.

Desde hace años ASAGUA trabaja incansablemente para lograr una de las reivindicaciones históricas de la asociación: alcanzar la mejor relación calidad-precio en las licitaciones. Estamos férreamente convencidos de que el precio no puede ni debe ser el criterio decisivo y decisorio de la adjudicación por parte de los poderes públicos. Cuando se adjudica mal, pierde la sociedad. Que la adjudicación recaiga en una oferta técnica de baja calidad, aunque sea la más barata, es un error.

La Ley de Contratos del Sector Público proporciona herramientas suficientes para que las bajas se atemperen. No se trata de adjudicar a la oferta más económica, sino a la que presente la mejor relación calidad-precio.

En la memoria técnica se describen el proceso de ejecución y los procedimientos y se resaltan las carencias del proyecto. Los técnicos deducen la bondad de la propuesta y la califican. Cierto es que estas operaciones suponen juicios de valor, pero la práctica demuestra que las puntuaciones de varios técnicos bien formados difieren poco entre ellas. Por ende, su valor tiene que ser al menos igual, sino superior, al resto de los criterios de adjudicación.

Es por ello fundamental que los pliegos de cláusulas administrativas particulares devuelvan a la memoria técnica su valor como criterio esencial en la búsqueda de la mejor oferta amparada en la relación calidad-precio. Solo así se conseguirá adjudicar la infraestructura a una oferta de buena calidad técnica y a precio de mercado. De no hacerlo, el poder adjudicador asume un riesgo innecesario; la experiencia demuestra que la actuación al final sale más cara, tanto si se añade más dinero para que concluya, como si el contrato se acaba resolviendo, incidencias que retrasan la actuación y la encarecen.

Esperemos que los gestores públicos tomen nota de las consecuencias de su inacción y 2023 traiga medidas que remedien la situación. El panorama es sombrío, acabamos de finalizar uno de los años más secos en la historia de España y resulta primordial cuidar el patrimonio hidráulico que tenemos. Solo así evitaremos males mayores, cuya sombra se cierne sobre nosotros.