España, ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar medidas de protección contra las inundaciones

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de las normas de la UE en materia de prevención de inundaciones que contempla la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE), cuyo objetivo es reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, la actividad económica y el patrimonio cultural. Con tal fin, define una serie de objetivos para los Estados miembros y determina las medidas adecuadas para alcanzarlos. Los planes de gestión del riesgo de inundación determinan de forma detallada cómo debe disminuirse el riesgo de inundación.

Si bien las inundaciones son un fenómeno natural, la actividad humana incrementa su probabilidad y los efectos adversos de las grandes crecidas. Es probable que la magnitud y la frecuencia de las inundaciones aumenten debido al cambio climático. Además, el riesgo es mayor allí donde sigue ampliándose el número de personas y de activos económicos ubicados en zonas con riesgo de inundaciones o donde se reduce la capacidad del suelo para absorber las aguas de avenidas.

En cumplimiento del Derecho de la UE, los Estados miembros tenían que ultimar y publicar sus planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión antes del 22 de marzo de 2016. España no notificó a la Comisión los planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias. Por lo tanto, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra España mediante el envío de una carta de emplazamiento en marzo de 2018. La Comisión instó a las autoridades españolas a que terminasen, publicasen y notificasen los planes de gestión del riesgo de inundación para las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).

Como España no subsanó las citadas deficiencias, la Comisión le envió un dictamen motivado en julio de 2018. Habida cuenta de que, a día de hoy, esta situación persiste en las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.