El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización sale a consulta pública

El Consejo Nacional del Agua, celebrado ayer tarde en Madrid y presidido por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado sobre el proceso de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo en todas las cuencas intercomunitarias (de competencia del Estado) y sobre el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR). Ambas iniciativas inician su consulta pública el próximo 19 de octubre, según anunció Teresa Ribera.

Así, el documento de directrices del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización recoge el catálogo de actuaciones en estas materias recogidos en los Planes Hidrológicos, y sienta las bases para fijar los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que permitan priorizar y estudiar la viabilidad de medidas y actuaciones. También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas.

En este momento, el Ministerio trabaja de forma absolutamente prioritaria en resolver los incumplimientos de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, por los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el pasado mes de julio a España a una multa de 12 millones de euros a tanto alzado, a la que se suma una sanción coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en atender nuestras obligaciones.   

Pero éstos no son los únicos casos que pueden ser objeto de sanción económica. De las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes que tienen que depurar sus aguas en España, cerca de 550 están en situación de incumplimiento, según el último reporte bienal preparado con información de las Comunidades Autónomas, por lo que sobre ellas hay que actuar también prioritariamente.

De ahí que el Plan DSEAR vaya a establecer los criterios para dar prioridad a unas actuaciones sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento y depuración contempladas en los planes hidrológicos españoles, que suponen una inversión estimada en unos 10.000 millones de euros en los próximos 18 años.  

Aproximadamente dos tercios de estas medidas son un compromiso de las Comunidades Autónomas, mientras que el otro tercio se reparte entre la Administración General del Estado y las entidades locales. Concretamente, la Dirección General del Agua prevé llevar a cabo, hasta 2023, 86 actuaciones que cuentan con una financiación europea de 477 millones de euros. De ellas, ya están iniciadas 49 (13 en ejecución, 29 en fase de redacción de proyectos, 3 en fase de adjudicación de obras y 4 en fase de adjudicación de proyectos).

El objetivo último del Plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores, prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar energía), favoreciendo también la reutilización. 

Planes hidrológicos de tercer ciclo

Este documento de directrices del plan DSEAR se somete a información pública a partir del 19 de octubre durante tres meses, coincidiendo con el inicio también de la consulta pública de los documentos iniciales de los planes hidrológicos de tercer ciclo. Ahora mismo están en vigor los de segundo ciclo, que abarcan hasta final de 2021, fecha en la que deberemos adoptar unos nuevos planes revisados para el tercer ciclo.

Ésta es la primera fase para la revisión de los planes hidrológicos de cuenca eincluye los documentos iniciales (programa, calendario, estudio general de la demarcación y fórmulas de consulta), que se someterán a consulta pública durante seis meses. La segunda fase se corresponde con la redacción de un documento intermedio denominado Esquema de Temas Importantes y la tercera y última fase es la de redacción de la propuesta de plan hidrológico propiamente dicho.

Planes especiales de sequía 

Asimismo, el Consejo Nacional del Agua ha aprobado el informe favorable sobre la propuesta de orden ministerial para la aprobación de los planes especiales de sequía de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Administración General del Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro). Una vez superado este trámite en el máximo órgano de consulta y participación en la materia, el siguiente paso es dictar y publicar la orden aprobatoria. 

Se trata de una revisión, pues estos planes están vigentes desde 2007, y tienen como objetivo mejorar la gestión del recurso hídrico en situaciones de escasez con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales, siendo España el único país de la Unión Europea que cuenta con estos instrumentos de planificación.

Con la revisión de los Planes de Sequía, se persigue la identificación objetiva de los fenómenos de sequía y de escasez mediante un sistema claro de indicadores hidrológicos, que sirva de referencia general a los organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía; la previsión de medidas coyunturales para mitigar sus efectos y la organización de los mecanismos institucionales y participativos pertinentes para la activación y desactivación de las medidas contenidas en los planes.

Asimismo, esta actualización permitirá mejorar las acciones que se puedan poner en marcha en cada una de las cuencas y sistemas de explotación, para así gestionar mejor estas situaciones a partir de la experiencia adquirida a lo largo de los once años en que los planes de sequía han estado en vigor. Estos planes  incluirán las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico.

Reglamento de planificación hidrológica

También se informó favorablemente sobre la propuesta de real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en el que se han incorporado las reglas utilizadas para la revisión armonizada de los planes especiales de sequía, que puedan servir para futuras actualizaciones.

Además, se ha acordado el informe preceptivo sobre la revisión de algunos aspectos formales del reglamento del Consejo Nacional del Agua, con el fin de aclarar algunos aspectos sobre su funcionamiento y de adecuarlo a las sucesivas reorganizaciones de los departamentos ministeriales.

Revisión de los planes de gestión de riesgo de inundación

En la reunión se ha informado también de la marcha del proceso de revisión de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo, cuyos primeros documentos deben enviarse a la Comisión Europea antes de 22 de marzo de 2019. 

Plan hidrólogico de Baleares

Asimismo, el Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente sobre la propuesta de real decreto aprobatorio del nuevo plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares. Se trata de una revisión de su plan aprobado en 2015 para incorporar determinadas mejoras y reforzar su encaje en la Directiva Marco del Agua.

Aunque la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares es obviamente intracomunitaria y, por tanto, la preparación de su plan hidrológico es competencia exclusiva de dicha Comunidad Autónoma, le corresponde al Gobierno la aprobación final de esos planes previo informe del Consejo Nacional del Agua.

En el Consejo Nacional del Agua, está presidido por la Ministra para la Transición Ecológica y cuenta con 100 vocales en representación además de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones que actúan en defensa de los intereses ambientales y otras entidades estatales sin ánimo de lucro.