Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares ven insuficiente el acuerdo alcanzado en la COP21
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Las delegaciones de los gobiernos valenciano, navarro y balear asistentes la Cumbre del Clima de París (COP21), reconocen "el avance" que han supuesto las conversaciones y acuerdos de esta conferencia internacional, si bien los consideran "insuficientes" para la lucha efectiva contra el cambio climático. En una declaración conjunta, se comprometen a "abordar con rigor y ambición el reto que representa el cambio climático en la defensa de las poblaciones humanas" sus respectivos territorios y, coinciden en su "preocupación" ante las políticas del gobierno español "en materias de industria, energía, movilidad, extracción de combustibles fósiles o protección de los ecosistemas".
Este es el texto íntegro de la declaración.
1.- Que las mencionadas Comunidades Autónomas han seguido ininterrumpidamente y con la máxima atención el desarrollo de las negociaciones efectuadas por las 196 Partes durante los 11 días de debates en París y, aun considerando que los términos cursados en esta Cumbre suponen un avance con respecto a los últimos 20 años de conversaciones, entienden que son del todo insuficientes para luchar de forma efectiva contra una amenaza de la magnitud que entraña el cambio climático para la población humana y el medio ambiente del planeta.
2.- Estas Comunidades Autónomas reconocen la especial vulnerabilidad de sus territorios frente al calentamiento global por sus características geográficas, medioambientales, económicas y sociales. Impactos que ahora afectan de forma grave a cada vez más enclaves del planeta comienzan a ser también patentes en todos los territorios de España, amenazando los recursos hídricos, provocando la acidificación de las aguas, incrementando los procesos erosivos, la desertización, el incremento del nivel del mar, la pérdida de masas forestales y la alteración de ecosistemas y de las especies que los pueblan.
3.- Se reconoce implícitamente que el calentamiento global constituye una amenaza de primer nivel para el presente y futuro de las poblaciones humanas y de las economías de los territorios representados, siendo prioritario contribuir con todos los esfuerzos a nuestro alcance para hacer frente a este grave fenómeno global.
4.- En conversaciones con la delegación oficial española, la sociedad civil y otros asistentes a la Cumbre, se ha trabajado para defender un acuerdo ambicioso e inclusivo dirigido a reducir y evitar las peores consecuencias y escenarios del cambio climático. Se ha abogado por un acuerdo vinculante que apueste por la descarbonización de la economía de cara a 2050 con revisiones periódicas de los objetivos acordados, a fin de limitar el calentamiento global entre 1.5º C y 2º C sobre los niveles pre-industriales (1880) tal y como recomienda la comunidad científica. Los países más desarrollados, con una mayor responsabilidad histórica de emisiones de gases de efecto invernadero, deben tener una mayor implicación y activar mecanismos de financiación para garantizar una adecuada adaptación al cambio climático a nivel global. Esta reivindicación no se ha cumplido en la Cumbre de París.
5.- El acuerdo de París, vistos los relevantes puntos descartados de las propuestas iniciales, debe ser revisado de forma urgente por la Comunidad Internacional para que los intereses generales de la población mundial no queden supeditados y gravados por influyentes intereses particulares económicos y políticos.
6.- Las Comunidades firmantes de esta Declaración se comprometen a abordar con rigor y ambición el reto que representa el cambio climático en la defensa de las poblaciones humanas de nuestros territorios. Declaramos nuestra apuesta por la descarbonización comprometiendo reducir el 80% las emisiones contaminantes para 2050, y contribuyendo de forma decidida y efectiva al desarrollo de energías renovables en materia de generación, de movilidad, así como a la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas marinos y terrestres que los sustentan.
7.- Por último, las CCAA firmantes manifiestan su preocupación ante las políticas del gobierno español, que en la cumbre de París y en el seno de la Unión Europea defienden un posicionamiento contra el cambio climático que no se ve reflejado en las políticas domésticas en materias de industria, energía, movilidad, extracción de combustibles fósiles o protección de los ecosistemas.