Desafíos del sector del agua: digitalización, retos legislativos y sostenibilidad

En el pasado año 2023 se ha producido un importante impulso a las actuaciones continuadas que el sector del agua urbana está realizando en el ámbito de la digitalización. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue sensible a nuestras iniciativas y puso en marcha el PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, iniciativa que supone una gran motivación y una excelente oportunidad para los operadores de los servicios de agua urbana de cara a desarrollar proyectos clave para mejorar su eficiencia. Hace pocas semanas, se publicó la resolución definitiva de la primera convocatoria, que ha concedido ayudas a 30 de los proyectos presentados, por un importe total de 200 millones de euros, y que permitirán inversiones cercanas a los 400 millones.

Hemos comenzado este año 2024 inmersos de nuevo en la presentación de proyectos que concurrirán a la segunda convocatoria del PERTE, que otorgará otros 200 millones de euros, y para el que las empresas de los servicios de agua urbana han vuelto a presentar un total de 238 proyectos emblemáticos y ejemplares, que abarcan aproximadamente 3.500 municipios, de los cuales cerca de un 70% son municipios de pequeño tamaño, por debajo de los 5.000 habitantes.

En los próximos meses conoceremos la resolución de esta segunda convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua que no finalizará aquí, ya que se prevén otras convocatorias adicionales hasta completar una inversión total de 3.060 millones de euros, mediante otros instrumentos de financiación, que confiamos en que también sean eficaces.

El PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua supone una gran motivación y una excelente oportunidad para los operadores de los servicios de agua urbana.

La digitalización del sector del agua urbana nos permite optimizar los procesos de tratamiento de agua, mejorar el rendimiento del sistema, contribuir a la satisfacción de nuestros clientes prestándoles mejores y nuevos servicios, en suma, permitirá a las empresas del sector del agua urbana realizar un suministro de agua y un tratamiento de las aguas residuales urbanas aún más eficiente y sostenible.

Pero hay dos importantísimos desafíos legislativos que el sector del agua urbana debe encarar a corto plazo y que llegan desde Europa. 

El primero de ellos es Real Decreto por el que actualizan los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, que traspone la Directiva de aguas de consumo y establece el marco jurídico para proteger la salud de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua de consumo y facilitar el acceso a la misma.

Esta norma afecta a las aguas de consumo que llegan al usuario a través del grifo, así como al control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza. Además, exige una adaptación de procedimientos en la actividad de los operadores y las administraciones públicas implicadas y tendrá un importante impacto económico en los costes de los servicios de abastecimiento.

Hay dos importantísimos desafíos legislativos que el sector del agua urbana debe encarar a corto plazo y que llegan desde Europa: la actualización de los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo y la nueva propuesta de Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

El segundo desafío legislativo europeo es la nueva propuesta de Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (TARU), que se encuentra en tramitación. Actualmente, se encuentra en la fase final de negociación, en la fase de trílogos, de la que saldrá un texto consensuado y listo para ser aprobado previsiblemente en el mes de junio, antes de las elecciones europeas. Desde AEAS hemos tratado de aportar nuestra experiencia y conocimiento para que la normativa resultante sea la mejor posible.

El texto incluye importantes novedades sobre economía circular, eficiencia energética, control de la contaminación de microcontaminantes o la vigilancia sanitaria de través de las aguas residuales. Entre los puntos de mayor relevancia para el sector del agua urbana que están siendo objeto de debate destacan: la necesidad de extensión de plazos, las diferentes formas de interpretar el concepto de neutralidad energética, las exigencias de eliminación para el tratamiento terciario o la manera de obtener financiación para el tratamiento cuaternario (RAP).

Precisamente, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es una de las novedades de la propuesta de Directiva TARU que más controversia está generando, porque no hay experiencia previa −solo en el sector de residuos sólidos con un marco apenas comparable− y también porque necesita una coordinación internacional, pero es una herramienta financiera que debe estar operativa en los Estados Miembros para cumplir con objetivos de tratamiento cuaternario. Es decir, va a exigir un trabajo previo muy intenso en cada país antes de poder llegar a ser efectivo, pero no hay demasiado margen para llevarlo a cabo porque los plazos para el cumplimento de tratamiento cuaternario que maneja la propuesta de Directiva no son muy lejanos. 

Entre los puntos de mayor relevancia de la nueva propuesta de Directiva TARU destacan la necesidad de extensión de plazos, las diferentes formas de interpretar el concepto de neutralidad energética, las exigencias de eliminación para el tratamiento terciario o la manera de obtener financiación para el tratamiento cuaternario.

Me gustaría resaltar que, con el objetivo de trabajar de manera eficaz y coordinada sobre todas las incertidumbres que despierta la implantación de la RAP, el sector del agua urbana español convocó, el pasado mes de noviembre, la primera mesa de trabajo con los diferentes agentes involucrados, para comenzar a abordar las necesidades y oportunidades y poner en marcha un diálogo fructífero que nos permita implementar la herramienta de forma efectiva y a tiempo. La Comisión Europea anunció a finales de año que quiere trabajar en la misma línea y, por nuestra parte, les haremos llegar nuestras conclusiones.

En definitiva, la Directiva TARU conllevará importantes desafíos tecnológicos, de gobernanza y económicos. Por ello, desde el sector defendemos que sería necesaria una extensión de plazos para poder dar cumplimiento efectivo a muchas de sus exigencias.

Además, pensamos que la norma debe ir acompañada de una estrategia sólida de financiación, garantizando tanto la asequibilidad de las tarifas como la estricta aplicación del principio de “quien contamina paga”. 

La Directiva TARU conllevará importantes desafíos tecnológicos, de gobernanza y económicos. Por ello, desde el sector defendemos que sería necesaria una extensión de plazos.

Sin una financiación adecuada, muchos de los desafíos que debe afrontar el sector, en el corto, medio y largo plazo, se quedaran fuera de nuestro alcance, ya que deben ser abordados en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia. Por ello, se debe garantizar la “recuperación de costes”, incluyendo el mantenimiento y renovación de la infraestructura existente, la investigación y la innovación, la inversión y el impulso de nuevas áreas de desarrollo. Es esencial contar con una infraestructura resiliente para garantizar la calidad del suministro de agua y mitigar el impacto de los eventos climáticos extremos. Para lograr adaptarnos al cambio climático necesitamos modernizar las infraestructuras, implementar tecnologías avanzadas que permitan el uso eficiente del agua y desarrollar nuevas estrategias de gestión. La necesidad de financiación en nuestro país es, por tanto, especialmente relevante y urgente. 

Asimismo, es necesario un impulso a la innovación para cumplir con las ambiciones del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las áreas deben estar cubiertas, ya sea la digitalización, la inteligencia artificial, las soluciones basadas en la naturaleza o la comunicación. 

Sin una financiación adecuada, muchos de los desafíos que debe afrontar el sector, en el corto, medio y largo plazo, se quedaran fuera de nuestro alcance, ya que deben ser abordados en condiciones de sostenibilidad, eficiencia, garantía y resiliencia.

Además, es necesario establecer un marco regulatorio adecuado. La legislación tanto nacional como europea debe ser sólida y garantizar una buena gobernanza y debe permitir y facilitar el cambio estableciendo incentivos y objetivos adecuados, estimular la innovación y fomentar el impulso de nuevas áreas relacionadas con actividades como la producción y almacenamiento de energía, así como la recuperación de nutrientes y materias primas, todo ello de acuerdo con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Por último, una vez más quiero resaltar que sería deseable la consecución de un pacto social y político por el agua, que también tenga en cuenta las demandas del sector. Para ello, se requiere la implicación y el acuerdo de todos los actores involucrados, de manera que podamos afrontar con éxito todos estos desafíos, tan necesarios para garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios de agua urbana.