Nuevo estudio de la Fundación ENT revela que las tasas de residuos en España siguen lejos de cubrir los costes reales

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos (iniciativa de la Fundació ENT) ha publicado el estudio “Las Tasas de Residuos en España 2024”. En su realización, se han analizado las tasas domiciliarias y comerciales de una muestra de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, estableció que el 10 de abril 2025 debe estar instaurar de manera obligatoria “una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria” que refleje el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de residuos. Las tasas de residuos son las que más recaudación aportan a los municipios (2.278 millones de euros en 2022), puesto que financian el servicio de recogida de residuos, que es de prestación obligatoria y elevados costes.

Si bien la mayoría de entidades locales ya disponen de tasas de residuos o de una figura similar específica, en general están muy lejos del objetivo legal de la cobertura de costes. La cobertura media de costes estimada en 2022 se ha calculado en el 57,7% y las estimaciones provisionales indican que la cobertura en 2023 podría estar alrededor del 52,4%, lo cual indica una fuerte lejanía con respecto al objetivo exigido legalmente.

Un 46,56% de los municipios analizados cuentan con un modelo domiciliario de tasas con cuotas fijas (todos los domicilios pagan lo mismo independientemente de si realizan o no separación de residuos).

Según Raimon Ràfols, investigador de la Fundació ENT y autor del estudio: “aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos”.

Por otro lado, en los municipios donde las tasas no son fijas, existe una ausencia general de criterios ambientales en su articulación y si existen reducciones, estas se centran más en aspectos socioeconómicos que ambientales.

En el caso de los comercios, la mayoría de las tasas se calculan en función del tipo de actividad, la superficie del comercio y la localización, sin considerar tampoco la generación efectiva.

El estudio concluye que el valor medio de la tasa de residuos que pagan los hogares en 2024 es de 100,1€ por domicilio. El incremento medio de la cuota doméstica 2024 ha sido de un 7,86% respecto a la media del año 2023 (92,8€), mientras que el incremento del IPC se prevé del 3,1% este 2024.

Tal y como apunta Raimon Ràfols “se trata de la primera vez en los últimos cuatro años que la tasa sube por encima del IPC, mientras que en 2022 y 2023 el IPC estuvo muy por encima”.

A pesar de este incremento superior al IPC el grado de cobertura cae, puesto que los costes en 2022, y aún más en 2023, suben más que los ingresos.

Las disposiciones del artículo 11 de la Ley 7/2022 han supuesto un reto para la gran mayoría de las entidades locales.

Sin embargo, como apunta Ignasi Puig (miembro de Fundació ENT y coautor del estudio): “muchas han perdido un tiempo muy valioso en activar las reformas necesarias para cumplir con las exigencias legales”.

Y prosigue: “Es sorprendente la cantidad de municipios que no han reaccionado hasta muy tarde (finales del 2024 para ordenanzas que entrarán en vigor a 1 de enero del 2025) o que incluso reconocen que no acometerán a tiempo las reformas necesarias para dar cumplimiento a la norma”.

Potencialmente, las tasas de residuos pueden ser uno de los instrumentos locales más eficaces para la promoción de buenas prácticas ambientales en materia de prevención y separación de residuos. Si una parte variable de la tasa se vincula directamente a la generación y a la correcta separación de los residuos en origen (lo que se conoce como sistemas de pago por generación) se crea un incentivo económico para que la ciudadanía participe de estas prácticas. Si bien la Ley 7/2022 menciona, por primera vez en una normativa estatal, los sistemas de pago por generación, su aplicación hasta la fecha en España es muy minoritaria, a diferencia de lo que sucede en los países más avanzados en materia de gestión de residuos.