El 14,6% del territorio en España está en emergencia por escasez de agua

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han presentado al Consejo de Ministros el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023. El año hidrológico 2022/23 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España: el 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27,4% en alerta debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de referencia de los mismos meses del periodo 1991-2020.

Como consecuencia, la reserva en los embalses ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años. Los datos, a 12 de septiembre, muestran que los umbrales están especialmente bajos: la reserva hídrica española se encuentra al 37% con 20.734 hm3 acumulados, siendo las cuentas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) las que atraviesan una situación más grave. La DANA ha supuesto un alivio en algunas zonas, ha mejorado la humedad del suelo y ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, sin embargo, no ha solucionado los problemas existentes.

Inversiones en agua, una política de país

La emergencia climática causa sequías cada vez más frecuentes e intensas y España está en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea. Esto requiere una respuesta robusta y eficaz por parte de las autoridades en la que la inversión pública se revela como pieza clave.

Consciente de esta necesidad, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022-2027, el Ejecutivo prevé una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación se suman, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y big data y supondrá un avance cualitativo en la gestión del agua y las sequías.

Planes especiales de sequía españoles, referente mundial

Enmarcados en el contexto definido por los Planes Hidrológicos, los Planes Especiales de Sequía (PES) buscan minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos de eventuales situaciones de sequía, optimizando la gestión de los recursos hídricos disponibles. Considerados un referente mundial, los PES definen mecanismos para la previsión y detección de las situaciones de sequía, fijan umbrales de fases de gravedad, definen medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase y aseguran la transparencia y la participación pública en la elaboración y aplicación de estos. La gestión de la sequía este año se ha realizado fundamentalmente a través de los PES, buscando anticiparse a los impactos con la activación de las medidas previstas para cada escenario.

Además, se han impulsado medidas extraordinarias, recogidas, fundamentalmente, en el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes y la ejecución de obras de emergencia, dotado con 1.400 millones.

Afectaciones por la sequía en el sector agrario

Por lo que se refiere a los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, los cultivos extensivos y los pastos son los sectores más perjudicados. Así, en la producción de cereales de otoño-invierno se estima una reducción en torno a un 40% con respecto a la campaña de 2022, la producción de cebada se ha reducido en un 39%, y la de trigo blando en un 36%.

Asimismo, la superficie de maíz se ha reducido en un 20% debido a la menor disponibilidad de agua para riego. Como consecuencia de estas bajas producciones, se estima que España deberá importar unos 20 millones de toneladas de cereales para satisfacer la demanda, tanto de consumo como de fabricación de piensos, lo que obligará a un importante esfuerzo logístico. El descenso en los rendimientos de oleagiosas (girasol y colza) se estima en un 30%. También se esperan producciones inferiores de leguminosas en grano, principalmente lentejas.

La sequía ha afectado igualmente de manera directa a los árboles y producción de frutales, tanto por la falta de lluvias como por las restricciones de agua para riego. De esta forma, en fruta dulce se han obtenido productos de menor calibre, que perciben menores cotizaciones en el mercado e inciden negativamente en la rentabilidad de las explotaciones.

En algunos cultivos hortícolas la falta de agua ha producido una disminución de la superficie sembrada muy significativa. En el caso del tomate de industria, por ejemplo, en Andalucía, apenas se han sembrado 1.700 hectáreas, cuando lo habitual está en torno a las 6.600 hectáreas. En cuanto al olivar, se espera una campaña algo mejor que la anterior. La evolución de la situación climática en las próximas semanas será determinante para la nueva campaña del aceite que empieza el 1 de octubre.

Las perspectivas de producción de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias. La escasez de precipitaciones desde los primeros meses del año con temperaturas más elevadas de lo habitual, además de los episodios de granizo, tormentas y heladas primaverales, o ataques de mildiu en algunas regiones, hacían prever una cosecha inferior a la del año pasado. El sector maneja un nivel de producción en el entorno de 36 millones de hectólitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.

En la ganadería, la producción en extensivo es la más afectada por la sequía. Además de la escasa disponibilidad de pastos, también se encarecen las materias primas para alimentación animal, lo que ha incrementado los costes de producción.

Indemnizaciones seguros agrarios

La sequía está contemplada dentro de los seguros agrarios en la gran mayoría de los cultivos que se desarrollan en secano: herbáceos extensivos (cereales, leguminosas, girasol), uva de vinificación, olivar, almendro, remolacha azucarera y algunos cultivos forrajeros.

Con la proliferación de fenómenos climatológicos adversos, 2023 va a ser el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán en el conjunto del año los 1.000 millones. De esta cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se habían abonado ya más del 90%.

Medidas adoptadas por el gobierno

En línea con su compromiso con el sector agrario y pesquero, el Gobierno ha arbitrado un paquete de medidas para ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. El Real Decreto-ley 4/2023 incluía ayudas directas por importe de 636,7 millones (355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura, y 5 millones para la apicultura).

A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis, conseguidos a petición de España junto a Francia y Portugal y apoyado por el resto de Estados miembros. El MAPA ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.

Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.

Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables a los sectores agrario y pesquero. Igualmente, se amplió en 3 millones la línea de ayuda a la financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

El decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las explotaciones agrarias que sufran en este ejercicio una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.

Estas medidas se suman a diversas iniciativas de apoyo al sector adoptadas desde el decreto de sequía de marzo de 2022 y los sucesivos por la guerra de Ucrania. En apenas 15 meses, el Gobierno ha arbitrado ayudas directas y otras medidas de apoyo para el sector agrario y pesquero por un valor que sobrepasa los 4.000 millones, una cantidad sin precedentes y que atestigua el compromiso del Ejecutivo con agricultores, ganaderos y pescadores.