Tasa de basuras en España: qué es y qué supondrá

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado recientemente la inminente implantación de la tasa de basuras obligatoria que afectará a numerosos municipios españoles antes de abril de 2025. 

¿Qué es la tasa de basuras?

La tasa de basuras es un tributo específico con el cual los servicios municipales cubren los costes asociados a la recogida de residuos urbanos. Actualmente, no todos los municipios cuentan con una tasa específica para este fin, y algunos han optado por sufragarlo mediante otros impuestos como el IBI. Sin embargo, los ayuntamientos que no tienen una tasa de basuras estarán obligados a implantarla antes de abril de 2025, mientras que aquellos que ya cuentan con ella deberán revisarla y ajustarla, lo que posiblemente implicará un aumento en el importe.  La tasa de basuras está pensada para contribuir a cumplir con los objetivos de la Unión Europea, que exigen alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, incrementándose este objetivo al 65% para 2035.

"Crónica de una tasa anunciada"

La OCU recuerda que la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció un plazo de tres años para que todas las entidades locales fijaran una tasa o su equivalente. El objetivo es que esta tasa permita la implementación de sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de la gestión de residuos, incluyendo actividades como la recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas de concienciación. El plazo para establecer esta tasa culmina el 8 de abril de 2025, y a partir de entonces los ayuntamientos de más de 5,000 habitantes deberán tener implantada una tasa específica: algunos deberán crear esa tasa; y otros, deberán revisar valorar si con los importes actuales cubren los costes reales y, si no es así, deberán modificar la tasa para cumplir con esa norma.

¿Cuánto se paga por la tasa de basuras?

La OCU revisó las tasas de basuras en España en 2022 y detectó grandes diferencias de precio entre municipios; además, constató que en algunas ciudades, incluso con tasas elevadas, la recaudación no alcanzaba para cubrir el coste real del servicio de gestión de residuos.

¿Pagará el consumidor más que antes?

La tasa de basura deberá contemplar modos de fomentar la recogida separada de residuos y su reciclaje. ¿Supondrá que el consumidor debe pagar más? No tendría que ser así porque, aunque haya que ajustar las cuentas para que la tasa cubra efectivamente todos los gastos ligados a la recogida y tratamiento de residuos del municipio, en teoría eso se está pagando: los ayuntamientos ya ofrecen los servicios y recaudan impuestos para cubrir estos gastos.

Para la OCU, cualquier incremento de la tasa debería estar acompañada de una rebaja en tributos y en especial del IBI. Si los ayuntamientos no lo hacen así, deberán justificarlo indicando qué nuevos servicios (no relacionados con las gestión de residuos que esos ya están incluidos en la tasa) van a ofrecer a sus ciudadanos.

Una tasa “personalizada”

Hasta ahora, allí donde existía, la tasa se calcula en función de varios criterios: el valor catastral, la superficie del inmueble, el número de ocupantes o el consumo de agua.

La norma contempla la posibilidad de incluir criterios para personalizar la cuantía de la tasa, basados en el principio de “quien contamina, paga”. Por lo tanto, el importe podría ser diferente a la hora de pagar la tasa si en nuestra localidad es un importe fijo para todos los consumidores, o si varía en función de la calle en la que se encuentra la vivienda, o si hay tarifas diferentes para los usuarios según como separen las basuras. Por ejemplo, los usuarios que separen correctamente sus residuos, vayan al punto limpio o participen en programas de compostaje, puedan beneficiarse de reducciones en la tasa: que paguen menos los que generen menos residuos o los separen mejor, incentivará un comportamiento más sostenible.

También está previsto que se apliquen tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social. Estas tarifas especiales, cuando existen, suelen tener en cuenta los ingresos, o la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad...) o incluso la ubicación de la vivienda.

¿Paga el propietario o el inquilino?

Siguiendo el mismo principio de “quien contamina paga”, la tasa tendrá que ser pagada por el productor de los residuos. La Ley de Haciendas Locales dice que el sujeto pasivo de la tasa es quien resulte beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, es decir, el ocupante de la vivienda o local. Por tanto, la paga en principio el inquilino aunque el propietario del inmueble es sustituto en cuanto a la obligación del pago, y puede repercutir la cuota en el beneficiario. Para evitar problemas conviene precisar expresamente en los contratos de alquiler que es el inquilino quien se hace cargo de esta tasa.

Sostenible, sí. Realista y justo también

En cualquier caso, desde OCU insisten en que es fundamental que el modelo que adopten las entidades locales no solo sea efectivo en la reducción de residuos, sino que también sea cómodo para los usuarios, que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos.

También es importante que sea justo. La tasa debería estar lo más individualizada posible, evitando que se calcule de manera generalizada por barrios, pues podrían suceder que quienes reciclan correctamente se vieran perjudicados por el comportamiento de quienes no lo hacen,  pues est sería contraproducente y desincentivaría las buenas prácticas en los hogares.