El sector porcino y de tratamientos de purines exigen soluciones que eviten el cierre de plantas ante el nuevo RD sobre renovables

El sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), quieren poner de manifiesto el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40%.

La propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.

Si se confirma la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013.

El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.

Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de 2,5 millones de toneladas anuales de residuos que, de no ser tratados, conllevan un importante impacto medioambiental, cifrado en 700.000 toneladas de CO2.

En el Real Decreto 661/2007, la Administración del Estado estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía durante los 15 primeros años. Al amparo de estas cifras, el sector porcino apostó por el sistema de procesamiento de purines y se acometieron las inversiones industriales oportunas. Cuando aún no ha transcurrido la mitad de este periodo, en el mejor de los casos, se pretende aplicar un cambio normativo que pone en grave riesgo la continuidad de estas explotaciones.

No se debe olvidar que el sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, un referente para la economía española que representa más del 14% del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos, y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales. Todos estos logros corren peligro si no se asegura la continuidad del sistema de gestión actual.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigimos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas.