La Agrupación Sectorial del Agua firma el documento de propuestas para la próxima legislatura

La Agrupación Sectorial del Agua, conformada por las asociaciones AEAS, AGA, AEDyR, AQUA España y ASAGUA, ha firmado el documento de propuesta de iniciativas y retos que deberían ser abordados durante la próxima legislatura para garantizar la sostenibilidad del servicio del agua urbana.

El texto, promovido recientemente por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), recoge una serie de propuestas que tienen por objetivo progresar en la eficiencia y la universalidad, asegurando el derecho humano al agua y la satisfacción de las demandas sociales de la ciudadanía.

Las iniciativas plateadas se resumen en las siguientes:

• Realizar un esfuerzo inversor sostenido para renovar el gran patrimonio de infraestructuras y equipamientos que tenemos en España que tras muchos años sin dedicarle una inversión adecuada en los presupuestos, las infraestructuras del agua están envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Asimismo, hay que invertir en obra nueva. En la coyuntura económico-financiera actual, y dadas la condiciones de control y limitación de la deuda pública, será necesario progresar en los mecanismos de colaboración público-privada para poder cumplir los objetivos de inversión.

• Avanzar en la “recuperación de costes” en los servicios de agua urbana, de acuerdo con los preceptos de la Directiva Marco del Agua. Resulta más efectivo y justo socialmente, siguiendo los modelos de los países del norte de Europa, que ello se realice apoyándose en los mecanismos tarifarios, donde la progresividad del precio respecto del consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos económicos del ciudadano y un consumo responsable de este recurso escaso, más en nuestro país donde existen amplias zonas con estrés hídrico.

• Establecimiento de un “Regulador” general cuyo objetivo debe ser el de armonizar los niveles de prestación de los servicios y las estructuras tarifarias de los mismos, así como la transparencia, involucración y participación de la ciudadanía. Además, debe buscar siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos y su orientación, estrategia y acciones responderán a los objetivos, criterios y sensibilidades sociales. El Regulador, basado en criterios técnicos independientes, rigurosos y transparentes podrá emplear procedimientos como la comparación entre indicadores y grados de cumplimiento de hitos y metas como acicate para favorecer la competencia y optimizar su desempeño, y contribuirá a la seguridad jurídica de los actores involucrados. Esta figura asegura la continuidad de las ventajas del actual equilibrio competencial pero introducirá también elementos de optimización de la eficacia y la eficiencia, de la sostenibilidad y de la sensibilidad social.

Por último, el documento considera que esta serie de demandas técnicas deberían ser englobadas en un pacto político entre las diferentes fuerzas parlamentarias, tantas veces demandado por el sector. Dicho acuerdo debería incluir el impulso a las nuevas tecnologías y a la I+D+i y debería llevarse a cabo mediante otros instrumentos más transversales de política industrial, formación y empleo, que serán imprescindibles para progresar y consolidar tanto nuestro modelo de gobernanza pública como nuestro liderazgo empresarial a nivel mundial en este sector.