Terrassa, ejemplo de gestión pública del agua para afrontar las situaciones provocadas por la COVID-19

La COVID-19 ha provocado una grave crisis sanitaria con repercusiones sociales y económicas que han afectado especialmente a los colectivos más desfavorecidos. Durante el confinamiento causado por la primera ola del coronavirus, el Gobierno español prohibió desconectar los suministros de energía y agua a los hogares y propuso que se aplazaran las facturas impagadas sin intereses, pero algunas ciudades fueron más allá de estas iniciativas. Los investigadores del grupo Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, Mar Satorras y Hug March —también profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC— junto con David Saurí, del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona, han analizado el caso de Terrassa, una ciudad donde la gestión del agua ha sido remunicipalizada recientemente, que bonificó con 500.000 euros la factura del agua y trató de asegurar el suministro también para las personas que no tienen acceso legal a la vivienda.

Según el nuevo trabajo, se trata de medidas excepcionales y pioneras en Cataluña y en todo el Estado, y muestran las posibilidades que ofrecen estos nuevos operadores públicos surgidos de los últimos procesos de remunicipalización para garantizar el acceso universal al agua. La investigación ha formado parte del libro Public Water and Covid-19: Dark Clouds and Silver Linings, que recopila lecciones y buenas prácticas globales en la gestión pública del agua durante los primeros meses de pandemia.

El estudio se enmarca en el debate actual sobre la necesidad de remunicipalizar los servicios públicos del agua, un debate que tiene lugar en todo el mundo, pero especialmente en España, donde el 63 % del agua está suministrado por operadores privados, y en Cataluña, donde, por ejemplo, nueve de cada diez consumidores del área metropolitana de Barcelona dependen del agua suministrada por empresas participadas por el grupo AGBAR.

«El caso de Terrassa es interesante por el hecho de que el servicio de agua se reestructuró en 2016, a raíz de un proceso de remunicipalización, y, por tanto, permite entender cómo estos nuevos servicios públicos responden a retos como la COVID-19. En este caso, nos adentramos en dos estrategias ambiciosas y llevadas a cabo por el nuevo operador público de agua, Taigua, y las estructuras que lo acompañan, como el Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), un órgano innovador de participación ciudadana diseñado para definir políticas y orientar las decisiones estratégicas que afectan al servicio municipal de abastecimiento de agua», explica Mar Satorras.

La investigación liderada por el equipo de la UOC, basada en el análisis de la documentación y en entrevistas a políticos, funcionarios y miembros de colectivos vecinales, muestra que la reacción de Terrassa ante la crisis fue más allá de las iniciativas existentes en el contexto estatal. Mientras que grandes ciudades como Sevilla, los municipios del área metropolitana de Barcelona —abastecidos por Aigües de Barcelona— o ciudades vecinas, por ejemplo Sabadell, solo ofrecieron el aplazamiento de las facturas a seis meses y la posibilidad de financiarlas sin intereses, medidas recomendadas de todos modos por la legislación nacional y regional, el gobierno local de Terrassa anunció que asignaría 500.000 euros para reducir la factura del agua durante el segundo trimestre de 2020. Estas reducciones se añadieron al descuento ofrecido por el gestor catalán del ciclo del agua, la Agencia Catalana del Agua (ACA), que redujo el 50 % del canon del agua para todos los usuarios y hasta el 100 % el de los hogares vulnerables (el llamado canon social cero).

«Es importante subrayar que la reducción del canon de la ACA se aplicó a todos los municipios, pero la bonificación del tramo variable —lo que pagamos en función del consumo— fue una respuesta muy poco extendida. Se trata, por tanto, de un esfuerzo remarcable para ofrecer agua más asequible, una iniciativa que los propios servicios técnicos atribuyen a la posibilidad de conocer de primera mano las cuentas de Taigua y por lo tanto a que sea un operador público», explica la investigadora.

Instalación de contadores gratuitos en hogares vulnerables

La segunda estrategia se puso en marcha como respuesta al cierre de fuentes públicas por motivos sanitarios, una recomendación de la Generalitat de Cataluña a todos los municipios catalanes. Esta medida afectó especialmente a los colectivos vulnerables que dependen de las fuentes para acceder al agua. Ante esta situación, municipios como Mataró, Lleida o Montcada i Reixac clausuraron las fuentes, pero las terminaron reabriendo en los barrios más vulnerables debido a la presión ciudadana. En cambio, en Terrassa se reformula en cuestión de días el programa de acceso a contadores de agua y se instalan en pleno confinamiento y de manera urgente 36 nuevos contadores de agua en hogares vulnerables. «Cada municipio tuvo una respuesta diferente al cierre de fuentes públicas, pero muy pocas ciudades tomaron medidas activas y adicionales durante esta primera ola de la pandemia para garantizar el derecho humano al agua. Solo hemos documentado medidas similares en las ciudades de Manresa y Tarragona», detalla Mar Satorras.

En esta actuación, los investigadores resaltan la importancia de la coordinación entre el operador público, los servicios técnicos del Ayuntamiento, el observatorio ciudadano (OAT) y los movimientos sociales. «La existencia de un organismo que sirve para canalizar la participación ciudadana y la motivación de los movimientos sociales, como es el Observatorio del Agua de Terrassa, probablemente ha tenido un papel crítico en la configuración de estas respuestas ambiciosas y radicales a la pandemia.»

«Además —continúa la investigadora—, esta iniciativa no se queda aquí, ya que el debate abierto durante las primeras semanas de la COVID-19 sobre los contadores de agua ha acelerado la transformación del protocolo que permitía acceder a estos contadores en casos de vulnerabilidad para que sea más ágil y efectivo.»

Buenas prácticas de más de veinte países

La gestión de Terrassa es uno de los más de veinte ejemplos internacionales recopilados en Public Water and Covid-19: Dark Clouds and Silver Linings, un libro editado por los investigadores David McDonald, Susan Spronk y Daniel Chavez, que quiere dar a conocer cómo los operadores públicos del agua han respondido a la emergencia de la COVID-19 en diferentes lugares del mundo. Esta colección internacional de casos muestra cómo estos gestores se han enfrentado a retos como dificultades para acceder a financiación o nuevas presiones de privatización en medio de la pandemia y la crisis social y económica que de ella se deriva, pero sobre todo es una recopilación de buenas prácticas surgidas en diferentes ámbitos.

A lo largo de los 28 capítulos del libro se detallan desde medidas económicas, como las aplicadas en Terrassa para ofrecer servicios de agua más asequibles y mantener a las personas conectadas al servicio, hasta el impulso de procesos de toma de decisión más democráticos o de iniciativas de educación y sensibilización pública, por ejemplo campañas dirigidas a la población infantil sobre la importancia de lavarse las manos.

El libro también describe otras acciones relevantes como la construcción de servicios de emergencia para grupos vulnerables, por ejemplo la instalación de puntos de limpieza de manos o fuentes de agua en asentamientos informales o campos de refugiados de París. Tampoco olvida medidas de carácter más organizativo, por ejemplo el impulso de los servicios en línea, ofreciendo opciones de pago no presencial, el apoyo a los trabajadores públicos con la provisión de EPI o iniciativas para intercambiar información con otros servicios públicos y otros operadores de agua a escala local, nacional e internacional.

«El libro ofrece un conjunto de prácticas innovadoras que pueden ser útiles para los servicios de agua de nuestro país y también muestra cómo los operadores públicos pueden hacer frente a la pandemia de manera efectiva y justa con prácticas progresistas que abren posibilidades de servicios de agua más democráticos, sostenibles y equitativos para el futuro, y de esta manera enlaza, pues, con el debate sobre qué modelo de gestión del agua queremos a nuestros municipios», concluye la investigadora.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 6 (Agua limpia y saneada) y 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

Esta investigación ha sido financiada por la Agencia Estatal de Investigación, programa Juan de la Cierva–Formación con la ayuda postdoctoral Juan de la Cierva (FJCI-2017-31723).