"Para paliar la sequía extrema en Chile debe promoverse un manejo integrado del recurso hídrico"

Chile y particularmente su capital, Santiago, está sufriendo un caso excepcional de sequía extrema que se ha extendido durante casi trece años, siendo este 2022 el más perjudicado. Con la finalidad de paliar esta situación, el gobierno chileno anunciaba el pasado abril un plan sin precedentes para racionar el agua, pues las estimaciones cifran en un 37% la disminución en los últimos 30 años del agua disponible en el país.

Para comentar esta nueva medida y los aspectos más relevantes de la gestión hídrica chilena conversamos con Darío Soto Abril, Secretario Ejecutivo de la Alianza Mundial para el Agua (GWP por sus siglas en inglés), que nos adelanta la estrategia que la entidad defiende para el manejo integrado del recurso hídrico.

¿A qué se debe la sequía que sufre Chile?

Esta sequía obedece a cambios en los patrones del clima por un lado y al manejo que se hace del agua por otro. El país cuenta con unos “derechos de aprovechamiento del agua” en su Constitución de 1980 que permiten hacer entrega de esta materia prima a usuarios privados, provocando a su vez que su uso se destine en mayor medida a la agricultura y otros sectores productivos en detrimento del abastecimiento humano. A esto se suma que el caudal de los dos ríos principales que nutren Santiago, el Maipo y el Mapocho, está muy por debajo de los niveles que permiten un correcto abastecimiento de la ciudad.

¿En qué consiste el nuevo plan de contingencia para el agua?

Se han impuesto cuatro niveles para racionar el agua. El primero y menos grave consiste en la concienciación ciudadana para que reduzcan su consumo; el siguiente nivel reduce la presión del agua a determinadas horas de la noche; un tercero contempla la reducción en la presión del agua de manera generalizada y, por último, el cuarto implementa cortes de suministro sujetos a la gravedad de la situación.

Se ha empezado con este modelo desde ahora porque se prevé una reducción aún mayor del caudal de los ríos en el verano y se busca mitigar la posibilidad de que Santiago llegue al "día cero”, cuando no haya suficiente agua para todos.

Esta es la situación actual pero no es la ideal, pues aunque ha habido casos de éxito en otros países respecto al racionamiento, también debe contarse con un posible acopio extra de la población para almacenar. También, al ser las medidas aplicadas por hogar y no de forma individualizada, pueden existir diferencias en el impacto que éstas tengan dependiendo del número de integrantes de cada vivienda.

Esta situación se ha extendido durante 13 años, ¿por qué han decidido actuar ahora?

Uno nunca se espera llegar a niveles preocupantes, por un lado siempre hay esperanzas de que cambien los patrones de lluvia o que las campañas de concienciación sean efectivas, mientras que por otro aplicamos una lógica humana para no hacer efectivas las medidas hasta no avistar el problema de frente.

Mientras no se tomen medidas para afrontar la atribución de los derechos del agua y luchar contra el cambio climático la situación va a permanecer igual, puede que llueva mucho y suban finalmente los niveles de las aguas, pero la distribución inequitativa de la misma seguirá ocurriendo si no cambia el sistema. Somos optimistas a raíz de las conversaciones mantenidas por la Alianza Mundial para el Agua con los dirigentes para ejecutar una revisión de este aspecto en la Constitución. El nuevo presidente ha firmado un nuevo Código de Aguas que prioriza el consumo humano frente al productivo, atendiendo a una demanda histórica y dando mayor énfasis al agua como bien común y derecho humano fundamental.

¿Han dejado los dirigentes de lado este recurso?

Cuando se promovió la actual Constitución en los 80 el planteamiento era en mayor medida productivo, el agua se configuraba como prioridad para la generación de ingresos y empleo. Con esa dinámica se desarrollaron los “derechos de aprovechamiento del agua”, que facilitaron su tenencia privada a perpetuidad, pero las prioridades han cambiado y ahora priman la escasez, el cambio climático y la necesidad de dar un manejo integrado al recurso hídrico.

En ocasiones el gobierno se ha visto obligado a comprar estos derechos a privados para poder abastecer a comunidades mediante camiones con bidones de agua. Una solución alternativa y sostenible consiste en cambiar la ley, democratizar el acceso al agua y construir las instalaciones pertinentes para el abastecimiento continuo de este bien.

¿Qué propone GWP para el país?

La Alianza Mundial para el Agua realiza un acompañamiento al gobierno y todos los sectores en diversos aspectos. En lo que respecta al cambio climático, a través de medidas de mitigación y adaptación al mismo como replantar árboles o proteger los terrenos boscosos; también un asesoramiento en el actual proceso de cambio de las leyes para que el acceso al agua en Chile sea equitativo, así como promover un manejo integrado del recurso hídrico.

¿En qué consiste este manejo integrado?

Implica sentar en la misma mesa no solo al gobierno, sino también empresarios, agricultores y asociaciones que representan los intereses ciudadanos. El modelo antiguo en el que los gobernantes atendían exclusivamente a los sectores productivos ha quedado obsoleto y desde GWP proponemos uno que involucre a usuarios, planificadores y realizadores de política a todos los niveles, pues el agua nos compete a todos.

Lo bonito del modelo es que se contrapone al anterior, priorizando la participación, garantizando que el gobierno escuche a la sociedad civil, al igual que al sector industrial y a los agricultores. Además, se consagra en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el numero 6 “Agua y Saneamiento” y el 6.5.1 “Manejo Integrado del Recurso Hídrico”, que aporta la visión del agua como elemento transversal a todas las áreas y aspira a políticas públicas que den prioridad al manejo integrado de la misma.

¿Camina el gobierno chileno en la dirección adecuada?

Están comprometidos con la revisión de los derechos de aprovechamiento del agua y el presidente ha firmado el nuevo Código de Aguas tras muchos años de espera, lo cual supone un enorme avance. Al igual que en el resto de países las emergencias se responden por emergencias, ahora es el turno del agua y toca centrarse en este aspecto. A nivel global el agua potable se distribuye alrededor del 70% en agricultura, 20% en la industria y solo el 10% va a los hogares; la mayoría se enfoca en la productividad, lo cual no es malo porque necesitamos sus servicios, pero debe priorizarse la seguridad hídrica de todas las partes.

¿De qué manera se beneficiaría el país con la implementación de un modelo circular?

Existen una multitud de “soluciones basadas en la naturaleza” que incluyen, por ejemplo, el uso de bacterias y energías renovables para fomentar la circularidad y propiciar que se aproveche al máximo el agua destinada a una determinada actividad, pudiendo hacerse un uso alternativo de la misma hasta agotar su vida útil.

Nuestras conversaciones respecto al cambio climático tienen como meta el año 2030. Debemos responder a la crisis climática, pero también adaptarnos a todas las nuevas medidas de economía circular o soluciones basadas en la naturaleza. Desde que se empiezan a implementar es palpable el cambio en la comunidad o región.

Yo quiero tener esperanza, aunque no debe pasarse por alto que estamos en una situación de guerra donde el consumo del agua y de combustibles fósiles se ha incrementado. Hay razones para ser optimistas por todas las innovaciones que se están ejecutando hoy en día respecto al cambio a un modelo circular, pero también existen razones para estar preocupado a nivel global.

¿Hay perspectiva de cambio?

La sociedad está muy vinculada y la conciencia ambiental es elevada. Debemos crear un gran diálogo nacional siendo muy claros y sin excluir a ningún actor para lograr un balance justo, pues sin agricultores no hay alimentos y sin industria no producimos bienes de consumo ni generamos empleo. Todas las partes saben que el cambio viene inevitablemente y nosotros acompañamos en esa transición.

Para mí lo más importante es reconocer la importancia del manejo integrado del recurso hídrico, de cómo el agua se maneja en conjunto con otros recursos mediante una conversación colectiva entre los integrantes de la sociedad y cómo la situación en Chile, si bien está ligada al cambio climático, también lo está a la legislación en materia de distribución del agua en el país, lo cual reitera la importancia de que este manejo se haga de manera participativa, integrada y racional.

¿Qué expectativas tiene GWP para el futuro?

Que la gestión del agua sea integrada e incluya a la totalidad de la sociedad; que se destinen los recursos necesarios para ejecutar los cambios requeridos en la adaptación y mitigación del cambio climático; que exista una firme voluntad política, pues conlleva conversaciones difíciles, y finalmente que trabajemos de manera más colaborativa para impulsar de manera definitiva el cambio que buscamos.