Los efectos del cambio climático en el trabajo

Por Henar Álvarez Cuesta, Universidad de León

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que se abordan y abordarán a nivel global en el ámbito del trabajo en los próximos años. La Organización Internacional del Trabajo advierte que el fenómeno está produciendo, a corto, medio o largo plazo, un grave trastorno de la actividad económica y social en muchos sectores en todos los continentes.

Cabe destacar, como meros ejemplos representativos, las repercusiones del calentamiento global en el sector agropecuario, el energético y el turístico.

• En la agricultura y ganadería. Los cambios climáticos y el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos van a afectar a los rendimientos de las cosechas y a la gestión ganadera e influirán en la elección de los lugares dedicados a la producción.

• En el sector energético. El calentamiento global va tener un efecto directo tanto en la oferta como en la demanda de energía.

• En el turismo. El aumento de las temperaturas en zonas de por sí cálidas y la desaparición de la cubierta de nieve en el caso del turismo de invierno van a afectar al sector. Si se analizan los datos por países, España es uno de los Estados europeos más vulnerables al cambio climático.

A nivel mundial, el calentamiento global y sus consecuencias dificultan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

¿Se perderán empleos?

El cambio climático está provocando consecuencias directas en términos de pérdida de empleo y cohesión social e indirectas en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por este motivo, parece necesario propiciar una transición a otro modelo productivo en el que se aúnen ecología y empleo.

Dicha transición justa  puede definirse como un cambio hacia economías inclusivas y con bajas emisiones de carbono que maximiza las oportunidades de prosperidad económica, justicia social, derechos y protección social para todos, sin dejar a nadie atrás.

En consecuencia, conviene diseñar una política industrial verde cuyo objeto sea desencadenar y facilitar los cambios estructurales que se requieran. Estos se aplicarán tanto para responder a las condiciones o situaciones ambientales como para desarrollar una economía verde y circular (definida como aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica).

Desde el Parlamento Europeo se ha propuesto el denominado Pacto Verde Europeo (Green New Deal). La iniciativa prevé la reducción de gases de efecto invernadero, la descarbonización de la energía, la transformación al uso de energías limpias y renovables y dar el paso a la transformación de la economía en circular.

Precisamente esos cambios en los modos y maneras de producir crearán también oportunidades de empleo.

Una transición que garantice el trabajo decente

En España, la Estrategia de Transición Justa será el instrumento “de ámbito estatal dirigido a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario para trabajadores y territorios en la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero”.

Todas las transformaciones previstas y las que se puedan incorporar no han de olvidar el compromiso con el trabajo decente y digno. Deben combinar la modificación de las normas con el respeto a los derechos sociales para conseguir afianzar un modelo de desarrollo sostenible y un trabajo decente.

La nueva o renovada industria ha de ser sostenible, tanto en sus procesos industriales como en los productos, potenciando el uso eficiente de los recursos, la utilización optimizada de las materias primas y el adecuado tratamiento de los residuos. También ha de lograr ser socialmente sostenible, apostando por trabajos dignos.

Es preciso aunar la sostenibilidad y la protección laboral, tal y como demanda la Organización Internacional del Trabajo y apostar por trabajos verdes y decentes. Las prestaciones de servicios realizadas por las personas trabajadoras no deben contribuir a la degradación medioambiental, ni tampoco las actuaciones empresariales menoscabar la dignidad de las condiciones laborales.