AGRECA denuncia la intención de convertir un hueco minero en un gran vertedero

La Asociación AGRECA (Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía) acaba de presentar, en forma de denuncia administrativa, alegaciones a la pretensión de una empresa de esta comunidad para convertir una cantera en un vertedero en la vecina Extremadura, que recogería residuos producidos en ambas comunidades. La iniciativa fue presentada ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minería de Badajoz de la Dirección General homónima de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Con ella, se pone en evidencia la intención de convertir un “plan de restauración minero” en un “vertedero encubierto” de residuos industriales de todo tipo, en La Zarza – Badajoz. La promotora es la sociedad cordobesa Suministros y Reciclajes SL, dedicada a la gestión de diversos tipos de residuos en Extremadura y Andalucía.

En el proyecto técnico de modificación presentado ante la Junta, esta sociedad reconoce que “no se van a utilizar residuos mineros para la restauración”, como impone la norma, y que se plantea la posibilidad de “utilizar esta antigua explotación para su relleno con este tipo de residuos industriales”. Reconocimiento que, de ser aceptada la modificación, y en la práctica, viene a decir que se solicita la conversión de un Plan de restauración de hueco minero en un vertedero de todo tipo de residuos, excepto los Tóxicos-Peligrosos, pero sin proponer la ejecución de un vertedero conforme a la exigente y garantista nueva normativa de ámbito europeo que los regula.

AGRECA denuncia que el proyecto no se ajusta a la legalidad vigente, ya que propone la aceptación de residuos industriales en lugar de áridos reciclados (material procesado en planta de reciclaje) como material de relleno apto para una restauración del espacio.

El proyecto presentado por la sociedad cordobesa detalla algunos de los residuos que se aceptarían en esta cantera, en la práctica ya fuera de uso:

• Residuos inertes de Construcción y Demolición (RCDs).

• Residuos producidos por los procesos siderúrgicos de la factoría existente en Jerez de los Caballeros.

• Residuos producidos por los procesos siderúrgicos de la factoría existente en Mérida. · Residuos de producción eléctrica producidos por la planta de biomasa de Mérida.

• Residuos inertes de mezcla de vidrio y cerámica producidos por la recuperadora de vidrio de Villafranca de los Barros.

• Escorias.

• Tierras sucias procedentes de producción de acero.

• Cenizas volantes.

Para AGRECA, la propuesta de este cambio contradice los principios de Economía Circular y gestión responsable de residuos, por “tratarse en su mayoría de residuos industriales de diferentes tipologías, no de una restauración con materiales inertes e inocuos para el lugar de vertido”. Además, la asociación afirma que esta modificación deja la puerta abierta a decenas de residuos de diversa procedencia u origen que no pueden destinarse a vertido.

Por otro lado, la mayor parte de los materiales identificados deberían ser depositados en un vertedero de residuos industriales no peligrosos, pero no en un programa de restauración, si no con medidas ajustadas a la normativa europea de vertederos. Por lo tanto, también implicaría planes de vigilancia ambiental, control y depuración de lixiviación, etc.

La Asociación recordó que “el Real Decreto 646/2020 que regula la eliminación de residuos en vertedero contempla un sistema de impermeabilización, drenajes y balsas de lixiviación con controles periódicos de aguas subterráneas y superficiales”.

Con respecto al uso de residuos de construcción, el desarrollo del proyecto tal y como se ha solicitado supone un incumplimiento del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero. Por este decreto se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que, en su artículo 11, prohíbe la eliminación de residuos procedentes de la construcción y demolición (sin que hayan sido previamente tratados por una empresa gestora autorizada). Además, su ejecución puede poner en grave riesgo los acuíferos, aguas superficiales y daños medioambientales en general, llegando incluso a tener alcance en el ámbito penal.