Preservar los contratos reservados: una necesidad en la nueva regulación de residuos

El desafío de alcanzar una sostenibilidad ambiental, económica y social en nuestras sociedades es hoy de una magnitud sin precedentes. La complejidad de este reto hace necesaria la cooperación entre administraciones públicas, empresas y ciudadanía, no solo a nivel local y estatal, sino también en el ámbito regional y global. En Europa, la legislación está avanzando para impulsar una economía circular y sostenible, a través de un conjunto de normativas que ya se conoce como un “tsunami regulatorio”. Este marco legislativo está enfocado a transformar los actuales modelos de producción, distribución y consumo, con el fin último de luchar contra el cambio climático y, en breve, comenzará a materializarse en normativas de ámbito nacional y autonómico. Estamos, por tanto, en un momento propicio para establecer las bases legales que propicien el desarrollo sostenible a nivel estatal.

La contratación reservada a empresas de inserción en la gestión de residuos representa una herramienta de inclusión social fundamental.

Una de las respuestas clave para compensar las externalidades negativas —sociales, económicas y ambientales— que generan muchas actividades del mercado, es mediante políticas públicas sólidas. Dentro de estas políticas, la contratación reservada a empresas de inserción en la gestión de residuos representa una herramienta de inclusión social fundamental. Este enfoque permite que personas en riesgo de exclusión social encuentren oportunidades de empleo a través de empresas de inserción, como Koopera, una entidad que acumula 34 años de experiencia y está presente en 9 provincias españolas y en más de 500 municipios. En estas empresas, los empleados son acompañados en un itinerario personalizado de inserción laboral, con el apoyo de especialistas en educación e integración social, y técnicos de producción. Este proceso les permite desarrollar sus habilidades y mejorar su empleabilidad a lo largo de un período de hasta tres años.

La actividad que desarrollan las empresas de inserción tiene un papel tan vital para el bienestar social que, junto a los centros especiales de empleo de iniciativa social, han sido declaradas prestadoras de servicios de interés económico general (artículo 5.4 de la Ley 5/2011 de Economía Social). Esta categoría, que no poseen otras entidades de la economía social, justifica ciertas excepciones en los procesos de contratación pública. Por ejemplo, la disposición adicional 19ª de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados establece que, al menos el 50% del valor de adjudicación de los contratos públicos para la recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles, debe ser licitado únicamente para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, debidamente autorizados.

La denominada contratación pública estratégica está siendo impulsada por la Unión Europea y representa una medida regulatoria clave para promover la sostenibilidad en la gestión de residuos. Esta estrategia se articula junto con otras medidas económicas basadas en el principio de “quien contamina, paga”, incluyendo el pago de tasas por vertidos y residuos, así como la responsabilidad ampliada de los productores. En el caso de los contratos reservados para empresas de inserción en la gestión de residuos textiles y voluminosos, la aplicación de este principio requiere un presupuesto que contemple tanto los costes directos como los indirectos asociados a la prestación del servicio público de recogida de estos materiales (artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Además, las entidades locales están obligadas a establecer adecuadamente las tasas de residuos y vertidos. Igualmente, los convenios con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores de textiles y muebles deben asegurar una compensación financiera que cubra todos los costes de gestión pública de estos residuos, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El desarrollo reglamentario de la Ley 7/2022 será decisivo para concretar los aspectos relacionados con la gestión de residuos textiles y voluminosos y asegurar la aplicación de la contratación reservada a empresas de inserción en las licitaciones que lleven a cabo los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). La colaboración de todos los agentes implicados en el proceso —administraciones públicas, empresas de inserción, SCRAP y ciudadanía— es fundamental en este momento para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Solo mediante un compromiso conjunto lograremos que la contratación pública no solo responda a criterios ambientales, sino también a un propósito social que beneficie a los sectores más vulnerables y fomente la economía circular.