Cataluña reclama blindar su modelo de fiscalidad ambiental en la nueva Ley de Residuos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado que la "Ley de Residuos que prepara el Gobierno es un ataque frontal al sistema de éxito de gestión de residuos de Cataluña", y ha reclamado que se blinde el modelo catalán "de referencia a nivel europeo", y que se ha mostrado como "una pieza clave de la lucha contra la emergencia climática y el impulso de la tan necesaria transformación verde".

El jefe del Ejecutivo catalán ha criticado la "falta de ambición" de la futura ley española, porque "se queda corta ante las urgencias del cambio climático"; porque "invade competencias de la Generalitat y deja sin unos recursos indispensables a muchísimos ayuntamientos" y porque "obvia el gran consenso político y social que ha defendido este canon a lo largo de los últimos 20 años".  

Pere Aragonès ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto de firma del manifiesto En defensa del canon sobre la disposición de residuos en Catalunya, que ha impulsado el Govern y suscribe una larga lista de entidades e instituciones. El presidente ha agradecido "el apoyo" a este texto, y ha pedido "levantar nuestra voz" por que "nos jugamos una herramienta fundamental de la política de nuestro país". "No nos podemos inhibir ante una ley que sin lugar a dudas nos quita toda la capacidad de acción", y que "toma prestada la capacidad del Parlamento de decidir sobre la política de residuos", ha remarcado el presidente.

Y ha continuado diciendo: "Cataluña se fortalece y avanza a partir de los grandes consensos que existen en nuestra sociedad", entre ellos “la idea de que somos un país firmemente comprometido con la lucha contra el cambio climático como lo demostramos de nuevo hoy”. Por eso, se ha mostrado convencido de que "con la energía y la fuerza que nos da el gran consenso que tenemos como país, conseguiremos blindar el canon catalán de residuos".

El acto de firma ha tenido lugar en el transcurso de un acto en el Salón Torres García del Palacio de la Generalitat, con la participación de la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà y Roura; del consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró y Ribas, así como de los alcaldes de Tarragona, Gerona, Lérida, y Mataró, entre otros; presidentes y presidentas de Cámaras de comercio de toda Cataluña y representantes de diversas entidades sociales firmantes.

En el transcurso del acto, además del presidente, han intervenido también el alcalde de Ripollet, José M. Osuna; la presidenta de la Cámara de Comercio, Mònica Roca, y la presidenta de la plataforma Residu 0, Mercè Girona.

Un modelo de éxito

El manifiesto firmado reclama que la futura Ley de Residuos y suelos contaminados del gobierno español blinde el modelo de fiscalidad ambiental de Cataluña, nacido de un gran consenso político y social, y que, además de ser pionero, ha demostrado ser óptimo y positivo.

La futura Ley española propone un impuesto estatal que no tiene carácter finalista, mientras que el canon catalán de residuos no funciona sólo como una herramienta recaudatoria sino que tiene un retorno directo a quien lo paga.

Así, el canon sobre la disposición de los residuos municipales que abonan los ayuntamientos por cada tonelada de fracción restante (la que no se recoge de forma selectiva), destinada a los vertederos o las incineradoras, permite financiar infraestructuras de gestión de residuos y equilibrar los costes de gestión de la recogida selectiva.

Y los cánones de residuos industriales y de la construcción devuelven íntegramente a los sectores en forma de subvenciones y actuaciones específicas, favoreciendo así la prevención de la generación, la valorización de los residuos y el impulso de la actividad económica.

Además, los recursos derivados de los cánones no sólo son para quien los ha pagado, sino que el destino se decide en las juntas del canon, donde todos los sectores están representados. Es decir, a través de una gobernanza democrática, horizontal y compartida.

El impuesto catalán ha permitido que Cataluña tenga actualmente unos niveles de recogida selectiva del 46%, cuando en 2004, año de inicio de la aplicación de este canon, estaba en el 30%. La progresión del canon en los próximos años incentiva a que los municipios y todo el sector productivo se esfuercen de forma explícita hacia la mejora de sus sistemas de recogida y de gestión de residuos. Así, se prevé alcanzar en 2035 un reciclaje del 65% de los residuos municipales que se produzcan y que no vaya a disposición más del 10%.