Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul: la contaminación vulnera derechos fundamentales

La celebración del primer Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul este 7 de septiembre,  obliga a repensar la vida en las ciudades y la contaminación producida por muchas actividades económicas junto con las respuestas necesarias para reducir la polución y sus consecuencias en la salud, el bienestar y el entorno natural, y alcanzar por fin un medio ambiente adecuado.
 
La responsabilidad de los gobiernos de garantizar el derecho a un aire de calidad y proteger los derechos fundamentales vinculados al mismo ha sido señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como por el Relator Especial para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, David R. Boyd, que en su informe a la Asamblea General de la ONU en 2018, pide a todos los países reconocer formalmente el derecho a un aire limpio.
 
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha defendido la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Madrid Central ante la judicatura ya que el ayuntamiento debe respetar los derechos constitucionales a la integridad física, a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, a un medio ambiente sano en base a la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible y la Directiva de la Calidad del Aire de la Unión Europea.
 
IIDMA considera que el derecho y la justicia tienen un papel fundamental para afianzar muchas de esas respuestas, asegurar que sean efectivas, respetadas y se hagan valer derechos y obligaciones. Los tribunales en España instruyen cada vez más casos en materia medioambiental. Sobre la calidad del aire encontramos pronunciamientos que abogan por el desarrollo de políticas específicas, en concreto sobre los planes y programas para la protección de la atmósfera para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica por parte de las Comunidades Autónomas.
 
Es también importante que las ciudades con mayor concentración de población y actividad del país consoliden las Zonas de Bajas Emisiones, principalmente la causada por el tráfico vehicular que incide en la calidad del aire de estos entornos, algo ya recomendado por las normativas de la Unión Europea. Para ello, IIDMA defiende que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) debe incluir la obligatoriedad de establecer las ZBE no más tarde del año 2022 en los municipios de más de 50.000 habitantes.
 
En ese sentido, para IIDMA es también una ocasión para recodar la necesidad de una reforma de la Constitución Española para que el derecho al medio ambiente recogido en su artículo 45 sea reconocido como un Derecho Fundamental, y con ello su protección como derecho humano para garantizar así el derecho de amparo en esta materia. Todo ello incide en una mejor defensa del derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, y por supuesto a un aire limpio.
 
En su resolución de diciembre de 2019 para adoptar la celebración de este día, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció que el aire limpio es importante para la salud y la vida cotidiana de las personas, consciente de que la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedad en todo el mundo.
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de siete millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por ejemplo neumonía.  Al mismo tiempo existen estudios que vinculan la contaminación del aire en las ciudades con una mayor propagación de la Covid-19.
 
Por ello, Naciones Unidas recuerda la necesidad de reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por la polución y contaminación del aire de aquí a 2030, y de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades.
 
“El derecho a un medio ambiente adecuado recogido en nuestra constitución como un principio de la política económica y social no resulta suficiente para hacer frente a cuestiones tan graves como la contaminación del aire, se trata de un derecho fundamental que se vulnera frecuentemente sin contar con las garantías para su adecuada protección. Por eso, es urgente tanto su reconocimiento en el plano internacional así como su reforzamiento en nuestra Constitución que debe adecuarse a nuestros tiempos” afirma Ana Barreira, Directora y abogada senior de IIDMA.