El impacto de la nueva ley de residuos en los gestores de residuos industriales y peligrosos

El año 2022 ha arrancado con la aprobación de una las normativas más esperadas para el sector de los residuos industriales y peligrosos: la Ley de residuos y suelos contaminados. Hay que tener en cuenta que la ley anterior data de 2011 y, durante este tiempo, se ha logrado un cambio que desde la perspectiva de los gestores es muy relevante. A partir de ahora, el productor inicial o poseedor del residuo tendrá una responsabilidad sobre el mismo y deberá asegurar un tratamiento final adecuado, además de documentarlo. Esto modifica el modelo que tenía España de responsabilidad delegada y puede suponer una vía para erradicar las malas prácticas en nuestro sector, lograr una mayor trazabilidad y optar por las mejores técnicas y tratamientos para lograr una mayor calidad de las materias recicladas.

Para lograr que este cambio de modelo se consolide hace falta mayor información y concienciación dirigida a los productores de los residuos. Especialmente en lo relativo a sus obligaciones y para que comprendan mejor el nuevo enfoque que tiene esta ley en lo relativo a su responsabilidad en la gestión. Creemos que se deben poner en marcha campañas informativas dirigidas a los productores profesionales e industriales al igual que las que se realizan entre los ciudadanos sobre sus obligaciones en la separación y entrega de los residuos. Hay que recordar que en la tipología de productores de residuos industriales y peligrosos también entran muchas micro pymes que no siempre tienen los recursos suficientes para poder estar al día de todas estas novedades legislativas.

Se hace necesaria mayor información y concienciación dirigida a los productores de los residuos para consolidar un cambio. Especialmente en lo relativo a sus obligaciones y para que comprendan mejor el nuevo enfoque que tiene esta ley en lo relativo a su responsabilidad en la gestión.

Necesidad de armonización y concreción

Sin embargo, la nueva ley incluye aspectos que también pueden incrementar las diferencias en la gestión de los residuos. Algunas de ellas están relacionadas con la aplicación de los conceptos subproducto y fin de la condición de residuo. Y otras con el diferente incremento que pueden realizar las comunidades autónomas de los tipos impositivos al vertido y a la incineración.

A esto se une la necesaria armonización en la tramitación telemática de los traslados de residuos. Ahora que es obligatoria la realización del procedimiento electrónico de los traslados de residuos, y se dispone de una plataforma telemática de ámbito nacional -eSIR, algunas comunidades autónomas también han desarrollado sus propias plataformas. Con ello, los gestores se están encontrando numerosos problemas, por no estar suficientemente operativas y por la falta de capacidad de tramitación. Esta situación de múltiples plataformas telemáticas genera inseguridad jurídica entre los gestores y les consume mucho tiempo y recursos, cuando la digitalización de los procesos debería servir precisamente para lograr el efecto contrario. En cualquier caso, desde nuestra asociación vamos a seguir promoviendo la formación relacionada con estas plataformas entre el sector en colaboración con las administraciones públicas, como ya hemos hecho con el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía.

El impuesto al depósito en vertedero, incineración y coincineración que ha creado la ley ha dejado sin especificar cuestiones de tipo técnico, como la aplicación de algunas exenciones y tipos impositivos y el responsable de aplicarlas, estos aspectos son necesario concretarlos para evitar a los contribuyentes problemas con los organismos competentes en materia de recaudación.

La armonización en la tramitación telemática de los traslados de residuos resulta fundamental para los gestores. Las múltiples plataformas telemáticas presentes genera inseguridad jurídica y un grave problema de ineficiencia.

La cuestión urgente de los residuos sanitarios

Y donde, sin duda, es más necesaria la armonización legislativa es en el sector de los residuos sanitarios. Actualmente, la mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado normativa específica en esta materia, por lo que existen doce legislaciones diferentes que, en muchos casos, se aprobaron en los años 90 del pasado siglo. Además, no hay una clasificación y nomenclatura homogénea a lo largo del territorio nacional.

Por eso es urgente una unificación de estas normas que establezca métodos de gestión y tratamiento, plazos, definición de las enfermedades consideradas infecciosas, una recogida selectiva que evite riesgos durante la gestión y un establecimiento de los contenidos mínimos de los contendores. Con ello se favorecería la innovación y el desarrollo tecnológico, la competitividad y la aplicación de la economía circular en una actividad que ha mostrado su relevancia y profesionalidad durante la pandemia.

La armonización legislativa es especialmente urgente en el sector de los residuos sanitarios. Actualmente, la mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado normativa específica en esta materia, generando hasta doce legislaciones diferentes.

La problemática del amianto y la nueva ley

Otra cuestión de la nueva ley de residuos que requerirá concreción es a todo lo relativo al amianto, un residuo peligroso que España prohibió totalmente en 2001. La directiva europea 2003/18/CE prohíbe su uso y comercialización e indica su sustitución por otros materiales dado su potencial peligrosidad en el tiempo. Y el Parlamento Europeo instó a la UE, a la Comisión y a los Estados miembros a que inventariasen la presencia de amianto y elaboraran mapas de localización para, posteriormente, realizar planes de acción para su eliminación antes de 2028.

Debido a todo esto, la nueva ley de residuos obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, sin embargo la magnitud y complejidad de la tarea requiere de criterios para realizar dicho censo, y de medidas de control.

Y si a la cuestión del amianto le sumamos los impuestos al depósito en vertedero y los actuales costes energéticos y de carburantes, nos podemos encontrar con un escenario preocupante de depósitos ilegales. El vertido ilegal supone un riesgo de contaminación del suelo y, por tanto, un riesgo para la salud. Algo que encontramos en la práctica totalidad de las poblaciones españolas, donde hay caminos en los que se depositan todo tipo de residuos. Entre ellos, residuos peligrosos de envases que han contenido sustancias peligrosas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, especialmente, materiales de construcción con amianto. Creemos que esta cuestión tiene suficiente relevancia e impacto como para que se desarrolle un plan estatal de desamiantado en el que también se incluyan incentivos económicos que ayuden a dinamizarlo.

También queremos aprovechar estas líneas para recordar que, en agosto de 2022, finaliza el plazo para que las instalaciones apliquen las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de residuos- Estás técnicas están incluidas en el Documento de Referencia (BREF) de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de la Unión Europea. El objetivo de estas conclusiones MTD es reducir las emisiones de diferentes tratamientos y otras cuestiones medioambientales. Dadas las circunstancias ocasionadas por la pandemia este plazo va a resultar insuficiente para la armonización de los criterios y su posterior aplicación.

Dado el contexto actual, en el que la invasión de Ucrania ha disparado los costes de la energía y los carburantes, la valorización energética cobra una importancia que puede ser geoestratégica.

Por último, desearíamos poner en valor que, además de la recuperación y el reciclaje, la valorización energética de residuos también contribuye a la mitigación del cambio climático y a la economía circular. Así lo ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Federación Europea de Gestores de Residuos (FEAD), realizado por la consultora PwC. El estudio muestra que se evitan significativamente las emisiones de CO2 al convertir los residuos en energía para producir calor, vapor y electricidad, y puede sustituir eficazmente a los combustibles fósiles como alternativa de bajo carbono. Además, se recuperan materias primas secundarias, como metales y áridos, que pueden utilizarse en nuevos productos y procesos. Dado el contexto actual, en el que la invasión de Ucrania ha disparado los costes de la energía y los carburantes, la valorización energética cobra una importancia que puede ser geoestratégica.