- 3611 lecturas
- 3611 lecturas
Este día nos recuerda la responsabilidad compartida de tomar medidas concretas para mitigar y adaptarnos a estos cambios. El cambio climático no puede entenderse solo como la suma de riesgos climáticos locales y nacionales, sino como riesgos globales interconectados. De este modo, la sociedad, las administraciones públicas y el sector privado en su conjunto deben reflexionar de forma colectiva y global, anticipando, previniendo y gestionando las consecuencias futuras de nuestras acciones presentes. Estamos en la era de los riesgos; su análisis no resulta fácil y nos enfrentamos constantemente a la necesidad de cuestionar nuestras estructuras sociales, culturales y de conocimiento en respuesta a los desafíos y peligros que afrontamos. A continuación detallo algunos de los riesgos y algunas de las medidas más relevantes para hacer frente a los mismos:
El riesgo del escepticismo
El escepticismo sobre el cambio climático puede parecer lógico. Sin embargo, la ciencia y la tecnología, con su omnipresencia en nuestras vidas, son clave para aportar las evidencias que sumen al esfuerzo en la lucha contra el cambio climático. En nuestro día a día, el cambio se ha convertido en la norma y la incertidumbre es un estado natural. Por ello, es importante recurrir a la ciencia para que nos aporte datos pasados que nos ayuden a proyectar el futuro.
La drástica aceleración del cambio climático
El calentamiento global ya es una realidad. La intensidad y la frecuencia de fenómenos climáticos y meteorológicos extremos lo dejan claro: el cambio climático se está acelerando. Según el último informe del IPCC (AR, Synthesis Report: Climate Change 2023), las actividades humanas, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han provocado un aumento de las temperaturas en superficie de 1,1 °C durante el periodo 2011-2020 respecto a los valores de 1850-1900.
Hace apenas 9 años, en 2015, las 169 partes, mediante el Acuerdo de París, acordaron el objetivo a largo plazo de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y fomentar nuestra resiliencia mediante corrientes de financiación coherentes y sostenibles. Por su parte, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29, se celebrará entre el 11 y el 22 de noviembre en Azerbaiyán. El encuentro, bajo el lema “Solidaridad por un Mundo Verde”, pretende extender los acuerdos alcanzados en el histórico Acuerdo de París y promover la colaboración entre países para alcanzar la transición energética. Se espera un aumento de la ambición de las Partes en la creación de los próximos planes climáticos nacionales (NDC).
Las medidas están en marcha
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), son herramientas clave para movilizar acciones climáticas a nivel global, siendo el núcleo del Acuerdo de París y fundamentales para la consecución de los objetivos a largo plazo. Estas contribuciones nacionales se presentan cada 5 años, por tanto, el 2025 es año de reporte de la progresión y planteamiento de acciones concretas para los siguientes años. Este próximo año podremos ver el grado de avance y consecución de los principales retos.
Las energías renovables, esenciales para combatir el cambio climático
Ya en el informe de seguimiento de NDC publicado por Naciones Unidas en el 2022, todas las partes mostraron objetivos de mitigación, desde objetivos de reducción absoluta de las emisiones en toda la economía hasta estrategias, políticas, planes y acciones para un desarrollo con bajas emisiones. En concreto, las medidas nacionales de mitigación para la generación de energías renovables (88%) fueron las más mencionadas por las Partes, seguidas de las medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios (70%) y para la forestación, reforestación y revegetación (54%).
Equidad y desarrollo sostenible prioridades para países en desarrollo
Las medidas de mitigación y los objetivos de reducción de emisiones llevarán más tiempo para países en desarrollo, y se realizan sobre la base de la equidad, y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza, que son prioridades críticas para países en desarrollo.
El riesgo de la distinta aplicación del marco jurídico europeo
La Ley Europea del Clima establece las guías para que los países de la UE reduzcan al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcancen la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, su aplicación a nivel nacional puede variar en función de la interpretación y ambición de cada Estado miembro. Este enfoque desigual puede generar fragmentaciones e incumplimiento de los objetivos comunes, afectando la competitividad y la cohesión del bloque en la lucha contra el cambio climático.
España, energías y tecnologías renovables
En el caso de España, la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 promueve una transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, con un fuerte énfasis en el desarrollo de energías renovables y los gases renovables como parte integral de la estrategia para combatir el cambio climático. Pero, aún existen desafíos en cuanto a la implementación efectiva de las medidas y la garantía de financiación adecuada para asegurar su cumplimiento a largo plazo.
Para la consecución de los objetivos de descarbonización marcados por el PNIEC es clave la participación y colaboración público-privada investigación e innovación. El esfuerzo debe de ser colectivo y con un enfoque comprometido podremos enfrentar los retos que plantea el cambio climático y asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras.
La emergencia climática es un riesgo de todos, desde individuos hasta empresas
En definitiva, es fundamental promover e implantar acciones nacionales para contribuir a reducir los riesgos y ralentizar el avance del cambio climático. Además de las políticas nacionales y europeas en el ámbito gubernamental, el sector privado es un agente fundamental en la acción climática. Las empresas privadas son facilitadoras de la transición mediante acciones que ponen en marcha planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, investigación e innovación empresarial y acciones que dinamizan la cadena de valor y su contribución con su apoyo políticas públicas y objetivos ambiciosos.