Gobierno y comunidades autónomas avanzan en la normativa destinada a minimizar los riesgos de las inundaciones

El Gobierno central y las comunidades autónomas avanzaron el pasado miércoles en la concreción de la normativa destinada a minimizar los riesgos que las inundaciones representan para la población. La conselleira de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras del Gobierno gallego, Ethel Vázquez, junto con el director de Aguas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, participó en Madrid en la reunión del pleno del Consejo Nacional del agua, en el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente (Magrama), que abordó este asunto.

En la reunión se debatió el borrador de Decreto de modificación del reglamento del dominio público hidráulico, que establece los usos y actividades humanas que pueden desarrollarse sobre seguro en las zonas de flujo preferente y en aquellas otras zonas que, aunque en una menor medida, tienen probabilidad de inundarse ante crecidas puntuales de los ríos. El objetivo último es el de evitar riesgos de daño a la población.

Hay que recordar que para prevenir el riesgo de inundación y la posible afición a la población de las crecidas de los ríos, los distintos organismos de cuenca de España, incluidos los que administran los ríos gallegos, desarrollaron durante los últimos años los mapas que se delimitan las zonas de flujo preferente de los tramos de los ríos que presentan más problemas. Esta zona de flujo preferente representa el área que respeta la movilidad natural del río, por lo que tiene altas probabilidades de ser afectada por este, ya sea inundándola o erosionando gravemente sus terrenos.

En ese sentido, la conselleira de Medio Ambiente reclamó que el nuevo Decreto tenga en cuenta a peculiaridad de los asentamientos poblacionales de Galicia y otorgue el mismo trato al suelo de núcleo rural que al suelo urbano en lo relativo a usos y actividades contempladas en la normativa.

En Galicia, hay que destacar que esos mapas de riesgo de inundación ya están finalizados y actualmente se están redactando los planes de inundación –a partir de la información obtenida en el trabajo de los desarrollo de los mapas- donde se concretan las medidas y acciones a realizar, en las zonas donde se detectaron riesgos.

El objeto del debate celebrado entre el Gobierno central y las autonomías está destinado a concretar las actividades permitidas y restringidas en esas zonas de riesgo delimitadas en los mapas.

Junto con esto, el pleno del Consejo Nacional del agua abordó también otro aspecto de la modificación del reglamento del dominio público hidráulico, orientado a mejorar el control de vertidos contaminantes, y reforzar las herramientas de las que dispone la administración para combatirlos. Entre los cambios más relevantes destacan la mejora del funcionamiento del censo nacional de vertidos, o la abriga de solicitar autorización para aguas de pluviales que se puedan contaminar debido a una actividad industrial.

Asimismo, en la reunión se avanzó en el borrador del decreto que regulará la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca de las demarcaciones intercomunitarias, y en una versión inicial del decreto que unificará los principios para la declaración de las reservas naturales fluviales, que en la actualidad se declaran en función del que considera cada organismo de cuenca.

Por último, en el pleno se debatió el borrador del decreto que establecerá los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y de las normas de calidad ambiental. Este decreto, que tiene carácter técnico, abordará principalmente la homogeneización de criterios sobre programas de seguimiento del estado de las masas de agua, o a los cambios de clasificación de las mismas.