Reducir los residuos o recuperar su valor, alargando la vida útil de los productos o mediante el reciclaje son algunos de los esfuerzos clave que está realizando Europa para conseguir una economía circular que contribuya a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo; pero solo la implementación de medidas efectivas en todos los Estados miembros hará posible avanzar en la ambiciosa hoja de ruta establecida por la Unión Europea.
Para evaluar y seguir el progreso hacia los objetivos marcados e informar a los Estados sobre aquello donde se requieren esfuerzos adicionales, la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), introdujo un mecanismo de “alerta temprana”, cuyas últimas evaluaciones revelan, con vistas a 2025, que muchos Estados miembros no van por un buen camino.
Concretamente, la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea insta a los Estados miembros a alcanzar para 2025 una tasa de reciclado del 55% de los residuos municipales; y del 65% en el caso de los envases. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que diez de los veintisiete Estados miembros, no consigan alcanzar ninguno de estos dos objetivos. Este es el caso de: Malta, Croacia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Chipre, Eslovaquia y Grecia.
Dieciocho Estados miembros corren el riesgo de incumplir al menos uno de las objetivos de reciclado establecidos por la UE para 2025.
Otros ocho países, corren el riesgo de incumplir el objetivo de reciclado de residuos municipales, pero están en vías de alcanzar el objetivo de reciclado de envases. Estos son: Portugal, Francia, Suecia, Finlandia, España, Letonia, Irlanda y Estonia.
Al hilo de esta cuestión, son solo nueve Estados miembros -Austria, Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Chequia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos- los que mantienen una tendencia positiva, con posibilidad de cumplir con ambos objetivos para 2025.
También existen objetivos de reciclado de residuos de envases específicos para cada material (75% para el papel y el cartón, 70% para el vidrio, 70% para metales ferrosos, 50% para aluminio, 50% para plástico y 25% para madera). En la actualidad, las tasas de reciclado para materiales específicos varían considerablemente entre países, aunque se percibe generalmente que la mayoría de Estados miembros están cerca de alcanzar la meta para el reciclado de materiales como el papel y el cartón o los metales ferrosos, lo que refleja unas buenas prácticas de gestión de los residuos; mientras que en lo relativo al plástico, aún se plantean numerosos desafíos, siendo 19 Estados miembros los que encontrarán grandes dificultades para alcanzar el objetivo del 50% del reciclado en 2025.
Un último reto establece que, para 2035, no se deberá depositar en vertederos más del 10% de todos los residuos municipales. En este sentido, el informe de la AEMA vaticina que trece Estados miembros no serán capaces de lograrlo si no se intensifican los esfuerzos: Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Letonia, Malta Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España.
Todas estas evaluaciones proporcionan una amplia evidencia de que, si bien algunos Estados miembros avanzan en positivo, con la implementación de políticas y medidas mejoradas para la reducción de residuos y su mejor gestión, aún queda mucho camino por recorrer y los esfuerzos deben intensificarse.
Un segundo informe, elaborado también por la AEMA, identifica algunos instrumentos económicos, como impuestos sobre los vertederos o la incineración, sistemas de pago por generación de residuos o sistemas de recogida selectiva bien diseñados, como factores de éxito para la prevención y gestión sostenible de los residuos.
Ningún enfoque por sí solo conseguirá altas tasas de reciclado y desviará los residuos de los vertederos, ya que se necesita una combinación coherente entre los diferentes instrumentos, que tenga en cuenta su diseño, aplicación y correcto cumplimiento. Si bien es cierto que, al comparar el uso que hacen los Estados miembros de estas herramientas con sus tasas de reciclado y vertido, algunos instrumentos resultan bastante relevantes.
Los cinco Estados miembros con las tasas de reciclado más elevadas -Alemania, Austria, Eslovenia, Países Bajos y Luxemburgo- aplican impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos, prohibiciones sobre el vertido, o una combinación de ellos. Por el contrario, ninguno de los cinco Estados con las tasas de reciclado más bajas -Malta, Rumanía, Chipre, Grecia y Portugal- hacen uso de estos instrumentos, lo que destaca la eficacia real de estas restricciones.
Los impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos son el instrumento más utilizado en la Unión Europea, con 22 Estados miembros que lo aplican, siendo la excepción Croacia, Chipre, Alemania, Luxemburgo y Malta. Se utilizan para encarecer esta opción a fin de hacer más competitivo o atractivo económicamente el reciclado y la prevención, incentivar el pretratamiento y/o generar ingresos que puedan invertirse en una mejor gestión de residuos.
La media simple de la UE se encuentra entre 39 y 46 euros por tonelada de residuos depositada, aunque existen variaciones significativas entre países, desde menos de 20 euros por tonelada, en países como Italia, hasta más de 100 euros por tonelada, en Bélgica. En los próximos años, se prevé un aumento de los impuestos sobre vertederos en Chequia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal; y de la tasa de vertido en Malta.
Los cinco Estados miembros con las tasas de reciclado más elevadas aplican impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos, prohibiciones sobre el vertido, o una combinación de ellos.
También los niveles impositivos pueden variar en función del tipo de residuo, y del tipo de vertedero; y en países como Chequia, Italia, Portugal y Eslovaquia, se aplican exenciones fiscales cuando los municipios cumplen con determinadas condiciones.
Otro instrumento regulatorio asociado al vertido y utilizado frecuentemente por los Estados miembros es la prohibición de verter determinados tipos de residuos. Algunos países prohíben el vertido de residuos municipales sin tratar, residuos que superen un determinado valor de carbono orgánico o valor calorífico, residuos biodegradables, materiales reciclables o biorresiduos, entre otros. Estas restricciones se utilizan, a menudo, en combinación con los impuestos sobre los vertederos; aunque también como alternativa a ellos.
También se grava la incineración, aunque por término medio, a un nivel inferior al de los vertederos. Este instrumento económico coincide con el anterior en la variación significativa de los niveles impositivos entre Estados. Dinamarca encabeza la lista, con una media superior a 70 euros por tonelada de residuos incinerada; e Italia a la cola, con una media inferior a 5 euros por tonelada de residuo.
Sin embargo, la aplicación de impuestos sobre la incineración no puede considerarse generalizada, ya que este tributo solo existe en nueve Estados Miembros. De hecho, los cinco países de la UE con tasas de vertido más elevadas -Croacia, Grecia, Chipre, Rumanía y Malta- ni siquiera cuentan con una planta de incineración de residuos municipales.
Cabe señalar también que, en muchos países, los impuestos sobre la incineración, tienen en cuenta la valorización energética. En el caso de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España, se aplican impuestos más bajos cuando la incineración funciona para la recuperación de energía. Los tipos impositivos más altos ya no son relevantes en estos países, ya que casi toda la incineración se clasifica como valorización energética, con un 97% el Italia y el 100% en los cuatro restantes, según datos de Eurostat.
Por lo general, no se observa un patrón claro en el impacto de los impuestos a la incineración en las tasas de reciclaje, vertido e incineración: sin embargo, los impuestos más altos para la incineración sin recuperación de energía que con recuperación de energía parecen haber llevado a una eliminación gradual de la primera.
Otro instrumento eficaz son los sistemas de pago por generación de residuos o “Pay as you throw” (PAYT, por sus siglas en inglés), que pretenden animar a los ciudadanos y a otros productores de residuos a separar los residuos en origen y a generar menos residuos en general. Se trata de una herramienta de uso común en la UE, que funciona en 20 Estados miembros, siendo Chipre, Grecia, Malta, Letonia, Polonia y Portugal la excepción; y sin datos disponibles sobre Bulgaria. De los seis Estados que no utilizan un sistema PAYT, los tres primeros ya cuentan planes firmes para implantarlo.
El funcionamiento de estos sistemas, basados en el principio de “quien contamina paga” consiste en que los productores de residuos pagan por los servicios de recogida de residuos en proporción al volumen de residuos que producen; y pagan menos o nada por los materiales reciclables separados en origen. Si bien su diseño puede variar significativamente entre países, la Agencia Europea de Medio Ambiente clasifica los sistemas, a grandes rasgos, en dos grupos: avanzados y básicos. La mayoría de Estados miembros utilizan una combinación entre ambos, aunque con una cobertura de población variable.
Los sistemas de pago por generación de residuos tiene un impacto muy favorable en las tasas de reciclaje y son un indicador clave de rendimiento del control de calidad y trazabilidad de sistemas municipales de gestión de residuos.
Los sistemas avanzados ofrecen un incentivo económico directo y visible en el momento que se generan los residuos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los recolectores pesan los contenedores de residuos en el momento de la recogida y los productores pagan en función del peso; o con los sistemas con sacos, en los que los ciudadanos compran sacos de basura al municipio o proveedor de servicios. Los sistemas básicos, por el contrario, son los basados en el volumen, que dependen del tamaño del contenedor y que a veces, tienen también en cuenta la frecuencia de recogida para determinar las tasas. Estos sistemas incluyen diseños en los que los hogares pueden elegir el número o el tamaño de los contenedores para residuos municipales cuando se acuerda el contrato de servicio.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los sistemas PAYT suelen tener un impacto favorable en las tasas de reciclaje, que serán mayores cuanto mayor sea la proporción de población cubierta. También un estudio de próxima publicación, elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea incluye la prevalencia de estos sistemas como uno de varios indicadores clave de rendimiento del control de calidad y la trazabilidad de los sistemas municipales de gestión de residuos.
Junto a los instrumentos económicos, los sistemas de recogida selectiva bien diseñados para los residuos municipales son un factor clave para lograr altas tasas de reciclaje y la recogida de materiales reciclables de calidad adecuada. Para facilitar el reciclaje, la Directiva Marco de Residuos de la UE exige que al menos el papel y el cartón, los plásticos, el vidrio y los metales se recojan por separado de los residuos municipales mezclados. La recogida selectiva será obligatoria para los biorresiduos (alimentos y residuos de jardinería) a finales de 2023 y para los textiles y los residuos domésticos peligrosos a finales de 2025.
La recogida selectiva exige, por tanto, que los productores de residuos (ciudadanos, entidades públicas o privadas) separen sus residuos en origen en diferentes materiales de desecho o combinaciones que luego se recogen por separado para su posterior procesamiento. Para obtener buenos resultados, estos sistemas deben ser fácilmente accesibles y cómodos, a fin de animar a ciudadanos y productores de residuos a contribuir al reciclado. Además, los resultados de recogida mejoran con una buena comunicación e incentivos para la clasificación en origen.
La recogida selectiva de biorresiduos es crucial para alcanzar los objetivos de reciclado, al tratarse de la fracción mayoritaria dentro de los residuos municipales.
Los sistemas de recogida selectiva varían mucho de un país a otro, pero también dentro de un mismo país. Para lograr una tasa de reciclado elevada, es importante captar bien los materiales que constituyen la mayor parte de los residuos municipales. Por norma general, los biorresiduos constituyen la mayor fracción (37%), seguida del papel y el cartón, los plásticos, la madera, el vidrio, los metales, los textiles y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Al ser el mayor componente de los residuos municipales, la recogida selectiva de biorresiduos es crucial para cumplir los objetivos de reciclado. Coincidiendo con los instrumentos económicos mencionados anteriormente, los Estados miembros con mejores resultados disponen de sistemas de recogida de biorresiduos muy convenientes, mientras que los que obtienen peores resultados no los tienen.
Otra estrategia para reducir la cantidad de biorresiduos gestionados de forma centralizada es el compostaje doméstico y comunitario, que podría crear ciclos locales de materiales para los biorresiduos y beneficiarse de una orientación más sistemática en toda Europa.
Dado que la recogida selectiva de biorresiduos aún no es obligatoria en todos los Estados miembros, los sistemas actuales suelen estar menos desarrollados que los de recogida selectiva de papel y cartón, vidrio, plásticos y metales. Además, los sistemas de recogida de residuos de jardinería están actualmente mejor desarrollados que los de recogida de residuos alimentarios en toda la UE.
Sin embargo, en respuesta a la obligación de recoger los biorresiduos por separado para finales de 2023, la mayoría de los Estados miembros tienen planes para aumentar la cobertura de la población con sistemas de recogida selectiva de biorresiduos o para mejorar la eficacia de los sistemas de recogida ya implantados. Los planes más firmes en este sentido, corresponden a Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Portugal, Rumania y Eslovaquia.
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